IGNOMINIA CRIMINAL

• José Antonio Vera

Este primero de agosto, en medio de la impunidad de sus responsables, producto de la corrupción judicial paraguaya, se cumplirá cinco años del incendio del Supermercado Ycuá-Bolaños, que terminó con la vida de 385 personas, entre ellos 98 niños, ocho nonatos, muertos todos por asfixia.

El infausto suceso se produjo al mediodía de un hermoso domingo asunceno, cuando cerca de mil personas hacían sus compras y grupos familiares se habían instalado en el restaurante, cercano a la cocina, desde donde comenzó a llegar la letal cinta de fuego.

Alrededor de cinco mil víctimas se han computado, destacando 208 huérfanos, uno de los cuales se suicidó el año pasado, sumido en profunda angustia, al igual que la mayoría de los 360 sobrevivientes, entre quienes figuran 300 huérfanos y decenas de viudas y viudos.

 

 

 

Cerca de 30 personas han sido sometidas a la amputación de algún miembro, decenas acusan grave disminución visual y otros arrastran diversas cicatrices dejadas por las quemaduras que, en ciertos casos, abarcan más de la mitad del cuerpo.

 

 

 

El siniestro se inició en la chimenea principal, construida absurdamente con un ángulo recto, donde se fue acumulando la grasa, que terminó por formar un tapón que impidió la salida del humo. Para nada puede extrañar esa impericia profesional en un país que tiene miles diplomados universitarios con uno o dos años de curso. Durante años, muchos títulos de doctores se han vendido como zapallos en el mercado.

 

 

 

Relatos de sobrevivientes afirman que en segundos cundió el pánico y la gente procuró escapar a la muerte, corriendo hacia las puertas, pero ellas ya habían sido cerradas por los guardias, “para evitar los robos de mercaderías”, obedeciendo la orden de necrófagos propietarios, cuya avaricia y mala intención los ha convertido en criminales.

 

 

 

Por el delito de hacer construir esa irracional chimenea, purgó una corta estadía en la cárcel el arquitecto, al igual que el propietario principal y su hijo, quien habría dado la orden de cerrar las puertas, y a quienes, en primera instancia, se les obligó a indemnizar a las víctimas con una miserable suma, la cual, además de ser irrisoria y discriminatoria, fue desviada por manos criminales y nunca ha llegado a su destino.

 

 

 

Las distintas autoridades municipales involucradas, por omisión e irresponsabilidad, también tendrían cuentas que pagar en el caso, porque jamás procedieron como debían, pero por razones que la decencia no entiende, están saliendo indemnes en el juicio.

 

 

 

Durante la construcción del edificio, cuando debió efectuarse un seguimiento técnico, el intendente era el liberal Martín Burth y al término de la obra, cuando la verificación técnica y sanitaria, era de rigor, estaba Enrique Riera, del Partido Colorado. Por lógica administrativa, ambos tenían bajo su mando a técnicos e inspectores.

 

 

 

Quienes salvaron su vida, se lo deben a la solidaridad de intrépidos transeúntes, taximetristas, policías y otros trabajadores que, desesperados y sin herramientas apropiadas, con sus manos, lograron abrir algunos boquetes en las paredes.

 

 

 

La ayuda internacional no se hizo esperar y, en pocos días, equipos médicos de varios países llegaron a Asunción, algunos con mucha experiencia y suficientes medicamentos y equipamiento especializado en incendios.

 

 

 

También, las autoridades recibieron en esos días muchas donaciones en dinero, lo que permitió desplegar un socorro inicial que, a medida que disminuyó la resonancia mediática de la catástrofe, se fue alejando de los sobrevivientes, de los familiares de los calcinados, de los huérfanos y de las viudas y viudos, que hoy conforman restos de familias destrozadas y una multitud de vidas robadas, sin ningún apoyo del Estado.

 

 

 

Tras la tragedia, la Sicóloga Carmen Rivarola, familiar de muertos y uno de los miembros más activos en la comunidad formada por las víctimas, incursionó en el estudio de leyes, con el propósito de intentar comprender lo incomprensible del comportamiento del Poder Judicial que, en una entrevista de prensa, califica de corrupto y único responsable de que estén en libertad los propietarios criminales.

 

 

 

A cinco años de la tragedia, afirma, “este caso representa lo que es el Paraguay, porque desnuda de una manera muy clara lo que es este país”, dado que a la insensibilidad, venalidad y cobardía de las autoridades, se suman opiniones que pretenden poner un manto de olvido, para que ese tremendo genocidio concluya como una estadística más.

 

 

 

La gente “fue encerrada y se les quemó vivos”, recuerda. Han quedado unos cinco mil seres afectados directamente y “no hay una sola ley en la cual uno se pueda amparar en un drama como éste”, mientras que en estos cinco años se han acumulado más de dos mil querellas y 79 Jueces se han inhibido.

 

 

 

Además, por decoro, según arguyen ellos, varios Ministros de la Corte se han excusado ante el caso, en una actitud que, de toda evidencia, sólo persigue dilatar el proceso, posibilitando que concluya el plazo constitucional, para declararlo obsoleto.

 

 

 

A juicio del Diputado Sebastián Acha, del opositor Partido Patria Querida, la falta de resolución, podría ser considerada como una causal de juicio político al pleno de la Corte, cuyos honorables miembros, sin embargo, han sido muy diligentes para declararse inamovibles, en menos de dos meses.

 

 

 

Tiempo atrás, similar diligencia expresaron casi todos esos mismos Ministros para sentar jurisprudencia, sobre los 25 años de pena capital, que marca la Constitución, y aplicar 35 años de cárcel, a título de sentencia ejemplar, a varias personas que se declaran de izquierda, acusadas del secuestro y asesinato de una joven multimillonaria, hija de un exPresidente de la República.

(Especial para ARGENPRESS.info)