Este país parece destinado a mantenerse aprisionado por la corrupción estatal, aplastado por la venalidad dominante en los negocios públicos, por la inmoralidad de funcionarios y empresarios, y por la voracidad de los políticos.   

Hace algunos años, el mito que se instaló en la opinión pública era el que un gobierno de izquierda acabaría de un golpe con el mal mayor que enferma a este país desde los tiempos de las dictaduras de derecha que padecimos a partir de 1947. Ahora tenemos administrando el Estado a un gobierno que se define a sí mismo como de izquierda, y dentro de él a muchos que se dicen castristas, “bolivarianos”, pretendiendo ser “radicales”.   

Puro engaño. La corrupción en su sistema, forma, estilo y resultados sigue tan campante bajo este régimen como en los anteriores. La explicación de esta situación radica en esto: los actuales consideran que lo primero que deben hacer es formar un partido de izquierda institucionalmente fuerte y competitivo, y como no tienen dinero propio ni el gorila Hugo Chávez les envía suficientes “maletines”, no tienen otro camino que meter la mano en la lata estatal, es decir, otra vez en el bolsillo del pueblo.   

 

Y así, los voceros del izquierdismo gobernante lanzan sus petardos contra cualquier institución que no esté en sus manos o funcionario que no sea uno de ellos, haciendo un gran ruido por casos de corrupción, mientras mantienen un hermético silencio sobre los que pueden afectarles.   

 

Por ejemplo, nada dijeron sobre la manipulación que venía –¿venía?– haciendo la Secretaría de Acción Social (SAS) con los aportes para los pobres, que fue denunciada por los medios de prensa, o sobre las sobrefacturaciones en Puertos, o sobre la rampante corrupción que continúa en la INC, o sobre el nepotismo que sigue imperando en el gobierno (el propio presidente Lugo ubicó a 16 parientes), o sobre el intento de compra de las tierras de Teixeira a precio sobrefacturado, y otros casos más.   

 

Sobre el tema, el referente del radicalismo de estilo “bolivariano” caviar, Camilo Soares, acaba de expresar su hipócrita preocupación acerca de cuánto se va a incrementar la corrupción en el país si en los comicios de 2013 ganara un determinado aspirante colorado a la Presidencia de la República.   

 

Sin embargo, este exponente de la izquierda criolla en el Gobierno parece olvidar de sus propios negocios con la desalinizadora chaqueña que están siendo investigados por la justicia, de las sobrefacturaciones, de los viáticos de viaje fraudulentos y algunas perlas más que adornan su gestión en el actual gobierno. ¿Es esta una forma de corrupción mejor que la que teníamos anteriormente solo porque la practican militantes de la izquierda? ¿O es exactamente la misma, con idéntica capacidad destructiva para los intereses nacionales? La respuesta es tan obvia que no merece expresarse.   

 

El señor Soares es, de todos los allegados a Fernando Lugo, el que más se publicita, buscando en los medios de prensa su promoción personal con obvia finalidad proselitista. Justamente él, que tiene un montón de “fatos” de su administración que aclarar a la justicia, se proclama ahora el campeón de la moralidad en la función pública. Se dice preocupado porque el posible candidato del Partido Colorado tiene mala fama personal en los negocios y, de ganar las elecciones, de que conduzca al país por esa misma senda.   

 

Pero ¿qué más corrupción podría incorporar al sistema público un nuevo gobernante, sea este un colorado de derecha o un bolivariano de izquierda? Desde el año 2008 conocemos ambas manos; la ciudadanía vio pasar gobernantes y funcionarios, dirigentes y seguidores de las dos tendencias, y comprobó cómo ambos descaradamente se sirven de los mismos resortes ilícitos del poder para enriquecerse y buscar hacerse políticamente más fuertes.   

 

No se afirma aquí que todos los que están trabajando en el gobierno de Lugo sean venales; ni siquiera que los que hay ahora lo sean tanto como los que teníamos antes; pero el dato esencial no es este, sino la decepción que produce saber que el vicio no es monopolio de un partido y de una tendencia, pues, viendo la actual situación, la gente tiende a pensar que la corrupción es un mal insanable, que es igual bajo una dictadura que bajo una democracia, y que la izquierda y la derecha, cuando se trata de capturar e incrementar el poder político y amasar fortunas económicas, se comportan como hermanos gemelos.   

 

¿Dónde entonces hay que ir a buscar a gente honesta, capaz y laboriosa para rogarle que administre el país? De seguro, ni en la llamada “derecha”, ni en la promocionada y decepcionante “izquierda”, sino en personas consideradas por sus méritos y cualidades, que estén ya demostradas en la experiencia y fuera de toda sospecha. Sin mirar a su ideología o posición política personal, la ciudadanía, a través de los medios de comunicación, tiene que identificar y escoger a esas personas, y olvidarse de que las va a encontrar en un solo partido, movimiento o doctrina.   

 

No se puede seguir aceptando más engaños pueriles y desengaños terribles con las derechas y las izquierdas.   

 

Está en las manos de cada ciudadano cambiar las cosas, dirigiendo su voto hacia el candidato que, por sus antecedentes, cree que dirigirá mejor, con honestidad y firmeza, al Paraguay, y rechazando a cualquiera que con cantos de sirena se presente a sí mismo como el futuro salvador de la patria, sea de izquierda o de derecha.

http://www.abc.com.py/nota/corrupcion-de-izquierda-o-de-derecha-angustiante-disyuntiva-del-paraguay-5235/

 

 

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Alberto Vargas Peña

La evidencia triste y desesperanzadora

La única forma de cambiar el sistema electoral, para mejorarlo y entregar al elector las facultades que le han sido sustraídas, es eliminar, derogar la cláusula establecida en el final del Art 118 de la Constitución.



Con la ausencia, acordada, de los diputados, su Cámara quedó sin quórum y el proyecto de ley de “inscripción automática” que buscaba poner fin al monopolio de los partidos políticos en el sistema electoral mediante la acción legal, tocó a su fin, sin discusión. Liberales, colorados y oviedistas, abandonaron el recinto, sin explicación alguna, con lo que el estudio del proyecto, que venía generando esperanzas para quienes quieren eliminar las listas sábana, murió de muerte súbita.

Esto demuestra, a las claras, las disposición de los partidos políticos a mantener una situación que el pueblo rechaza y quiere cambiar. Esto justifica mi postura de exigir una reforma constitucional para resolver el problema, y deja ver el nivel de rechazo de los partidos al cambio.

Ninguno de los diputados que dejó la Cámara sin quórum se acordó de su propio discurso que hablaba del apoyo al proyecto de ley. Simplemente obedecieron las órdenes de sus dirigentes y se marcharon. Esa actitud será la misma en otros y la de los partidos se evidencia como una oposición tenaz a la reforma constitucional.

Se puede afirmar hoy que las cosas seguirán como hasta ahora. Y este campo alcanza a las demandas de inconstitucionalidad, respaldadas por la evidencia pero cuyo manejo cae en manos de los partidos.

Salvo que ocurran sucesos extraordinarios se puede afirmar que las próximas elecciones serán llevadas como hasta ahora, con listas sábana, llenadas por los partidos políticos con candidatos que no son tolerados por el pueblo.

No caigo en la trampa tendida por los senadores, quienes prometen que en quince días más estará tratando el proyecto de ley de desbloqueo de las listas. No lo harán y si lo hacen no tendrá la menor importancia. Mientras permanezca la cláusula constitucional que impone el sistema de representación proporcional habrá que sufrir las listas sábana y todas sus otras deplorables consecuencias.

La única forma de cambiar el sistema electoral, para mejorarlo y entregar al elector las facultades que le han sido sustraídas, es eliminar, derogar la cláusula establecida en el final del Art 118 de la Constitución.

La conducta de los partidos ha quedado evidenciada, sin duda alguna, por la actitud asumida en la Cámara de Diputados. No hay un solo legislador independiente, ni uno solo que se atreva asumir una postura favorable al pueblo. Todos, sin excepción, cumplen órdenes de sus patrones reales: Las direcciones de sus partidos políticos.

Una votación uninominal llevaría a los candidatos preferidos por los pueblos. Los partidos quedarían eliminados, al margen del proceso. El Congreso presentaría un aspecto diferente y el Art 201 de la Constitución sería cumplido como se debe. Hoy, es letra muerta.

“Los senadores y diputados no estarán sujetos a mandatos imperativos”. Mientras los partidos integren las Cámaras, es un mito creer que esta norma será efectiva.

El Congreso necesita, imperiosamente, que esta cláusula rija en realidad. En el Paraguay no rige porque los senadores y diputados obedecen a los partidos a los que pertenecen y no al pueblo, al que deberían representar.

Fecha: 21/03/2011 11:29.


Eratostenes

Este sistema de gobierno se llama partidocracia. El estado es un gran negocio para los partidos: las campañas les salen gratis pues usan los recursos del estado (subsidios), el estado paga los salarios de sus operadores.. La iniciativa no vendrá de ellos mismos, porque nadie patea su propia olla.

Además de que no les cuesta nada alcanzar el poder, tienen muchos beneficios: privilegios (fueros) contrataciones con el estado, nepotismo, cargos con jugosos salarios y extras..etc...Todo gratis y máximo beneficio.. Así que, por qué ellos mismos querrían cambiar el estado de cosas si no les conviene?

Pero cuánto cuesta al Estado mantener a los políticos? Además de salarios y beneficios de los parlamentarios, quienes se ocupan de nimiedades para justificar su presencia, están los recursos de "royalties" de binacionales que mensualmente se transfieren a gobernaciones y municipios del país, transferencias a ONGs...millones de dólares al año y no se observa ningún progreso. Le parece que ellos mismos van a tomar la iniciativa para cambiar el sistema jurídico que crearon a su medida para su propio beneficio?

U$ 625 millones en "royalties" a gobernaciones y municipios en 4 años. (La Nacion 16/03/11). Sólo en 2010 los municipios recibieron U$ 80 millones (hacienda.gov.py). Los informes de la Contraloría General de la República son lapidarios en cuanto a la malversación de tales recursos y la fiscalía no investiga y mucho menos procesa a los intendentes denunciados. Es fácil presumir que la mayor parte de estos recursos se destinan también a financiar campañas electorales y negocios de los políticos. Así las cosas, está difícil el cambio..

Fecha: 21/03/2011 11:30.


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