- Por José Antonio Vera*
El asilo político fue inaugurado en Latinoamérica en septiembre de 1820 por el Dictador Supremo de Paraguay, Gaspar Rodríguez de Francia, cuando se lo concedió a José Gervasio Artigas, perseguido hasta el misionero Río Paraná por tres ejércitos, uno el comandado por sus traidores lugartenientes y los otros por Buenos Aires y Portugal.
A 190 años de ese enaltecedor y, mirado en el tiempo, valiente gesto político y solidario, la derecha paraguaya utiliza ese antecedente histórico como argumento para exigir que el Gobierno otorgue protección política al suspendido Gobernador de Tarija, Mario Cossío, prófugo de la justicia boliviana por corrupción administrativa.
Artigas, quien vivió humildemente 25 años confinado en la selva de Curuguaty, a 100 kilómetros de la frontera oriental con Brasil, y fue traído a los alrededores de Asunción en 1845 por el Presidente Carlos Antonio López, quien se sirvió de sus conocimientos estratégicos en sus últimos cinco años de vida, continúa siendo una referencia ética internacional.
Nadie, con dignidad, puede permitirse la irrespetuosidad de comparar a un delincuente, con tan venerado héroe independentista, un estadista revolucionario con plena vigencia en sus postulados, como lo hizo el Diario ABC, en su editorial del pasado viernes.
El ardid de recurrir a tan vil argumento tiene tres niveles. El primero es que Artigas goza de gran prestigio ciudadano en Paraguay, y los otros dos son hipótesis: 1) El propósito estratégico de Estados Unidos de crear irritación entre los gobiernos de Paraguay y Bolivia si el Presidente Fernando Lugo concede el asilo político a Cossío y, 2) el ingreso de la narco-política no está para nada descartado.
Mario Cossío ex Gobernador de Tarija, acusado de varios hechos de corrupción. Fuente: Laprensa.com.bo
Varios intentos para crear cizañas entre Lugo y Evo Morales ha alimentado la derecha local, estrechamente vinculada con la USAID, omnipresente en Paraguay, empezando por la explotación que hace del chovinismo y la xenofobia, tratando de hacer resurgir entre la población los dolorosos recuerdos de la Guerra del Chaco (1932/35), dedicando grandes espacios de prensa para advertir que Bolivia se está armando.
Conforme en Centroamérica las Maras están determinando la vida política en varios países, y en México el narcotráfico tiene más poder que el propio Gobierno, Paraguay es un país de largo oficio en el empaquetado y tránsito ilegal de todo tipo de mercaderías, marihuana y cocaína en particular, y domicilio de importantes capos mafiosos, propietarios de inmensas estancias, algunos de los cuales tienen fuerte influencia sobre las familias derechistas, las cuales empiezan a parir dirigentes.
“Le hemos dado refugio al amigo Cossío con Aldo Zucolillo, el Director-propietario del Diario ABC, un conocido demócrata que lucha contra las dictaduras de izquierda que se enseñorean en nuestros países, y también están junto a nosotros altos dirigentes de mi partido”, repite a cada rato ante los periodistas el Senador liberal Alfredo Jaeggli, una de las figuras más desprestigiadas de la sociedad paraguaya.
Zucolillo, entre varios mercenarios de la prensa nacional, es el principal portavoz de la SIP en Paraguay, y el impresentable Senador, que ha llegado a la plenaria del Congreso exhibiendo gigantes condones inflados, y utiliza las computadoras de la Cámara para ver pornografía, hace méritos para seguir prendido a esa rosca de la mafia comunicacional. En su domicilio está alojado Cossío.
Jaeggli es autor, además, de proyectos como la exoneración de impuestos a la importación privada de aviones y otro para que sean levantados todos los niños que mendigan y trabajan en las calles, “porque son un peligro para la seguridad pública y el buen estado de nuestros coches”.
Con gran descrédito social, Jaeggli ha perdido fuerza en el Partido Liberal, co-gobernante junto con fuerzas luguistas y otras, pero su desfachatez le faculta para conservar influencia entre la derecha más retrógrada. Por supuesto, es enemigo acérrimo de implantar el Impuesto a la Renta Personal y la Declaración Jurada de Bienes, al ingreso de Venezuela al Mercosur, y a la integración regional.
Cossío “entró a nuestro país en una valijera del auto de un amigo”, dice a quien quiera oírlo, y lo cierto es que el ex Gobernador, quien habría ingresado el día 16 o 17 de diciembre, el 21 se presentó en el Aeropuerto de Asunción, para viajar a Lima por la Compañía TACA, y ahí le comunicaron que debía pagar una multa porque no tenía la tarjeta de entrada al país, según consta en los registros de la Dirección de Emigración.
No viajó y desapareció de la terminal aérea, presumiblemente porque habría recibido la noticia de que Perú le negaba el asilo, tal como lo hizo el año pasado con otros dos perseguidos por la justicia boliviana por corrupción, uno de ellos yerno del tirano General Hugo Banzer, otra recordada cabeza de la delincuencia estatal de ese país.
Consciente de la probabilidad de ser condenado, Cossío decidió fugarse, como también lo han hecho en los últimos seis años una docena de altos jerarcas de los gobiernos anteriores, cuando Bolivia era coto cerrado de los oligarcas, afirmó Nardy Suxo, Ministra de Transparencia y de Lucha Contra la Corrupción, quien visitó Asunción la semana pasada.
En sus reuniones con los miembros del Consejo Nacional de Refugiados (CONARE) y con diferentes referentes políticos nacionales, Suxo ha especificado claramente que Cossío no ha sido destituido de su cargo de Gobernador, sino suspendido, en aplicación de la ley que obliga apartarse del cargo a todo funcionario de Estado que esté procesado.
El Fiscal General, Gilberto Muñoz, puntualizó Suxo en conversaciones con BRECHA, le comunicó el día 16 de diciembre a Cossío que la investigación de dos denuncias por casos de corrupción en su gestión, habían entrado en la fase de ejecución, por lo cual debía apartarse del cargo de Gobernador.
El denunciante, de otros seis cargos más, es Fernando Barrientos, Director de Transparencia en la Prefectura de Tarija y dirigente del Partido Camino del Cambio, que lidera el propio Cossío. Otras 21 denuncias, de diversa autoría, están en trámites.
En el Ministerio Público obra un paquete de 29 acusaciones presentadas desde el 2003, cuando el suspendido Gobernador era Presidente de la Cámara de Diputados, durante el gobierno de Gonzalo Sánchez de Losada, otro que está requerido por la justicia boliviana, acusado de robar millones de dólares al pueblo, el que lo obligó a abandonar el Palacio Presidencial y huir a Miami.
Desde antes de llegar Evo Morales a la Presidencia, Cossío es investigado por corrupción, explicó la Ministra y, al igual que otros altos funcionarios, su gestión está teñida de actos de estafa al pueblo, por lo cual se expone a sanciones que son de orden jurídico y no político, en una causa agravada por su fuga.
A nivel político, Cossío forma parte del grupo secesionista, enemigo de la unidad administrativa boliviana, cuyo objetivo es dividir el país en dos, quedándose con los departamentos de la Media Luna Boliviana, donde están concentrados los grandes yacimientos de gas, petróleo, hierro y otros valiosos recursos naturales.
En el proyecto separatista, aparecen dos Estados, uno abarcando toda la región llamada Media Luna, Capital Santa Cruz, y Tarija y Beni, como sus principales prefecturas. El actual Gobernador de Santa Cruz, Mario Costas, también es investigado por la Fiscalía General, acusado de malversación de fondos y desfalcos.
El segundo Estado abarcaría las regiones indígenas andinas, habitadas por los bolivianos más empobrecidos por los programas económicos ultraliberales, aplicados por los diferentes gobiernos en las tres últimas décadas.
*Periodista uruguayo radicado en Paraguay
