PLANIFICADA CONSTRUCCIÓN DE LA DESESTABILIZACIÓN
- Carlos Amir González
Quién se asome a la situación paraguaya y mire aunque más no sea a “vuelo de pájaro” sus cifras y realidad en lo económico y social, se percatará que aquí se vive o sobrevive desde hace décadas en forma casi milagrosa. Por supuesto que como siempre en nuestras historias latinoamericanas, en lo que hace referencia mayormente a los sectores populares.
El Paraguay en lo que hace a cifras de Desarrollo Humano según medición de Naciones Unidas, está segundo después de Haití, donde la situación es tan terrible que la gente compra y come “galletas de barro”, y donde después de muchas catástrofes climatológicas, queda solo el 3% de las tierras cultivables. Lo paradójico para que el Paraguay ocupe este segundo lugar después de Haití, es que el mismo tiene superabundancia de tierras cultivables, clima favorable para la producción agrícola, recursos naturales y energéticos imponderables, los recursos humanos son jóvenes y saludables aunque su déficit está en su bajo nivel educativo – profesional – y de oficios.
Se ubica a un 53 % de analfabetos funcionales, que en sus posibilidades restringidas para leer un texto pero no poder interpretarlo, no contribuyen en mucho al desarrollo productivo y cultural que el país requiere. De todas maneras la tradición oral en el intercambio, cubre estos déficits, así me lo relataba un ingeniero de planta industrial argentino, que hablaba el guaraní fluidamente, necesidad devenida de intercambiar con sus operarios de nociones productivas aprendidas en la “práctica cotidiana”.
El problema de la falta de Desarrollo Humano en el Paraguay no deviene de la falta de Recursos Materiales y Humanos, viene de la imposición de un Modelo Productivo Agrícola y Ganadero, que hace que en una nación inmensamente rica por sus recursos, habite una población tremendamente empobrecida.
Existe también un saqueo histórico de bienes y recursos paraguayos que podrían haber servido a su propio desarrollo interno, pero se fueron del país para el desarrollo de dos grandes vecinos como Argentina y Brasil. Los bosques de “maderas ricas” han sido devastados en más del 90 %, para convertidos en enormes rollos cargados en camiones pasar la frontera rumbo al Brasil, o en enormes jangadas rumbo al Río de la Plata.
No menos latrocinio significan los términos de los acuerdos para construir las hidroeléctricas de Itaipú y Yacyretá. El caso de Itaipú que es la que funciona hace más tiempo, perteneciendo el 50% de la energía producida a Brasil, y el 50 % a Paraguay, Brasil se lleva el 95 % de lo producido a cambio de unas migajas económicas para el Paraguay, el cual además tiene la prohibición de negociar su propia energía con otros países de la región, Brasil tiene la exclusividad y el monopolio de esta comercialización.
Como si esto fuese poco, en lo que hace a Brasil, el mismo a partir de los años 60, comenzó un proceso de expansión de su “frontera verde” y mediante colonos brasileños que compraban tierras en el Paraguay, realizó un proceso de reforma agraria “en territorio ajeno” que hoy tiene a más de 500.000 personas, entre ciudadanos brasileños y los llamados “brasiguayos” que son los nacidos en Paraguay, pero que integran familias de origen brasileño. No solo hay regiones donde prácticamente se habla en portugués, sino que intendentes que son brasileños. Si esto no es una forma de “neocolonialismo”, no se como llamarlo.
Setenta años de gobiernos y dictadura colorados cimentaron el modelo económico y social
El Paraguay es el cuarto productor y exportador de soja a nivel internacional. Y es también hoy día uno de los importantes productores y exportadores de carne de la región, con un importante desarrollo de la industria láctea y de la industria frigorífica.
Esto hace que la presencia de las transnacionales del agronegocio, de capitales financieros, se establezcan en el territorio nacional para proseguir el saqueo sobre “nuevas formas”. La banca privada extranjera en el 2008, envió al exterior en concepto de ganancias, 200 millones de dólares (lo legalmente declarado). Las empresas de telefonía móvil enviaron 500 millones de dólares al exterior. A eso se le suma la existencia aun en lo comercial de la “triangulación”, el Paraguay importa en apariencia millones de mercaderías subvaluadas que jamás llegan a su mercado interno, o si lo hacen es en forma muy fugaz, para perderse rápidamente allende la frontera. Hace no mucho me enteraba que éramos importadores de 300 millones de prendas chinas ¡!!!
Pese a esta gran movida de capitales y enriquecimiento de los sectores sojeros, del agronegocio exportador, de los ganaderos, de los industriales frigoríficos, de los exportadores e importadores de carne, del capital financiero con la rosca comercial importadora y exportadora, esto tiene una contratara trágica.
El 50 % de la población vive por debajo de la línea de pobreza, y en el medio rural se repite la cifra del 50 % para hablar de desocupación, en el medio urbano esta cifra es del 35 %. En materia de indigencia, en este rico país en materia de producción de alimentos, la cifra es indignante – casi 1.500.000 de habitantes, con todas las secuelas de desnutrición y enfermedades, perfectamente evitables en este país si hubiese voluntad política como para hacerlo.
Pero no, la misma no ha existido, por lo contrario en siete décadas de ejercicio del poder el Partido Colorado no ha hecho otra cosa que “enriquecer” a una oligarquía que se fue conformando de varias vertientes pero con un elevado componente mafioso (narcotraficantes), triangulación comercial con naciones piratas y de dictaduras, “los barones de Itaipú” negociaron los recursos propios del pueblo para su individual enriquecimiento, mediante un perverso proceso de un Instituto de Bienestar Rural cedieron 12 millones de hectáreas a precio de “banana verde” a extranjeros y peores nacionales, en fin un proceso que asentó un modelo económico y social, solamente sustentable para un 5 % de la población que lanza algunas migajas de empleo y bajísimos salarios, a quienes les producen y administran sus riquezas.
Ni en el Estado Paraguayo se paga a los trabajadores el Salario Mínimo Nacional, el 40 % de los trabajadores estatales ganan por debajo del mínimo nacional, el estado comete con sus trabajadores actos de ilegalidad, ni que hablar de los contratos “basura” de los cuales está minada la Administración Pública. Existen más de 400 categorías…mal ejemplo que se extiende a la actividad privada donde las patronales juegan a su antojo con los trabajadores, frente a un escaso grado de organización sindical.
El retorno de los brujos
Frente a este estado de cosas en lo económico y social, con un modelo económico que vuelca la balanza hacia la acumulación de riquezas en manos de las familias anteriormente señaladas y que lo vienen haciendo desde las últimas décadas del siglo XIX, no es nada fácil en el Paraguay llevar a la fosa de la historia al Anciano Régimen.
La Alianza Patriótica para el Cambio (APC) que ganó las elecciones el pasado 20 de abril del 2008 y que asumió la gestión del gobierno a partir del 15 de agosto del mismo año, a un mes de hacerlo ya tuvo que vérselas con una reunión conspiraticia con bastante tufo a “golpe de estado”. Inclusive la misma lleva en su seno a un partido como el Partido Liberal Radical Auténtico, donde existen sectores – como el del mismo vice-presidente Federico Franco – que alientan el juicio político al presidente Fernando Lugo.
No deben extrañar en el PLRA estas actitudes políticas en hombres o grupos que lo componen, ya existen antecedentes de apoyo a la Dictadura de Alfredo Stroessner, y en los últimos tiempos la “unidad libero-oviedista” que es la unidad con las huestes del general Lino César Oviedo, uno de los tantos militares fascistas golpìstas que ha parido la tragedia latinoamericana. A estas intenciones se suman las de un Partido Colorado, que luego de décadas de poder, se lame las heridas de la derrota popular sufrida, en una obligada llanura.
De parte del gobierno la proclamación y la enunciación de un gobierno apuntando a las cambios que hace décadas demandan millones de paraguayos; ha quedado meramente en eso, enunciación y proclamación. Son solo catorce meses “es la defensa argumental, estamos haciendo experiencia en la gestión del Estado” es otra, creo que ninguna es de recibo. Y van apareciendo cuestiones en importantes referentes del gobierno, que son preocupantes, porque se parecen en mucho “a conductas” de los que se fueron (¿?).
La inoperancia, la ineptitud, el nepotismo, el arribismo, la improvisación, la soberbia, el infantilismo político…y algunos niveles de corrupción también concurren a las fragilidades y falta de fortaleza de este gobierno, que entre otras cosas también prometió que comenzaba el verdadero tránsito a la democracia…¿ cuál ?
Si las fuerzas coligadas del Anciano Régimen, se posicionan bajo el instrumento que sea en el gobierno del Paraguay, retrocederemos mucho sin lugar a dudas…
¿ De dónde saldrá el martillo verdugo de esta condena (cadena) ?…se preguntaba el poeta español Miguel Hernández…
Ojalá que el pueblo paraguayo pueda en forma organizada blandir el martillo que avente estos viejos males, sino como decía el poeta paraguayo Roa Bastos…” el infortunio se volverá a enseñorear en el Paraguay”.
* Carlos Amir González es periodista uruguayo radicado en Paraguay.
Rebelión ha publicado este artículo a petición expresa del autor, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.
2 comentarios
Anónimo -
Miguel Armoa ⋅ Noviembre 17, 2009 ⋅
Los sectores productivos, sus medios y representantes parlamentarios desatan una guerra sin cuartel contra el Indert y sus proyectos de reforma agraria. Una sistemática campaña desinformativa busca truncar el proyecto de colonia modelo en la estancia Kurusu, propiedad del brasileño Ulises Teixeira. El Estado es condenado por la gran prensa de intento de estafa, pese a que los argumentos carecen de sustento técnico. Los documentos y las evidencias dejan entrever una campaña de manipulación.
La sala de recepción del gabinete está repleta. Agrónomos, funcionarios públicos y campesinos van y vienen, algunos esperan ser recibidos. La secretaria los observa cada tanto desde su escritorio, mientras trabaja en el monto de papeles que la rodea. Del otro lado de la puerta que la enfrenta, tratando de contener telefonazos y requerimientos, se encuentra un viejo conocido de las organizaciones campesinas, desde sus tiempos de representante de la Plenaria Popular Permanente y de sus largos años de trabajo atendiendo casos judiciales de campesinos desde la precaria oficina de su ONG sobre la calle Estrella: Alberto Rafael Alderete Prieto.
Aunque era impensable imaginarlo en gobiernos anteriores, Alderete es hoy presidente del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert). Tiene ahora la difícil responsabilidad de encabezar y ejecutar a través del Indert una reforma agraria postergada por más de 100 años. Tomè el cargo queriendo liderar un consenso de los distintos sectores involucrados en el ámbito rural, el parlamento, el poder judicial, para iniciar una reforma agraria, señala ante nuestra consulta; y agrega que pese a la resistencia de cierto sector del Parlamento, del Poder Judicial, de la ARP y de los sojeros, la reforma agraria es viable, posible y necesaria para el desarrollo del campesinado y del país. De otra forma, según el mismo, será difícil la convivencia armónica en el campo, entre los grandes productores y las familias campesinas, pues los conflictos aumentarán.
Guerra a la reforma
La guerra se declaró abierta con la caza de brujas en el Parlamento. Alberto Alderete fue interpelado y sus respuestas no convencieron. La baja ejecución presupuestaria de su gestión sería la acusación más contundente, si bien, en la interpelación y mediante solicitadas en los medios, se aclaró documentadamente que las ejecuciones estaban programadas para finales de año, por motivos externos a la institución, incluso habiendo una mayor ejecución que el año pasado, en el misma fecha.
Al coro parlamentario, le seguirían los representantes de los sectores productivos: Héctor Cristaldo (Unión de Gremios de la Producción) y Tito Núñez (Asociación Rural del Paraguay) no tardarían en pedir la cabeza de Alderete.
Tomando como punta de lanza el caso de Ulises Teixeira, se sumó luego la caballería mediática, tratando de cercar el terreno. Aldo Zuccolillo (ABC Color), y por consiguiente los demás medios que siguen su agenda, iniciaron una sistemática y dura campaña denunciando un intento de estafa al Estado Paraguayo.
El obsesivo ojo de ABC hurgó debajo de cada alfombra en busca de suciedad. Zuccolillo extendió en la tabla a uno de sus alfiles para el ataque: Marcos Velázquez fue el encargado de investigar el caso. Velázquez es el recordado protagonista de la polémica grabación de su ex colega Kike Dávalos, quien sin saber que era grabado acusó a su entonces colega de ABC de recibir sumas de dinero de entes estatales durante el gobierno anterior por su trabajo periodístico.
Primero saltó el negociado de los 20 millones de dólares que saldría de la compra de las tierras del empresario brasilero Ulises Teixeira. Luego saltó una supuesta resolución donde el Indert aprobaba la compra de las tierras e incluso definía la forma de pago, contra toda práctica habitual, pasando por alto la ley de contrataciones. Le seguiría la carta de intención firmada el año pasado por Lugo, Teixeira y los dirigentes campesinos, donde supuestamente se comprometía el Estado a la compra de las tierras por 30 millones de dólares, coincidentemente el mismo costo que arrojó el tasador del MOPC. Luego se denunciaría que el tasador es empleado de Alderete, que se iban a talar 15 mil hectáreas de bosque en contra de la ley de deforestación cero, que los campesinos solo querían los rollos, que un dirigente de Patria Libre estaba involucrado en el negocio, que otro estaba denunciado por estafa, que Lugo es viejo amigo de Teixeira, que las tierras no son aptas para el cultivo, que el proyecto es inviable, que hay ofertas mejores de tierra, más económicas como las de Adberrada Yambay Y la lista sigue.
Las carpas siguen esperando
La primavera obsequia unos floridos 40 grados de calor. Un grupo de campesinos, acompañados de sus gallinas y chanchos, se resguardan en unas cien carpas desperdigadas por el lindero de la estancia Paso Kurusú del empresario brasileño Ulises Teixeira, en el distrito de Santa Rosa del Aguaray, San Pedro. Esperan.
Esta espera tiene una larga historia. Empezó con un encuentro de sin-tierras de la zona en abril del 2007, cuando se dieron a conocer las intenciones de Ulises Teixeira de introducir el cultivo de soja y caña de azúcar en sus tierras, lo que implicaría una gran deforestación, y la fumigación permanente de las comunidades aledañas según los mismos. Entonces surgió una fuerte campaña contra dicho proyecto, que motivo diversos conflictos. Finalmente Teixeira decidió entablar diálogo con los campesinos y ofertar sus tierras al Estado. Esto culminó con la firma de la famosa carta de intención del 25 de octubre de 2008, donde el brasileño pedía 30 millones de dólares por sus tierras.
Este grupo ha sido elegido para ser beneficiario de un modelo de asentamiento colonial agrícola que el Indert pretende desarrollar en la zona, y que busca romper el abordaje histórico, equivocado, del problema de la tierra en Paraguay. El proyecto pretende lograr las condiciones necesarias para el arraigo de unas 2000 familias.
En las 22.000 hectáreas que se extienden en los departamentos de San Pedro y Amambay, la colonia contaría con zonas rurales, urbanas y de reservas boscosas. En el sector urbano se ubicarán las viviendas, los principales servicios públicos (escuela, centro de salud, parques, etc.) y también se instalarían pequeñas industrias donde se procesarán productos del asentamiento, a fin de incrementar las fuentes de trabajo. En el sector rural se trabajará la producción agropecuaria y forestal, teniendo en consideración los cuidados ambientales. La colonia tendrá una organización cooperativa, con énfasis en la soberanía y seguridad alimentaria, es decir privilegiando el consumo y el mercado interno. Todo esto bajo el asesoramiento técnico y contando con las herramientas tecnológicas necesarias. Alderete afirma que eligieron este sitio para desarrollar su proyecto debido a que era una zona de constante conflicto social, de manera que cubriendo esta demanda se puedan terminar con las ocupaciones de la zona.
Un castillo de naipes
Ignorando la presunción de inocencia y sin modestia alguna, ABC se jacta de haber detenido el fraude más grande de la historia. Sin embargo, investigando un poco, ese castillo de naipes cae fácilmente.
La resolución que hace mención ABC corresponde a un paso administrativo previo al proceso de contratación realizado en cualquier adquisición, donde se formula la contraoferta y la forma de pago según administraciones anteriores. El proceso de compra no toma curso legal hasta que el titular del INDERT dicte una resolución que acredita el supuesto de excepción, figura legal alternativa al proceso de licitación. Hasta entonces, no existe obligación de dar conocimiento a la Dirección de Contrataciones. Esto ha sido aclarado incluso en conferencia de prensa por el presidente de la Dirección de Contrataciones. Sin embargo, sigue usándose como argumento.
De dicha resolución, salió el precio de 31,6 millones de dólares (IVA Incluido) que se afirma iba a pagarse a Texeira, lo cual aún no se había concretado debido a que se encontraba en proceso de negociación. Se fijó el monto en base a un avalúo, una tasación técnica realizada por el ingeniero Lázaro Sanabria Luizzi, contratado por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, como dicta la ley. Sanabria es un jubilado del Indert, cobró en agosto de este año un remanente de un trabajo realizado como contratado, de lo que se tomó ABC Color para titular falsamente que es empleado de Alderete.
Entre otras referencias, el técnico tomó una investigación de Armando Rivarola (06/08/08) publicado en el mismo diario donde se indica una tabla de valores de tierras estatales distribuidas durante la transición que da un promedio de 1503* dólares la hectárea en San Pedro, es decir unos 83 dólares más de la contraoferta a Teixeira (1420 dol. /h), que ABC sentencia como una estafa contradiciéndose a sí misma.
El brasileño pagó por sus tierras 11 millones de dólares (500 dol./H), de lo que Abc se toma para demostrar la sobrefacturación, sin tener en cuenta las mejoras en infraestructura implementadas (7.771.615 dólares) y la expansiòn de la agricultura mecanizada en la zona, dos elementos que eleva el precio de las tierras de Texeira. Aun así, el costo de las tierras es bastante difícil de establecer, ya que por lo general en este tipo de transacciones casi siempre el costo real se disminuye para pagar menos impuestos, además de que Teixeira tiene el derecho de solicitar por sus tierras el precio que quiera dentro del libre mercado de oferta-demanda.
Las negociaciones con Teixeira fueron mucho más complejas de lo que se quiere hacer creer, pues hubo cambio de pareceres en los precios en distintas ocasiones. En la carta de intención firmada con Lugo, que no tiene validez jurídica, el empresario solicita 30 millones de dólares (1362 dol./h), mientras que en la última oferta solicitó 42.900.000 dólares (1950 dol./h), a lo que el Indert contra ofertó 31.240.000 dólares(1420 dol./h), por debajo del precio de la tasación incluso.
Otra punta de lanza mediática utilizada para demostrar la sobrefacturación es una oferta de Ferusa S.A., de Adberrada Yambay, que ofrece la misma cantidad de tierras en la zona de Concepción a mitad de precio (750 dol./h), y con mayor cantidad de mejoras. Sin embargo se insiste con Teixeira. Opiniones de técnicos, y un estudio del Indert en base a imágenes satelitales, mapas de suelos, y cartas topográficas que debe ser contrastado con un estudio en terreno demuestra que dicha tierra es inservible en un 88 % de su superficie. Tiene tierras de tipo 8(tierras marginales), 7(con riesgo de degradación) y 6(con severas limitaciones). El 12 % restante aprovechable para agricultura es inviable ya que implicaría un desmonte completo, prohibido por ley. Este bochorno vuelve a ponerlos en evidencia. Según Oscar Torrents, del Indert, lo único que se puede cultivar allí son estatuas. Además de dichos factores se debe tener en cuenta que la oferta no se encuentra en la zona del proyecto, y se encuentra aislada de cualquier centro urbano y de caminos importantes, a diferencia de Teixeira. Paso Kurusú tiene tierras de tipo III (67 %) y IV (33 %), que con manejos adecuados son aptos para actividades agrícolas, y sin inconvenientes para ganadera.
Otras ofertas recientes llegadas al Indert en las cercanías de Teixeira varían de 1500 dólares a 4819 dólares la hectárea, siendo aun las de Teixeira la mejor opción. Esto demuestra que el supuesto de sobrefacturación no tiene argumentos sólidos, pues para ello debería exponerse técnicamente que las tierras están sobrevaluadas, cosa que hasta ahora no se ha podido, al contrario.
El ingeniero Enrique Drakeford del CEPAG, quien trabaja en la zona, afirma que presentándose a cualquier licitación, Paso Kurusú ganará debido a que tiene las mejores condiciones.
Así, sucesivamente, puede analizarse cada caso denunciado, y dejar en evidencia una campaña de manipulación perversa.
*1875 dólares al cambio de entonces (4010 guaraníes). Los montos en dólares de este artículo se calculan al cambio de 5000 guaraníes.
CEPRA
Una de las máximas promesas electorales y bandera del actual gobierno fue y es la reforma agraria. Con el fin de instalarlo en el programa de gobierno se creó la Coordinadora Ejecutiva para la Reforma Agraria (CEPRA). Un ente interinstitucional que involucra a organismos del Estado, a organizaciones y sectores rurales implicados, en la ejecución, supervisión y evaluación de los planes de reforma agraria. Cada cual comprometida a aportar en lo que atañe a su ente. De esta manera el peso del proyecto agrario, que tiene elevados costos, no se recarga simplemente en el INDERT.
Teixeira y la ARP
Según versiones que corren en los pasillos del Indert, Ulises Teixeira abría sido expulsado de la Asociación Rural del Paraguay, por haber ofertado baratas sus tierras al Estado, según el mismo habría comentado. Esto, además de poner en evidencia el doble discurso de la ARP, demostraría la ferviente oposición de los ganaderos a la instalación de la colonia modelo de reforma agraria en el departamento.
http://ea.com.py/el-montaje-teixeira-cuando-la-mentira-es-la-verdad-guerra-a-la-reforma-agraria-parte-1/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+semanarioea+(E%3Fa)
Anónimo -
(GUERRA A LA REFORMA AGRARIA: PARTE II, FINAL)
Miguel Armoa ⋅ Noviembre 19, 2009 ⋅
El trasfondo real del montaje del caso Teixeira son los poderosos intereses inmobiliarios perjudicados por el proyecto de recuperación de lotes y tierras estatales de la actual administración, ejecutado por el Indert. Los rostros ocultos detrás del montaje Teixeira son muchos.
¿Qué puede estar motivando esta guerra mediática y política que busca descabezar a toda costa a las autoridades del Indert y frenar la reforma agraria? Algunos incidentes de la interpelación realizada por los diputados al titular del Indert, Alberto Alderete, pueden darnos algunas pistas.
El diputado Sebastián Acha advirtió a Alderete que las mensuras judiciales ponen en zozobra a los propietarios, pues les genera inseguridad.
Causa bélica
Las mensuras judiciales son procedimientos indagatorios que acreditan si los propietarios tienen una superficie mayor a la que acreditan sus títulos. Es práctica de muchos propietarios extender los cercados de sus límites reales. De encontrarse excedentes fiscales, es decir tierras del Estado apropiadas ilegítimamente, se tiene la facultad de recuperar dichas tierras haciendo la demanda correspondiente.
El eje principal de la estrategia de reforma agraria del Indert es asegurar el acceso a la tierra de los campesinos. Para ello, la administración actual está poniendo énfasis en la recuperación de excedentes fiscales y lotes vendidos irregularmente.
Las mensuras no obligan a ninguna acción, solo determinan si existen o no excedentes fiscales, por lo que los propietarios en regla no tienen porque temer. Se ha generado sin embargo una fuerte oposición, al punto de buscar declararlo inconstitucional.
Debido a los escasos recursos, el Indert realiza previamente, con autorización de los dueños mensuras administrativas, mediciones con topógrafo de acuerdo al título, a fin de determinar la necesidad de realizar la mensura judicial, que tiene un elevado costo.
Alberto Romero, de asesoría jurídica del Indert, afirma que la ARP se opone tajantemente a la realización de las mensuras. Ya no permiten las mensuras administrativas y exigen órdenes judiciales para el efecto. Según Romero, no deberían oponerse si no tienen nada que esconder.
Inmobiliaria querida
El Partido Patria Querida, encabezado por Sebastián Acha y Carlos Soler, fueron los principales promotores de la interpelación y el voto de censura a Alderete. El padre de Acha tiene una importante inmobiliaria según el mismo admitió, por lo que se entiende su fijación freudiana con el titular del Indert, y su preocupación por las mensuras. Patria Querida tiene entre sus filas a un importante grupo de sojeros y terratenientes. El reciente pedido de desalojo de una comunidad indígena de Alto Paraná, propiedad de unos brasileños, por parte de la madre de Acha, la senadora Ana María, presidenta de la Comisión de Derechos humanos de la Cámara Alta, pese a que sentencias judiciales protegían a los nativos, deja ver el lado de la vereda en que se posicionan.
El malestar de las mensuras
Un caso reciente de mensuras afecta a un grupo de sojeros brasiguayos, propiedades ubicadas en el distrito Mariscal López, Caaguazú. Allí se encuentran en disputa más de 15.000 hectáreas de una empresa agrícola brasileña y unos colonos que llegaron durante la dictadura estafados de la mano de un agente estronista conocido como el griego, Euthymios Ioannidis, quien instaló un régimen de terror en la zona. El Griego, era un influente amigo de Sabino Augusto Montanaro, quien supuestamente le gestionó la adjudicación en esta zona de miles de hectáreas den el marco de la reforma agraria, violando el Estatuto Agrario. El agente levantó un emporio agrícola e inmobiliario, trajo cientos de productores brasileños tentándolos con el bajo costo de las tierras y de la producción. Según pobladores, el mismo mandaba asesinar a sus compradores una vez que cancelaban su deuda.
El Griego actualmente se encuentra prófugo, acusado de haber asesinado a un intendente local. Los colonos brasileños sin embargo permanecen cultivando soja, mientras las extensas propiedades de Ioannidis están en manos de una empresa brasileña, detrás de la cual seguiría estando el prófugo, según los pobladores de la zona.
Los paraguayos exigen la recuperación de las tierras debido a que según el Estatuto Agrario los extranjeros no pueden ser sujetos de la reforma, además de que las tierras fueron adjudicadas de forma totalmente irregular.
Francisco Peralta, de la Comisión Vecinal que pelea por la recuperación de las tierras, afirma que ellos principalmente exigen la recuperación de las 15.000 hectáreas que hoy están en manos de la empresa brasileña, que además violaría diversas normas ambientales. Según miembros de la Comisión, Hermes Aquino de la Coordinadora Agrícola del Paraguay, otro gremio de productores sojeros vinculado a Capeco y la UGP, quienes se opondrían a la recuperación, les habría amenazada en distintas ocasiones por las acciones emprendidas.
Según fuentes del Indert, cuando se solicitó a la jueza Gladys Escobar de Caaguazú la mensura del lugar, este fue aprobado. Sin embargo, tras una reunión con Héctor Cristaldo (UGP) y Hermes Aquino, donde supuestamente fue sobornada, la mensura fue suspendida con una chicana, porque el Indert no presentó el título autenticado. Ç
El cuñado
En la zona de Loma Pucú, Santa Rosa del Aguaray, San Pedro, fue denunciada por campesinos de la zona otra propiedad que supuestamente detenta excedentes fiscales. El mismo pertenecería a Conrado Pappalardo, pariente cercano y afectivo de uno de los artífices de la campaña contra la reforma: Aldo Zuccolillo. Este utilizò a Pappalardo como su principal vínculo con Stroessner durante la dictadura, ya que Conrado fue el ceremonial de Estado del entonces dictador. El cuñado está además en la negra lista de quienes detentan tierras mal habidas según la Comisión de Verdad y Justicia.
La Colonia Picaflor, de Loma Pucú, fue creada hace unos años por el Indert, donde fueron adjudicados con lotes diversos campesinos. Sin embargo, según los vecinos, existen unos 29 lotes, de 190 hectáreas en total que Pappalardo a través de prestanombres que nunca aparecen habría adjuntado a su propiedad. Mbaretepe, amenazape ojogua lo mitagui, afirma Osvaldo González, de la Comisión Vecinal San Isidro de Loma Pucú, que luchan por la recuperación de tierras hace más de 15 años.
Por otra parte, mensuras administrativas realizadas en la colonia también habrían detectado superposición de títulos, revelando excedentes fiscales de 400 hectáreas en la propiedad del ex Secretario de Estado.
La propiedad, que es arrendada a productores brasileros principalmente, sería mensurada judicialmente a pedido del Indert para la recuperación de las tierras en situación irregular.
La lista de casos e intereses se extiende y el círculo parece cerrarse.
Recuperación de tierras
La recuperación de lotes es otra de las políticas de la actual administración. Es decir, las tierras destinadas a la reforma agraria que fueron vendidas ilegalmente. Una vez que un campesino es adjudicado con un lote, en el marco de la reforma, tiene el derecho al uso de la tierra (derechera). Con el pago del 25 % de la tierra, ya se tiene derecho al título. Sin embargo, recién pasado 10 años del pago total del título, pueden venderlo. De la dictadura a esta parte, la repartija de tierras, sin tener en cuenta los demás componentes del desarrollo agrario, hizo que muchos campesinos vendieran sus derecheras, por necesidad o presionados por las ofertas o las fumigaciones de la agricultura mecanizada. Esto es considerado un delito, y quien vende su derechera ya no puede ser beneficiario. Por otra parte, el Estado tiene el derecho de recuperar la tierra vendida ilegítimamente.
Muchos brasileños en su silenciosa incursión se apropiaron de tierras destinadas a la reforma agraria. Un caso reciente es el de Puente Kyha, Alto Paraná, donde más de 5000 hectáreas en manos de productores sojeros, brasileros y paraguayos, buscan ser recuperados por haber sido obtenidos como derecheras.
Los propietarios ilegales presentaron una demanda para retener la posesión. A estos, se alió Patria Querida para presionar. La demanda fue rechazada, y los procedimientos de recuperación de tierra proseguirán. De confirmarse se convertirá en un caso emblemático y beneficiará a muchos campesinos paraguayos.
Concentración
En síntesis, los gremios de la producción, ARP, Capeco, UGP, sus lobistas Héctor Cristaldo y Tito Nuñez, sus voceros ABC Color y demás medios, sus representantes parlamentarios, tienen sobrados motivos para oponerse a la reforma agraria.
El trasfondo es que hay una competencia por la tierra: la ARP y los productores mecanizados quieren acaparar las tierras, afirma Alderete. En Paraguay solo 600 propietarios detentan unas 12 millones de hectáreas, agrega.
¿Se puede hacer una reforma agraria sin tocar los intereses de la oligarquía? Sin tocar la alta concentración de tierras en manos de pocos no es posible. El primer paso es modificar la estructura y propiedad de la tierra ( ) Hay una resistencia a la reforma, porque se va demostrar que es viable, sentencia el presidente del Indert.
El miedo a la izquierda sanpedrana
Otra versión que corre en torno a la fuerte campaña contra la implementación de la colonia modelo de reforma agraria es que los grupos mediáticos y políticos de la derecha temen el afianzamiento de la izquierda en la zona de San Pedro. Alderete afirma que ellos no tienen en cuenta los colores ideológicos de los beneficiarios, solo se tiene en cuenta los requisitos del Estatuto Agrario. Para adjudicar tierras no se le pregunta a qué partido pertenecen, sería una grave violación a la constitución. Desde el principio he dicho que no queremos ideologizar la reforma. No forma parte de ninguna ideología en especial, forma parte de un mandato del Estado.
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