ECONOMÍA: asuntos del bolsillo

LOS PRECIOSOS

 

El gasoíl subió de precio. ¿Quién tiene la culpa? El presidente de Petropar. A esta conclusión llegó un grupo de diputados, que la gente llama "preciosos", a causa de su obsesión con los precios.

Los preciosos confirman aquello que dijo una vez Humberto Rubin: en el Paraguay siempre hay que echarle la culpa a alguien. Dentro de poco nos dirán quién tuvo la culpa del terremoto en Japón, que tantos perjuicios causó a nuestra producción de sésamo. No sé qué castigo van a imponerle al culpable del terremoto; al presidente del Petropar, ingeniero González Meyer, han decidido destituirlo por abrumadora mayoría. Esto nos obliga a explicar ciertas cosas, no precisamente en defensa de Petropar, sino en defensa del principio de la realidad.

En primer lugar, el gasoíl se hace con petróleo, y no con almidón como la chipa. En segundo lugar, cuando uno lee los diarios (en vez de hojearlos para ver si salió su foto), puede ver que el precio del petróleo se fue a las nubes en Nueva York. ¿Y a nosotros qué nos importa Nueva York, si somos paraguayos? Bueno, es que en Nueva York hay un lugar que le dicen la Bolsa (no confundir con Karai vosã) y la Bolsa influye en los precios del petróleo en el mercado internacional (no confundir con el Mercado 4).

 

Si quieren culpar a alguien, que culpen a los tipos de Wall Street, esos que aparecen en CNN con un martillito y dan golpes sobre una mesa (o sea por una mesa). Para ponerlos en su lugar se puede formar una comisión hot dog (como llamó un convencional a una comisión ad hoc), que viaje a Nueva York para pedirles explicaciones a los tipos esos. Si los tipos no explican nada, hay que avergonzarlos en público. Una manera de hacerlo es esperar que CNN ponga sus cámaras y los de la Bolsa levanten su martillo; entonces, a la voz de ¡ahúra!, los representantes y representantas del pueblo paraguayo posan ante las cámaras opivos y opivas, respectivamente. Los bolseros se van a pegar tal susto, que a partir de entonces van a manipular menos los precios del crudo.

 

Pero no hay que contar solamente con eso. Los de la Bolsa, manipuladores como son, tampoco son omnipotentes. En 2008 se pegaron un bruto susto con la crisis mundial, y ahora no saben cómo controlar los precios del petróleo, por mucha plata que ganen con sus tejemanejes. Así que hay que olvidarse de las acusaciones. Entre el cielo y la tierra hay más de lo que tu paranoia imagina. Petropar no puede impedir que suba el petróleo, cuya cotización internacional depende de factores imprevisibles, como la insurrección en Libia.

 

De tan patriotas que son, los preciosos quieren intervenir en Libia, pero no les van a dejar porque entre todos no tienen ni un solo avión F 15 y tampoco saben cómo pilotarlo. Por eso, renunciando a las soluciones mágicas, es mejor que demuestren su patriotismo aquí y ahora. De momento, lo mejor que pueden hacer es olvidar esos pedidos de plata a Petropar que fueron rechazados con costas. Duele mucho no poder conchabar a un correligionario, pero el interés superior del país exige renunciar a pasar la factura.

 

 

 

PLANTA NUCLEAR EN FORMOSA

El proyecto argentino de instalar una central de producción de energía nuclear en el territorio de la provincia de Formosa, fronteriza con nuestro país, genera justificada preocupación. Los últimos terribles acontecimientos en Japón son una prueba de que estas plantas están lejos de ser completamente seguras y que, una vez ocurridas fallas técnicas, humanas o por causas naturales, se hace extremadamente difícil controlar la situación resultante. El problema que hoy atraviesa Japón con la crisis desatada en su central de Fukushima tendrá consecuencias que durarán décadas o más. La radiación tiene efectos inmediatos para quienes están expuestos a ella y también efectos a largo plazo en el medio ambiente y en la población del área afectada. El ejemplo de la planta ucraniana de Chernobil está todavía allí, a 25 años de ocurrida aquella explosión que sembró el pánico en el mundo entero, como una dolorosa muestra de las limitaciones humanas para contener el potencial destructivo de la radiactividad.

Argentina ya tiene al menos dos plantas nucleares en funcionamiento. El proyecto de erigir una más responde a los requerimientos cada vez más elevados de energía, derivados del renovado impulso y crecimiento que en los últimos años ha experimentado nuevamente la economía de ese país. Como es natural, la satisfacción de esta incrementada demanda de energía no puede darse nunca en detrimento del medio ambiente o de la salud de la población. Argentina es un país increíblemente rico, con vastos recursos y multiplicidad de climas, que dispone de fuentes de energía renovables mucho más sustentables en el tiempo que la procedente de la fisión nuclear. Es posible que en la inversión inmediata la generación de energía nuclear resulte mucho más barata que otras, pero el peligro de consecuencias devastadoras en el caso de fugas, negligencias o incluso sabotajes es infinitamente mayor.

Así como otros asuntos energéticos son tratados en ámbitos regionales e internacionales -se insiste mucho con aquello de la “integración energética”-, también la producción nuclear debería ser objeto de análisis y negociaciones entre los distintos países de la región y el continente. Además de Argentina, también Brasil, otra economía pujante, cuenta con centrales de fisión nuclear. En Chile, un país frecuentemente golpeado por sismos, se encuentra en fase de estudio un programa en este campo. En definitiva, existen planes concretos y a corto plazo para ampliar en la zona la producción de energía nuclear, aunque quizás, luego de la tragedia japonesa, queden estancados durante algún tiempo.

 

Paraguay -ubicado en el centro de Sudamérica y un importante productor de una de las energías más limpias que existen, la hidroeléctrica- debe participar activamente del debate que se ha instalado acerca de la conveniencia o no de aumentar la generación de energía nuclear. En el caso específico de la central proyectada en Formosa, si la iniciativa prospera, el Paraguay debe abrir de inmediato un diálogo con las autoridades argentinas teniendo como preocupación central la calidad de vida de las poblaciones argentina y paraguaya en el área de influencia y la conservación del medio ambiente. Sobre este último punto, conviene recordar la controversia entre Argentina y Uruguay acerca de la instalación de las papeleras a orillas del río Uruguay. En aquella polémica, los argentinos ocupaban la posición que, eventualmente, correspondería a los paraguayos en el caso de la central en Formosa.

http://www.lanacion.com.py/articulo.php?planta-nuclear-en-formosa&edicion=2&sec=29&art=15993

LOS PREMIOS DE LA ADEC MUESTRAN EL ROSTRO DE UN PAÍS EFICIENTE Y CREATIVO

En un país donde lo negativo -corrupción, políticos mentirosos, inseguridad, dificultades para acceder a un servicio de salud eficiente, mala calidad de la educación, accidentes de tránsito y otros- es lo que ocupa mayores espacios y absorbe la atención ciudadana, resulta reconfortante encontrarse con el otro Paraguay. Ese de esfuerzos, creatividad, inteligencia, honestidad y logros. Los premios de la Asociación de Empresarios Cristianos (ADEC) son un reconocimiento a los que construyen excelencia en el Paraguay.

Dada la avalancha de informaciones que hablan de asaltos, legisladores irres- ponsables que han acomodado las leyes para que sus operadores políticos cobren sin trabajar en el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), com- bustibles que suben cada vez con más alarmante frecuencia y otros males sociales cotidianos, existe una extendida sensación de que en el Paraguay todo es negativo.

 

La conclusión que se infiere de esa realidad es que la incapacidad, las diversas formas de la injusticia, el estancamiento, la desidia, el fracaso y la inseguridad se han apoderado de gran parte del país. Y que, por lo tanto, continuaremos -irremediablemente- absorbidos por la pobreza y las postergaciones.

 

Esa forma de mirar es sumamente perniciosa, porque lleva a creer que todo está podrido y ya no queda mucho por rescatar. Lo más grave de esa óptica es que se pierden la esperanza, el optimismo, las ganas de vivir y de producir.

 

Es necesario, sin embargo, observar a la nación desde otra perspectiva, desde aquella donde las personas asumen su vida como un compromiso de rea- lización personal y comunitaria. Son conscientes de los obstáculos, pero no por eso arrían sus banderas y se entregan al derrotismo.

 

Desafortunadamente, la visibilidad de esa mayoría que trabaja con la certeza de que es posible progresar, transformar situaciones y lograr cambios positivos, no es tanta como debiera ser. Ello no significa, sin embargo, que no vayan ga- nando espacios e impongan en sus círculos de influencia líneas de acción y cri- terios que dejan de lado los vicios de la vida nacional. Sus resultados tes- timonian que la vía escogida no es la equivocada.

 

Consciente de esta realidad que oculta lo que tendría que promocionarse las 24 horas del día, la ADEC premia cada año a empresas, a empresarios jóvenes exitosos, a pequeñas empresas sobresalientes, a exportadores de rubros no tra- dicionales, a innovadores, a herederos que incrementan el patrimonio recibido, a diversas formas de la eficiencia y a personas que ejercen con resultados positivos su responsabilidad social.

 

En la entrega de distinciones, realizada anoche, quedó ratificado el premio a los emprendedores eficientes, honestos, transparentes e innovadores. Estos son los que motorizan una economía con grandes dificultades para ingresar dentro del circuito de la legalidad y llevan adelante proyectos que permiten embretar cada vez más a los que fabrican sus ingresos en base a la ilegalidad, las coimas y la competencia desleal.

 

El reconocimiento público es un aliciente para quienes convierten su tarea cotidiana en una búsqueda de la excelencia en el rubro que les incumbe. Al mismo tiempo, incrementa su responsabilidad con los clientes, porque tienen que honrar de manera permanente el galardón que se les otorga.

 

Los premios ADEC también cumplen la función social de mostrar a la opinión pública el Paraguay positivo, de emprendedores que vencen obstácu- los, planifican, crecen y contribuyen a dejar de lado la mentalidad determinista de que el infortunio se apoderó del destino de la patria.

EL SECRETO DE LA CARNE

Un artículo de la prestigiosa publicación británica Financial Times destaca la calidad de la carne paraguaya, colocándola incluso por encima de las procedentes de otros países y que durante años han definido los estándares de excelencia. Se trata de un reconocimiento de enorme valor para la pecuaria nacional que ha experimentado un crecimiento sostenido en los últimos años, elevando los índices de calidad, incrementando los volúmenes de producción y exportación y cumpliendo a cabalidad las exigencias sanitarias de los mercados más difíciles del mundo. El sector cárnico paraguayo consiguió sacudirse de la inercia, conquistó nuevos mercados en base a dedicación, esfuerzo y seriedad y se dispone ahora a realizar nuevas inversiones con miras a incrementar el hato ganadero y consolidar las posiciones ganadas a nivel internacional.

 

¿Pero son los ganaderos el único sector que vuelca esfuerzos y empeño en sus labores? De ninguna manera, pero a diferencia de otras áreas de la actividad productiva nacional, los ganaderos han sumado otros dos elementos lamentablemente muy infrecuentes en nuestro medio. El primero, es la coordinación y la sinergia con el sector público. Este es un factor crucial. Sin la cooperación entre los empresarios y las autoridades del Estado los avances serán siempre frágiles y escasos. Es penoso ver cómo proyectos y planes de expansión y desarrollo naufragan por la incapacidad de consensuar criterios y, especialmente, por no poder construir una visión estratégica compartida, una hoja de ruta que sirva de orientación para direccionar los recursos, los esfuerzos y explotar las potencialidades.

 

Coyunturas beneficiosas para el país se pierden por la ausencia de esta alianza, se desperdician circunstancias favorables para los productores paraguayos porque no existen instancias de coordinación o se retacea la colaboración en uno u otro sentido. Es fundamental para nuestro país romper de una vez con la lógica que supone enfrentados por su misma naturaleza a los intereses del sector privado con los del Estado. Se hace necesario deponer los recelos y las desconfianzas con el objetivo de allanar el camino hacia una relación fructífera entre la iniciativa privada y los funcionarios, técnicos y autoridades públicas.

 

El segundo elemento que –además de la seriedad en el trabajo y la unidad interna en el gremio– apuntaló el crecimiento del sector cárnico es la incorporación de herramientas científicas y tecnológicas de primer orden. La labor en el campo, cuidando a los animales al pie de las tranqueras, quizás no pueda ser sustituida nunca. De lo que se trata es de complementarla con los instrumentos más modernos con el fin de ganar cada vez mayor presencia en los mercados del mundo. Se incluyen aquí desde planes de mercadeo y lobby hasta desarrollo de la genética, pasando por la inversión en laboratorios e instalaciones científicas y en el control del cumplimiento estricto de las obligaciones sanitarias. El secreto de la deliciosa carne paraguaya está pues en la convergencia de estos ejes: trabajo serio, más coordinación estratégica con el sector público, más asimilación de las modernas herramientas que la ciencia y la tecnología puede ofrecer en la actualidad. Esa es la ecuación de la calidad.

 

 

 

 

HAY INDÍGENAS QUE PROGRESAN Y OTROS, ANULADOS POR EL ASISTENCIALISMO

Unos 35 años atrás, un grupo de 28 indígenas de la etnia Ache del Alto Paraná “salió del monte” en que siempre había vivido, atraído por un pastor de la Iglesia Evangélica y su esposa, y pasó a instalarse en una aldea ubicada en un inmueble de unas 850 hectáreas.   

Dicho grupo, que hoy cuenta con 156 integrantes, está cultivando en forma mecanizada unas 120 hectáreas de soja y 95 de maíz. Posee, además, unas 20 Ha. de cultivos de subsistencia, pastura para unos 40 vacunos de raza Holando, lechera, unos 120 porcinos de razas mejoradas y siete piletas para cría de tilapias. Lo demás del inmueble, de algo menos de 600 hectáreas, lo han conservado boscoso como lo era cuando abandonaron la vida silvestre, y allí continúan practicando sus antiguas costumbres y ritos religiosos.   

 

La escuela de la aldea está a cargo de la esposa del pastor y en ella reciben la instrucción primaria unos 60 niños. A más de ello, 14 jóvenes realizan estudios secundarios fuera de la colonia y otros 4 ya están efectuando estudios universitarios.   

 

Es de presumir que este grupo indígena, que obviamente ha encontrado una forma de vida mucho más alta y mejor que la de antaño, se irá incorporando cada vez más a la sociedad nacional de un modo parecido al de los inmigrantes provenientes hasta de otros continentes que, principalmente desde el fin de la Guerra del 70, se arraigaron en nuestro país. El caso actual referido, que se diría muy exitoso de la comunidad Ache en cuestión, no es el primero ni el único de su tipo.   

 

Ya en los tiempos coloniales, clérigos franciscanos de la Iglesia Católica crearon pueblos de indígenas que se convirtieron en bases de la nación paraguaya y, en tal sentido, mucho más exitosos que las Misiones Jesuíticas, muchas de las cuales desaparecieron tras la expulsión de los jesuitas que ordenó el rey Carlos III de España.   

 

Los menonitas asentados en el Chaco, y aun tanto el Ejército Nacional como ciertos hacendados, religiosos católicos y otros civiles paraguayos, también han trabajado con indígenas chaqueños a fin de ayudar a su desarrollo cultural y económico y, en definitiva, si cabe el título, a su paraguayización.   

 

Ocurre, sin embargo, lamentablemente, que distintas etnias indígenas encontraron que las disposiciones de la Constitución en vigencia aceptan a los indígenas como ciudadanos (pueden votar y ser electos a cargos públicos que dependen del voto popular) y no les prohíben ser propietarios de tierra propia personal, pero, en general (arts. 63 y 64), apuntan a que las distintas etnias obtengan gratuitamente del Estado la “propiedad comunitaria” de la tierra para “la conservación y el desarrollo de sus formas peculiares de vida”, en las que puedan “preservar y desarrollar su identidad étnica” aplicando “libremente sus sistemas de organización política, social, económica, cultural y religiosa” y aun “el derecho consuetudinario indígena”.   

 

El resultado del enfoque de la Constitución respecto de los pueblos indígenas no parece feliz.   

 

Ciertos grupos étnicos han logrado extensas tierras en “propiedad comunitaria”, pero varias habrían extinguido en ellas la fauna silvestre y hasta la vegetación arbórea y, para subsistir, recurren a la asistencia estatal. Si esta no les llega, vienen a Asunción y se instalan en plazas públicas (que luego quedan destrozadas) hasta lograr lo que necesitan.   

 

Es este, se puede suponer, un negocio útil para su subsistencia, pero opuesto al instinto de desarrollo que late en cada ser humano. Todo esto, además, ha dado lugar a que ciertas organizaciones no gubernamentales –financiadas, se supone, por filantrópicas organizaciones y personas europeas– se dediquen a la “defensa de los pueblos indígenas” gestionándoles la obtención de sus tierras de “propiedad comunitaria” y después también la asistencia estatal continua que se les hace prontamente necesaria.   

 

En lo que hace a los pueblos indígenas, la Constitución de 1992    pudo haber sido muy bien intencionada, pero la realidad es que no ha servido para que los pueblos indígenas puedan “preservar y desarrollar su identidad étnica y sus sistemas de organización política, social, económica, cultural y religiosa” (CN Art. 63), sino para que se conviertan en ciudadanos de segunda o tercera, pobres y altamente dependientes de la ayuda estatal, la que a su vez depende de las contribuciones del pueblo paraguayo.   

 

 

Se está, en suma, ante las dos caras de una misma moneda: por un lado, indígenas que han conseguido vivir autogestionados y progresan por sus propios medios, incorporándose a la sociedad nacional como cualquier ciudadano, y otros en quienes el asistencialismo ha anulado su capacidad de autogestión y los ha dejado a merced de la limosna estatal y la mendicancia.   

 

El Gobierno y algunas ONG que viven a costilla de los indígenas tienen así la oportunidad de comparar y elegir qué política seguir: la que los mantiene inermes bajo sus botas o la que les abre un interesante camino para solos salir adelante.

 

 

 

 

SE PAGARÁN MÁS IMPUESTOS SI LA GENTE VE QUE LOS FONDOS SE UTILIZAN CORRECTAMENTE

El Ministerio de Hacienda está ante la dura coyuntura de que este año debe recaudar muchísimo más de lo que había previsto originalmente, dado el desfasaje del Presupuesto General de Gastos que salió del Congreso y el peligro que se cierne sobre la economía nacional ahora que los poderes Legislativo y Judicial tienen autarquía, es decir, pueden decidir sobre sus gastos sin necesidad de tener autorización de Hacienda. Además, está la evasión tributaria que, en muchos casos, se da porque la gente todavía desconfía -y con razón- del destino del impuesto que paga.

El Viceministerio de Tributación tiene la orden tajante de elevar la recaudación fiscal hasta donde sea posible. La consigna parece ser que se precisa recaudar alrededor del 12% más que el año anterior para hacer frente a los compromisos de este año, principalmente el Presupuesto General de Gastos de la Nación, inflado de manera escandalosa en el Congreso, con un incremento sin posibilidad cierta de financiación que representa más de 300 millones de dólares.

 

Lo peor de estos gastos es que la mayor parte irá a parar en salarios de funcionarios parásitos que no contribuirán a mejorar la atención pública, sino que cumplirán "misiones" político-partidarias. En otros casos, la corrupción tiende sus tentáculos para quedarse con parte del Presupuesto. Hay que sumar a todo, los egresos superfluos a los que son tan adictos los funcionarios públicos.

 

El otro gran peligro para las arcas del Estado es la autarquía que han logrado el Poder Legislativo y la Corte Suprema de Justicia. Esto les faculta a aumentar cuanto quieran la cantidad de funcionarios, por ejemplo.

 

En los últimos días, Hacienda ha lanzado la idea de crear más impuestos. Se habla de aumentar la base tributaria. Pero al final se termina cobrando más impuestos a quienes siempre pagan, a quienes desean trabajar legalmente y aportan consuetudinariamente sus obligaciones fiscales. Con esto se crea una desmesurada inequidad tributaria. Los legales pagan más y los evasores siguen siendo tales y acrecientan sus ganancias al tener mayor "competitividad" frente a sus pares lícitos.

 

La evasión fiscal sigue siendo inmensa en nuestro país. Días atrás el economista Luis Saguier Blanco señalaba que dicha evasión rondaría el 70%, ya que solo unos 350 mil contribuyentes de 520 mil que representa la población económicamente activa, aportan en su totalidad al fisco.

 

Además, se ha hecho poco en la lucha contra la evasión. Para frenar el contrabando se suele recurrir a inocuos controles en zonas periféricas para capturar hormigas mientras el gran contrabando, protegido adecuadamente, ingresa sin problemas.

 

Ante todo esto, la ciudadanía paraguaya no ha desarrollado una cultura tributarista como hay en otros países. Y conste que hoy se cumple en mayor medida. Mucha gente señala que aportaría con gusto si viera que su impuesto se usa correctamente. Si no hubiera tantos hospitales desabastecidos o escuelas que se desmoronan, por ejemplo.

 

Se podrán tomar todas las medidas técnicas para tratar de corregir el déficit del Estado, pero mientras el ciudadano tenga motivos para sospechar de que su dinero va a otra parte y no adonde corresponde, se hará cuesta arriba la tarea recaudatoria.

http://www.ultimahora.com/notas/412457-se-pagar%C3%A1n-m%C3%A1s-impuestossi-la-gente-ve-que-los-fondosse-utilizan-correctamente

 

 

BRASIL SE BURLA DE LUGO Y DEL PARAGUAY

Faltando solamente diez días para que se efectuara la promocionada primera visita oficial al Paraguay de la nueva presidenta de la República Federativa del Brasil, Dilma Rousseff, voceros del gobierno de Fernando Lugo anunciaron la postergación de la misma hasta nuevo aviso. El motivo: el Congreso del vecino país aún no ha ratificado las notas reversales que contemplan el incremento del pago por cesión de energía no consumida de Itaipú; por lo tanto, la mandataria llegaría a Asunción con las manos vacías, sometiendo a escarnio público a la administración de Lugo, que prometió contra viento y marea la reivindicación de nuestra soberanía energética.    

Hasta el momento, la Declaración Presidencial que el entonces presidente brasileño Luiz Inácio Lula Da Silva suscribió con Fernando Lugo el 25 de julio de 2009 es letra muerta. Pero, ¿cuál era el espíritu que animaba a los principales referentes del oficialismo en aquella oportunidad? Analicémoslo a partir de sus propias palabras.    

En una entrevista publicada por nuestro diario el lunes 27 de julio de 2009, el ingeniero Ricardo Canese, en su carácter de coordinador de la Comisión de Entes Binacionales Hidroeléctricos, afirmaba que era “inevitable” que la Declaración Presidencial fuera sometida a la aprobación del Congreso brasileño, pero que lo que el presidente Lula “sí ha hecho es dar su acuerdo como gobierno y, además, comprometer a enviarla como una medida de urgencia, lo que obliga a que el Congreso brasileño se expida sobre la cuestión en un plazo perentorio, entiendo que de no más de 45 días”. Pues bien, no solamente un mes y medio, sino VEINTE MESES ya han transcurrido sin que ninguna novedad se produzca.    

Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores, Héctor Lacognata, no trepidaba en calificar la Declaración como un “acuerdo histórico”, sin precedentes en los anales de “otras negociaciones diplomáticas de nuestro país”, al tiempo de considerar “llamativo que cierto medio de comunicación enfatiza lo negativo, las dudas, y no lo positivo”, en directa alusión a nuestro diario.    

Tampoco faltaron los paniaguados que descubrieron en la “benevolente condescendencia” brasileña una señal de “fraterna solidaridad” por parte del presidente  Lula Da Silva, que con su gesto buscaba apuntalar políticamente al gobierno de Lugo, de muy endebles fundamentos y comprometida estabilidad.

Como bien lo certifica el paso del tiempo, todas estas declaraciones han resultado en un discurso meramente propagandístico sin ningún sustento en la realidad, hasta el punto de que hoy mismo la Cancillería se encuentra en una situación sumamente comprometida, viéndose obligada a postergar la visita oficial de la nueva mandataria brasileña, para evitar exponer al presidente Lugo a una reunión sin ningún tipo de contenido político ni diplomático.    

En esta terrible encrucijada se debate el Gobierno “del cambio”: ni siquiera las limosnas que el Brasil prometió acercarle es capaz de asegurar, ya que sus pretendidos amigos “progresistas” del vecino país no logran obtener hasta ahora los consensos necesarios en el seno de su propio Congreso para cumplir lo prometido y firmado con el Paraguay.    

Por lo demás, la “dádiva” brasileña no implica de ninguna manera la reivindicación de la soberanía hidroeléctrica del Paraguay. Ella solo se concretará una vez que nuestro vecino nos pague un justo precio por la energía que nos obliga a entregarle, y permita que dispongamos libremente de la misma para ofertarla a terceros países. En suma, mediante la renegociación del oprobioso Tratado de Itaipú, suscrito por dos dictadores en abril del año 1973.    

De hecho, esto fue lo que Fernando Lugo prometió reiteradamente durante la campaña política para que el pueblo lo vote. Gracias a ese discurso se granjeó la simpatía de amplios sectores de la población paraguaya, que confió en él para que, si fuera su presidente, cumpliera la palabra que estaba empeñando.    

Sin embargo, una vez que conquistó la Presidencia, el ex obispo pronto se olvidó de sus propuestas y, haciéndole el juego a Itamaraty, aceptó algunos mendrugos, con lo cual se colocó a la altura de todos sus predecesores colorados, muy poco interesados en la promoción del bien común, pero muy concentrados en la salvación de su propio pellejo y el “prestigio” de sus mendicantes gobiernos.    

A esta altura de los acontecimientos, aun cuando el Congreso del vecino país se disponga a ratificar la palabra empeñada por su propio gobierno –quién sabe cuándo y bajo qué penosas circunstancias y nuevas imposiciones–, lo único verdaderamente real es que la reputación del Paraguay ha sido y está siendo lamentablemente expuesta a un infame manoseo por parte del Brasil. El gobierno de Fernando Lugo pasará, pues, a la historia como aquel que ha consentido tan indignante e injurioso tratamiento.

 

http://www.abc.com.py/nota/brasil-se-burla-de-lugo-y-del-paraguay-3759/

PERIODISTA SOSPECHA QUE EL EPP ES SOLO INSTRUMENTO DE SOJEROS PARA CRIMINALIZAR A CAMPESINOS

Las acciones del EPP no hicieron más que justificar la represión contra campesinos según el periodista.

El periodista Hugo Pereira Cardozo trabajó como corresponsal de Canal 9 en Concepción y ahora es profesor de la Universidad Nacional de esta ciudad. El mismo ha realizado una investigación sobre “afecciones relacionadas con la fumigación sojera”, que fue presentado el 30 de setiembre de 2010 en el viejo Cabildo.

La cercanía de la población al factor de riesgo, el campo fumigado, implica la exposición durante mucho tiempo de los habitantes de Kuruzú de Hierro al vertido de plaguicidas. Refiere una parte del informe de Hugo Pereira

Señala que del total de 142 personas estudiadas, 85 pobladores han presentado síntomas propios de una intoxicación aguda pocas horas después de estar expuestos a una fumigación en Kuruzú de Hierro (Departamento de Concepción). El documento se puede bajar de este enlace)

El periodista señala que “resulta por demás llamativo que un hipotético grupo insurgente que invoca al pueblo haya efectuado tal acción en un momento en que la comunidad, el pueblo, estaba ganando la batalla contra la fumigación de agrotóxicos”.

Se refiere al caso de vecinos de la Estancia Santa Herminia, del brasileñoNabor Both. Sugestivamente, en febrero de 2008, un mes antes del supuesto primer atentado del EPP, los campesinos habían amenazado con ocupar los sojales del empresario. Pereira mantiene una posición totalmente contraria a la de periodistas “estrellas”, como Andrés Colmán Gutiérrez, que desde hace años vienen relatando las actividades del EPP, pero en base a datos de la Fiscalía General del Estado y de la Policía Nacional, fuentes que no son fiables.

Más adelante dice que “esto plantea que el “EJÉRCITO PARAGUAYO DEL PUEBLO”, si existe el grupo armado, es en realidad el “EJÉRCITO PARAGUAYO CONTRA EL PUEBLO”, porque sus actuaciones no hicieron otra cosa, en este y otros casos en el Departamento de Concepción, que justificar la represión contra los sectores sociales que dice representar. El colega sospecha que el EPP es un instrumento de sojeros, ganaderos y terratenientes para criminalizar a los campesinos que denuncian fumigaciones y que luchan por un pedazo de tierra.

 

A continuación un resumen preparado por Pereira

En el año 2007 se produce en el Departamento de Concepción la extensión de la superficie cultivada de soja más importante, pasando de poco más de 9500 hectáreas, en la campaña 2005/06, a unas 18 mil 100 hectáreas, un salto de casi 100%.

Como nunca en las anteriores campañas agrícolas, se produce también el salto de productividad más importante desde la aparición de la soja en la región. Considerada siempre como una zona no apta para el exitoso desarrollo del cultivo, el rendimiento de kilos de soja por hectárea llegó en la campaña agrícola 2006/2007 a su nivel histórico. Durante las 9 campañas previas se habían obtenido en promedio menos de 1700 kilos de soja por cada hectárea. El rendimiento obtenido en el año 2007 es casi el doble al de los años anteriores.

Concepción ocupa en Paraguay, en 2007, con 3000 kilos del grano por hectárea, el tercer lugar en cuanto a rendimiento, detrás de Caaguazú con 3300 kilos/ha y Canindeyú con 3200 kilos/ ha. El crecimiento proporcional del rendimiento fue sin embargo, en comparación con la campaña anterior, el más alto de la región oriental del Paraguay según se desprende de los datos del Ministerio de Agricultura y Ganadería. El incremento de kilos por hectárea se produce en 2007 en más del 111 % en relación al obtenido en 2006.

La interpretación de imágenes satelitales por parte de la organización ambientalista GUYRA PARAGUAY permite apreciar que ya existen en el Departamento de Concepción a finales del año 2008, casi 26 mil hectáreas de soja, (más de 4700 hectáreas que las registradas por el último Censo Agropecuario y casi 8000 has más que la extensión que se tenía a principios de 2008.

La Cámara Paraguaya de Exportadores de Cereales y Oleaginosas (CAPECO) señala que en Concepción, la soja cubre en el 2010 más de 30 mil hectáreas, aunque la misma se cultive sólo en 57 fincas según el último Censo Agropecuario.

La soja se extiende sobre dos distritos del primer Departamento, Horqueta e Yby Yaú, donde reside más de la mitad de la población rural. El avance de la agricultura mecanizada, consumidora de grandes extensiones de tierra y poca mano de obra, sobre un espacio en que reside un importante número de personas cuyo sustento depende de su terreno, y la fumigación de agroquímicos en los sojales, son factores que han dado lugar a importantes conflictos como el que se originó en la localidad de Kuruzú de Hierro, ubicada en el distrito de Horqueta, donde los pobladores fueron relacionados con el “Ejército del Pueblo Paraguayo” (EPP).

En ambos distritos se concentran 6 de cada 10 integrantes de la población económicamente activa (PEA) del Departamento dedicada a la mini-agricultura.

Las insistentes denuncias realizadas por pobladores de la localidad campesina de Kuruzú de Hierro por fumigación irregular de agroquímicos en el sojal ubicado frente a sus viviendas, habían prosperado en la Fiscalía del Ambiente, la Gobernación de Concepción, el SENAVE y la Justicia, que había ordenado la suspensión de la aplicación de plaguicidas como consecuencia de la ausencia de una barrera viva que evite la propagación de agroquímicos hacia las viviendas ubicadas a 200 metros de la plantación de soja.

 

Pero, el 14 de marzo de 2008 aparece, en primera plana de todos los periódicos del país, una noticia relacionada a la quema de un galpón de la estancia “Santa Herminia”, establecimiento en que se encuentra el sojal en cuestión. Los autores de la quema dejaron en el lugar un panfleto en el que se leía: “Ejército del Pueblo Paraguayo, Comando Germán Aguayo. Tierra a los campesinos paraguayos. Quienes matan al pueblo con agrotóxicos pagarán de esta manera” (Queman tractores y galpón en estancia. Diario “ABC – Color”. 14 de marzo de 2.008. Sección Política. Página 11).

El propietario del establecimiento, el brasileño Nabor Both, acusó a sus vecinos, los campesinos que lo denunciaron en reiteradas ocasiones por daño al medioambiente, de ser responsables de la quema.

El líder de la comunidad, Demetrio Alvarenga, negó esa acusación al tiempo de señalar que la misma podría ser consecuencia de los constantes reclamos realizados a las instituciones oficiales a raíz de los perjuicios ocasionados por las fumigaciones a los pobladores, como enfermedades estomacales, respiratorias y oculares. Los habitantes de Kuruzú de Hierro no descartaron la posibilidad de que la quema del galpón de la estancia haya sido provocada por los mismos propietarios en que se encuentra el sojal, como una manera de desacreditarlos ante la opinión pública local y nacional, desviando así la atención del problema ambiental.

La Fiscalía de Horqueta a cargo de Marcial Núñez, basado en el panfleto aparecido en el día de la quema y sin hablar de otros elementos de juicio concretos, sostuvo que las “evidencias” dirigían la investigación hacia el supuesto grupo guerrillero “Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP)”, el cual podría estar relacionado con organizaciones campesinas interesadas en acceder a las tierras del empresario brasileño en que se produjo el incidente.

El Fiscal Marcial Núñez y el propietario del establecimiento, Nabor Both, coincidieron en acusar al Vicario General de la Diócesis de Concepción y Amambay, Mons. Pablo Cáceres de instigar a la violencia de los pobladores de Kuruzú de Hierro. El religioso señaló que la soja y la población en el mismo lugar no pueden convivir.

El mismo señalamiento contra el Monseñor Pablo Cáceres realizó quien fue considerado por la Fiscalía como un testigo clave en el sonado secuestro de la joven Cecilia Cubas. Cristóbal Olazar, quien fue durante casi 10 años máximo dirigente del partido político de izquierda Patria Libre, había acusado a sus ex – compañeros de ser los autores intelectuales y materiales del mencionado secuestro, en base a lo cual fueron condenados algunos de ellos. Olazar, quien vive en Concepción, exclusivamente en base a sus acusaciones, sin presentar nunca elementos contundentes y, probablemente amparado en el “fuero” que le otorgó el hecho de ser considerado testigo clave por la Fiscalía, dijo que Monseñor Cáceres “está seriamente comprometido (con el EPP) … porque coincidentemente siempre está en la zona de conflicto”. (Página 42).

Las denuncias hechas por los lugareños de Kuruzú de Hierro sobre daño al medioambiente, tenidas en cuenta por varias instituciones oficiales como la Gobernación de Concepción, la Fiscalía del Ambiente, el Senave y la Justicia que ordenó la suspensión de la fumigación, fueron contrarrestadas por denuncias por robo, invasión de propiedad y otros delitos por parte de los propietarios del establecimiento en que se encuentra el sojal, alcanzando la confrontación el nivel más alto cuando, luego de la quema de un galpón de la estancia, los vecinos que venían presentando sus quejas por el vertido de plaguicidas fueron relacionados con un supuesto grupo guerrillero, el Ejército Paraguayo del Pueblo (EPP), cuyo primer panfleto aparece en la escena de dicho episodio señalando que así se castigará a “quienes matan al pueblo con agrotóxicos”.

Resulta por demás llamativo que un hipotético grupo insurgente que invoca al pueblo haya efectuado tal acción en un momento en que la comunidad, “el pueblo”, estaba ganando la batalla contra la fumigación de “agrotóxicos”.

Los campesinos de Kuruzú de Hierro que reivindicaban vivir en un ambiente saludable fueron vistos luego de la supuesta operación del EPP como “guerrilleros”, incluso “terroristas” pasando casi al olvido su exigencia de adecuar la producción de soja a las leyes ambientales.

Esto plantea que el “EJÉRCITO PARAGUAYO DEL PUEBLO”, si existe el grupo armado, es en realidad el “EJÉRCITO PARAGUAYO CONTRA EL PUEBLO”, porque sus actuaciones no hicieron otra cosa, en este y otros casos en el Departamento de Concepción, que justificar la represión contra los sectores sociales que dice representar. (Página 74)

La cercanía de la población al factor de riesgo, el campo fumigado, implica la exposición durante mucho tiempo de los habitantes de Kuruzú de Hierro al vertido de plaguicidas en la parcela de la estancia “Santa Herminia” en que se lleva a cabo la producción de soja. Dicha exposición, según los principales resultados de otros estudios presentados en este trabajo, producen efectos agudos y crónicos en la salud humana.

Del total de 142 personas estudiadas, 85 pobladores han presentado síntomas propios de una intoxicación aguda pocas horas después de estar expuestos a una fumigación.

Los principales síntomas de intoxicación aguda señalados por los lugareños han sido: dolor de cabeza, el cual ha afectado al 23 % de los encuestados, seguido en segundo lugar por la diarrea, en un 13 %. La dificultad respiratoria (12%), los vómitos (11%) y los mareos (10 %) han sido otros problemas de salud indicados como consecuencia de la fumigación de productos químicos frente a sus casas.

Otros síntomas agudos propios de la exposición a plaguicidas referidos por los habitantes de la comunidad han sido: irritación de la piel y de los ojos, dolor gastrointestinal, náuseas y pérdida de conciencia.

La principal manera en que se produjo la misma ha sido la inhalación, a través de la cual el 55% los pobladores estuvo en contacto con los plaguicidas. Las denuncias realizadas por los habitantes de la localidad afirmaban que la aplicación del “veneno” se llevaba a cabo a la hora del desayuno y el almuerzo.

Precisamente el segundo principal contacto con agroquímicos ha sido comer en área fumigada, algo señalado por el 31% de los encuestados. La absorción de los plaguicidas a través de la piel ha sido la tercera exposición más mencionada.

 

Fuente: Web del SPP

“REGULADAS” Y TRANSPORTE PÚBLICO

Algunas empresas de transporte público han iniciado sus ya conocidas “reguladas”, reduciendo la cantidad de buses en servicio como una forma de presión para lograr el aumento del pasaje tras el incremento registrado en el precio del gasoil. En una situación normal el parque de vehículos que prestan este servicio es insuficiente y los cientos de miles de usuarios que a diario deben utilizarlo se ven obligados a viajar apretujados y en condiciones humillantes para llegar a sus lugares de trabajo o estudio. Con la disminución de las unidades, la situación se vuelve sencillamente intolerable. Con el argumento de reclamar el alza del boleto, los transportistas someten a la ciudadanía a cada vez mayores incomodidades. El abuso cometido contra la población debe motivar una intervención enérgica en este sector por parte de las autoridades.

 

Es que el servicio de transporte público es estratégico en Paraguay. Ante la ausencia de otros sistemas alternativos –nuestro país, a diferencia de otros en la región, carece de tranvías, trenes, subterráneos, etcétera– los buses juegan un papel central para mantener en movimiento el aparato productivo y comercial, la administración pública, la educación en colegios y universidades y la vida social y recreativa. No puede, por lo tanto, permitirse que un elemento tan crucial se encuentre en manos de extorsionadores, de un grupo cerrado de personas que lucran ofreciendo un servicio de pésima calidad y poniendo en riesgo la vida de los usuarios. Una profunda revisión de todo el sistema de transporte público es una urgencia ya impostergable porque las deficiencias actuales se traducen no solo en problemas para quienes viajan en los buses, sino también para los demás ciudadanos. Los buses chatarra son un factor determinante en el tránsito anarquizado y peligroso en Asunción y su área metropolitana.

 

De igual manera, la contaminación del aire por efecto de la circulación de automotores viejos y el colapso de la red de calles y avenidas se atenuarán significativamente si se encara con coraje y decisión una renovación y modernización del sistema de transporte público.

 

Con acierto, la Secretaría del Transporte del Área Metropolitana impuso multas y sanciones a las empresas que sacaron menos buses a las calles. Constituye este un primer paso importante para castigar, con la ley en la mano, los abusos hacia los usuarios. A estas acciones debe sumarse la apertura de un debate sobre la problemática del transporte, partiendo de la premisa de que se trata de un sector estratégico, y con la meta de llegar a mediano plazo a cambios y mejoras sustanciales. Es indispensable abrir ese mercado a nuevas inversiones, a la llegada de empresarios honestos dispuestos a adecuar sus servicios a las normas técnicas, laborales y a los parámetros mínimos de calidad. Una política de créditos con miras a la adquisición de automotores nuevos es otro elemento que debe considerarse. Y, paralelamente, acelerar la implementación de proyectos alternativos, como el Metro-bus, el sistema con paradas fijas que a semejanza de los metros y trenes en otras ciudades del mundo unirá San Lorenzo con Asunción.

 

No son medidas radicales ni impracticables. El criterio es simplemente permitir el acceso de nuevas personas, nuevas prácticas y nuevos hábitos al transporte público, un espacio hoy ganado por quienes prefieren chantajear a crecer o adaptarse a las exigencias actuales.

 

 

LOS 20 AÑOS DEL ÑEMBY ÑEMUHA

ALEJANDRO A. TAGLIAVINI |  EL UNIVERSAL

El 26 de marzo de 1991 se firmó el Tratado de Asunción, creando el Mercado Común del Sur (Mercosur, Ñemby Ñemuha en guaraní) que integran Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay y, como países asociados, Bolivia y Venezuela (ambos en proceso de incorporación) y Chile, Colombia, Perú y Ecuador. En 2006 se suscribió un protocolo constituyendo a Venezuela como Estado Parte, pero falta la aprobación del Parlamento de Paraguay, donde opositores recriminan al chavismo falta de democracia. Supuestamente promovería la libre circulación de bienes, servicios y factores productivos, pero arrancó mal, mostrando una pobre vocación por el libre comercio.

 

Eso sí, logró "el fortalecimiento del proceso de integración", o sea, que los gobiernos débiles se subordinen a los fuertes (Brasil en particular). El 15 de diciembre de 1995 entró en vigor el Protocolo de Ouro Preto, estableciendo un arancel externo común y, desde 1999, supuestamente, existe una zona libre de aranceles entre sus integrantes. Pero la realidad es menos alentadora, con muchas excepciones y circunstancias que hacen que este mercado sea más una burocracia (¡otra más!) para frenar la natural libertad de comerciar de las personas que los gobiernos deberían respetar sin más y sin burocracia. Promovería, también, la inversión externa. Según la CEPAL, desde 2003 la inversión extranjera directa creció un pobre 17% en Argentina y 160% en Brasil.

 

Al principio de los noventa, EEUU intentaba impulsar un área hemisférica de libre comercio, el ALCA, de modo que el Mercosur tenía poco sentido salvo que se tratara de oponerse al libre comercio. Según un cable revelado por WikiLeaks, este mercado sureño "fue transformándose... en una organización más restrictiva y antinorteamericana", opinaron los embajadores estadounidenses del Cono Sur reunidos en Río de Janeiro en 2007. Días atrás, el Parlamento Europeo aprobó un informe crítico, al punto que discutió la posibilidad de abortar las negociaciones entre la UE y el Mercosur por considerar que pueden implicar concesiones perjudiciales para sus productores agrícolas. Los latinoamericanos quieren concesiones agrícolas y Europa pretende más ventajas en los sectores industriales y de servicios.

 

El Mercosur es el mayor productor mundial de alimentos y tiene un enorme potencial para la producción, incluso de los "inteligentes" y "verdes". Pero esta producción está severamente atrasada (sobre todo en Argentina) debido a las malsanas interferencias coactivas (en uso del monopolio de la violencia estatal) del gobierno en forma de impuestos, "derechos de exportación" y todo tipo de regulaciones destructivas, como toda violencia.

 

Según la ONU, hoy los costos de un conjunto de productos básicos ya superaron los valores máximos alcanzados en 2008. Para los países más pobres, esto significa un duro castigo. Para evitarlo, bastaría con dejar libres las fuerzas productoras de la naturaleza y no escaparse por la tangente, como las propuestas de los burócratas como, por ejemplo, Robert Zoellick, presidente del Banco Mundial (BM), que propone, entre otras cosas, "pronósticos meteorológicos más certeros" para que "las personas puedan planificar con anticipación" las actividades agrícolas. En fin, podríamos -como hacían los indios- realizar la danza de la lluvia, no sé si tendrá éxito pero sin dudas es menos soberbio que la pretensión de los burócratas de adelantar el futuro, que solo Dios conoce, y planificarlo.

 

 

Miembro del Consejo Asesor del Center on Global Prosperity, de Oakland, California

 

 

PARAGUAY FRENTE AL DESAFÍO DE LA COMPETITIVIDAD

Por Héctor Farina Ojeda (*)

La posición que ocupa Paraguay en el ranking mundial de competitividad es un indicador claro de muchas de las cosas que no hemos hecho bien los paraguayos en muchos años: el lugar 120, de un total de 139 países evaluados por el Foro Económico Mundial en 2010, es sinónimo de la mala gestión en cuanto a educación, infraestructura, confianza, ambiente de negocios y solidez financiera.

Estamos muy lejos de países como Suiza, Suecia o Singapur. Demasiado distantes de las economías competitivas que generan empleos y oportunidades, y que han erradicado la pobreza. La distancia en competitividad abre un abismo con un país cercano como Chile, que es el mejor posicionado en América Latina –puesto 30 a nivel mundial- y que ha sabido hacer crecer su economía en forma sostenida y que ha reducido en forma radical los niveles de pobreza en las últimas dos décadas. El país trasandino tenía 44% de pobres en 1987 y ahora tiene cerca de 15%, mientras que Paraguay mantiene sus niveles de pobreza por encima del 50%.

La competitividad de la economía es fundamental en un mundo globalizado en el que tenemos la gran responsabilidad de generar empleos y oportunidades propias para nuestra gente. Y pensar en volver competitivo al país implica dejar de lado el simple discurso obsesivo y recurrente, para pasar a un campo de acción basado en la planificación estratégica y minuciosa de nuestra economía.

En la era de la economía del conocimiento, no puede lograrse un nivel respetable de desarrollo sin una inversión fundamental en la gente, en su educación, en su capacitación con miras a la construcción de una sociedad menos injusta. No podemos pensar en un Paraguay competitivo con una mísera inversión del 3% del PIB en la educación y con una casi nula inversión en ciencia y tecnología. No habrá una reducción de los niveles de pobreza y desigualdad si seguimos dándole la espalda a la educación de nuestra gente, si seguimos postergando la urgente necesidad de incorporarnos a la sociedad del conocimiento, o si mantenemos al conformismo, al clientelismo y la corrupción como partes de la vida cotidiana.

Para abatir los males del atraso y la pobreza, nos urge trabajar para tener un país competitivo: hay que duplicar la inversión en educación, invertir en ciencia y tecnología, formar a mejores profesionales y trazar un plan de mediano y largo plazo que incluya el desarrollo de carreteras y sistemas de comunicación, el aprovechamiento de la riqueza energética y el fortalecimiento de la capacidad productiva. No hay fórmulas secretas para el progreso, sino un desafío de asumir el compromiso de hacer lo que debemos hacer.

(*) Periodista y profesor universitario.

Desde Guadalajara, Jalisco, México.

 

 

 

NATIVOS ACHÉ, MUESTRA EL CAMINO A LA NACIÓN INDIGENA.

Andrés Granje

La Comunidad Aché, de Puerto Barra Tapyi, ubicado a 130 kilómetros al sur de Ciudad del Este, comenzó la cosecha de 100 hectáreas de soja, con un alto rendimiento de entre 3.500 a 4.200 kilos por hectáreas, obviamente como no tienen equipos mecánicos para la recolección tuvieron que alquilar estos implementos de colonos brasiguayos de la zona a quienes pagaran como corresponde por el servicio. Mientras las cosechadoras prestadas levantaban los granos, la sembradora que si pertenece a la comunidad se encargaba de sembrar trigo en el sistema conocido como siembra directa que recompone la fertilidad de la tierra. Es la primera comunidad indígena, que conocemos, que produce con esta modalidad.

Estos cultivos representan un ingreso de mas de 300.000  dólares, la ganancia se reparte de manera equitativa entre las 38 familias que componen la comunidad Aché, que aparte no descuida los cultivos de productos de autoconsumo y lo mas significativo las declaraciones de uno de los lideres de la comunidad Timoteo Torigui, que manifestó que son integrantes de una comunidad muy trabajadora gracias a lo cual salieron adelante, no tenemos a nuestros niños en la calle y no le debemos nada a nadie,  dijo con un inocultable y entendible orgullo, el que también ejerce de docente en la comunidad,  También destacó que quiere que el ejemplo cunda en las demás parcialidades indígenas del Paraguay, que ya están viendo las ventajas de la autogestión, eso si pidió  que la sociedad paraguaya respete  a las etnias.

 

Siempre dijimos que los indígenas no podían seguir en la indignante condición de postración, atraso y abandono en que la indiferencia y la codicia de los civilizadores, les mantuvieron  por tantos tiempos. El genocidio de los originarios del continente americano es el  crimen mas atroz  cometido en la historia de la humanidad, los primeros responsables fueron los conquistadores españoles, ingleses, holandeses y portugueses que desde el descubrimiento del nuevo continente, mataron en  tres  siglos mas de 160 millones de naturales  por medio de  trabajos forzados, guerras, atropellos, violaciones, saqueos y otras lindezas, que utilizaron, unidos a la cruz evangelizadora de los misioneros católica para materializar este exterminio cruel, que no cejo, por cierto con las gestas libertarias de nuestros pueblos, al contrario los caudillos y gobernantes criollos, se ensañaron aun mas en la agresión contra los indígenas.

 

Por eso cuando estas comunidades se organizan y con mucha dignidad se abren paso con trabajo y dedicación, creemos que aparte del bienestar que esta situación depara a sus componentes,  constituyen un  ejemplo para  las demás parcialidades, muchas de ellas hundidas en el vicio y la ignominia, con hijos mendigando por las calles de las ciudades, sus mujeres dedicadas a la prostitución, victimas de la humillación y la indiferencia de las poblaciones de las urbes. El crecimiento  demográfico del país, sumado al avance de lo que conocemos como progreso terminaron las posibilidades que puedan seguir viviendo de la caza y la pesca, este salto al trabajo agrícola puede ser la salvación de estas parcialidades manteniendo enhiestas y vigentes los ritos y costumbres ancestrales de su raza que aseguran su continuidad como nación.

 

EL SUEÑO DEL AUTO PROPIO

Andrés Granje

Las empresas representantes de vehículos nuevos o cero kilómetros como se los denominan, presionan para que finalmente se redacte una ley que prohíba la importación de automóviles con mas de cinco años de antigüedad, el proyecto ya tiene media sanción y ahora se estudia en la Cámara alta, con lo cual estamos a días de un desenlace, saber si finalmente se impone o no la normativa legislativa, lo que está dirigida directamente a terminar con el comercio de los autos traídos de Iquique, Chile, de donde ingresa vehículos de hasta diez años de uso, que solucionó a medias los graves problemas generados por la falta de transporte de la ciudadanía en los últimos años.

La importación de autos usados, generalmente de fabricación de países Asiáticos, vía el puerto libre de Iquique, fue el antídoto contra el padecimiento de muchísimos compatriotas que llegaron a hacer realidad el sueño del auto propio, acentuado en nuestro país por la falta de un sistema adecuado de transporte publico, esta modalidad terminó también con la marginalidad que ocasionaba el tráfico de autos robados en territorio brasileño, preferentemente, que eran vendidos en el mercado paraguayo, en un comercio ignominioso que llenaba de oprobio al Paraguay ante los ojos de las naciones del MERCOSUR. Hoy felizmente el negocio ilegal de los autos “mau”, esta en retroceso, ya que esta mafia tenía conexiones con otros negocios ilícitos como el narcotráfico.

 

Por otra parte las concesionarias de autos nuevos que vieron reducidas sus ganancias con el auge de la importación de usados, nunca dieron muchas facilidades al publico comprador, ya que el precio de los rodados nuevos son muy elevados y están tan lejos de las posibilidades de adquisición de la gente con ingreso medio, solamente los que gozan de alto estándar económico pueden comprarlo, aparte los planes de venta en cuotas tampoco ofrecen ventajas con financiamientos muy duros para el comprador. Los argumentos que los autos traídos de Iquique, no ofrecen seguridad al publico y que contaminan el medioambiente no es muy creíble, en todo caso la contaminación no es mayor que los que generan los autos adquiridos de estas concesionarias al poco tiempo de uso.

 

Esperamos que en breve tiempo en el Paraguay se instale finalmente empresas ensambladoras de vehículos, allí acabaran los padecimientos de la ciudadanía, es lo que sucedió cuando comenzaron a montarse motocicletas en el país con lo cual se abarato el precio al tiempo que se ofrece sistemas de venta en cuotas que resulta mas económico que lo que les cuestan movilizarse en ómnibus a los trabajadores mas humildes, con toda las incomodidades que genera el servicio de transporte publico en el país. Por de pronto no se puede limitar a cinco años de antigüedad de fabricación, la importación de rodados usados, pues esa medida solamente beneficia a los empresarios vinculados a las concesionarias de autos cero kilómetros, en perjuicio de la ciudadanía y los otros importadores que también pagan impuestos y generan fuentes de trabajo para el país.

 

 

 

 

EL CHACO PARAGUAYO NECESITA AGUA, HOY

por Horacio Sosa

Todos sabemos unas cuantas cosas del Chaco:   

1) Que es una región semiárida, donde el agua es el factor fundamental para la vida y para el desarrollo.   

2) Que los menonitas han realizado el milagro de no solo sobrevivir en la región, sino desarrollarla de un modo increíble.   

3) Que han pagado un precio altísimo al ingresar en esta zona, entonces inhóspita, por la mortandad que sufrieron por la mala calidad del agua, al abrirse paso desde Puerto Casado hacia el interior de la región.   

4) Que el producto interno bruto per cápita en las áreas ocupadas por ellos está aproximadamente en los 12.500 dólares, mientras que en el resto del Paraguay no llega a 4000.   

5) Que estos compatriotas –porque son tan paraguayos como nosotros– tienen hijos que a su vez constituyen sus propias familias, que van ampliando las fronteras agrícolas, ganadera e industrial de la región.   

 

6) Que son tan paraguayos como nosotros porque viven en nuestra tierra, la hacen producir y pagan sus impuestos religiosamente.   

 

7) Que su producción actualmente tiene un techo que no pueden superar por falta de agua, cosa que aparentemente el Gobierno nacional lo ignora o hace como que lo ignorara por razones que desconocemos.   

 

8) Que este gobierno vetó parcialmente la ley marco para el tendido de los acueductos sin siquiera darse cuenta de que estaba accionando en contra de los intereses superiores de la nación.   

 

9) El Chaco, hoy, necesita de agua y la única fuente factible, a estas alturas del conocimiento tecnológico y científico, es el río Paraguay, tal y como lo hacen el Brasil y la Argentina para sus zonas carentes de agua.   

 

Pero lo que no sabemos, y que debemos tomar muy en cuenta, es que en las familias de los hijos de los menonitas ya se está fortaleciendo cada día más la idea de una nueva migración. Esta sería, esta vez, desde el Chaco paraguayo al argentino. Lo que significa lisa y llanamente que, en este caso, perderíamos parte de esa invalorable fuerza de trabajo que está impulsando el desarrollo de la Región Occidental del país.   

 

No alcanzo a comprender la ceguera, o ineptitud, de nuestras autoridades que parecen no ver que el desarrollo del Chaco es un imperativo nacional, dada la inocultable turbulencia boliviana y que la única solución es agua para el Chaco de hoy, agua que la tenemos de sobra en el río Paraguay.   

 

Dos veces intentó el Gobierno nacional tender un acueducto desde el río Paraguay al centro del Chaco, intentos que nos hicieron perder 11 años y mucho dinero sin resultado alguno. Ahora estamos frente al tercero, deseando que no ocurra lo mismo.   

 

Lo repito: el acueducto es un imperativo nacional de hoy, de ahora mismo.   

 

Por favor ¡despierten!

 

INQUINA CONTRA INQUILINAS

POR PELAO CARVALLO   

En la experiencia de alquilar, las inquilinas e inquilinos conocen historias injustas de todo tipo.

El mango siempre estuvo allí, venía con la casa y durante este verano, al dejar caer sus frutos destrozó el tejado. Las lluvias, más fuertes este año, encontraron poca resistencia en un tejado ya carcomido por la fruta y ramas caídas del árbol. Julieta, la inquilina, reclamó ante la Inmobiliaria pero no hay caso; según el contrato todo lo relacionado con árboles, plantas y jardinerías es responsabilidad de la inquilina. Sobre reparaciones de techos se puede conversar… pero es una situación especial, la inmobiliaria tendría que ir a ver y decidir.

Julieta ya ha escuchado eso antes, cuando reclamó por caños rotos, cables eléctricos que se incendian, sanitarios que se descomponen, pintura que se descascara y cae, humedad acumulada y mucho más. Siempre la misma respuesta: irán a ver y decidirán. Pero nunca han ido, ni siquiera cuando se alquiló: fue un acuerdo entre ella y el anterior inquilino que formalizaron ante la inmobiliaria. Sí no hubiese sido así, Cristian, el inquilino anterior, no hubiese recobrado la garantía depositada ante la inmobiliaria; de hecho, la garantía no la recuperó de la inmobiliaria, sino de Julieta.

 

Para Cristian y Julieta la posibilidad de no recuperar la garantía forma parte del conocimiento estándar de cualquier inquilina. Por más que la propiedad esté en iguales o mejores condiciones que cuando fue alquilada, el monto de garantía, bajo cualquier excusa o sin ellas, queda en manos de la inmobiliaria. Y cuando es directamente el dueño quien alquila, para este tema y otros, la situación es la misma.

 

Casas y departamentos pintados al agua sólo para que la pintura dure entre que una inquilina desocupe y otra habite la vivienda, sanitarios reparados con cinta adhesiva o con estanques y canillas de plástico del más barato, techos destrozados de los cuales no se avisa (la muestra de las viviendas nunca se ofrecen bajo tormenta), cuentas anteriores impagas, medidores robados, alcantarillas colapsadas, edificios no habilitados por la municipalidad, ascensores que no funcionan, pagos obligatorios a guardias privados son experiencias que forman parte del manual histórico de la inquilina asuncena.

 

Experiencia histórica que comprende la falta absoluta de derechos reconocidos tanto por el estado paraguayo, como a nivel departamental o municipal. Las pocas oficinas de derechos del consumidor del país no están habilitadas para atender problemas entre inmobiliarias e inquilinas. Por otra parte las inmobiliarias se dotan de abogados y matones para solucionar los conflictos en el peor de los casos y de sordera, paciencia e impunidad en la mayoría de ellos. Solas ante la ley y el mercado las inquilinas han de luchar por sobrevivir a la voracidad de las inmobiliarias y a la inseguridad de las viviendas.

 

Susana y Roque alquilaron una casa en altos y para acceder a ella hay que subir una escalinata de concreto que, poco a poco, ha ido perdiendo en uno de sus lados adquiriendo una fisonomía estrambótica y dificultando el acceso a las amistades mayores o con problemas de movilidad de quienes les visitan. Para la inmobiliaria que les alquila ese no es un problema. En el manual de sobrevivencia de las inquilinas, el primero de sus párrafos indica que -para dueños e inmobiliarias- cualquier cosa es alquilable, cualquier cuchitril es vivienda y las inquilinas han de acomodarse a cualquier cosa.

 

Prisciliano, un profesional asunceno de 30 años, desesperado tras divorciarse llegó a alquilar para vivienda un salón metálico de 2×3 cuyo cierre metálico era puerta y ventana única. Sólo podía estar ahí unas horas al día: literalmente, quedarse en ese salón más allá de las 9 de la mañana significaba arriesgarse a sufrir quemaduras de alto grado… ser horneado vivo… ¿el baño?: compartido. Prisciliano debía subir el cierre metálico, bajarlo por fuera, llavear, dar unos pasos, llamar a una puerta para poder acceder al baño al que tenía derecho.

 

En la experiencia de alquilar, las inquilinas conocen historias y viviendas de este tipo por cientos: departamentitos de planta alta con escaleras tan estrechas que una persona muy alta o muy gruesa lo tiene imposible para entrar en ellos. Departamentos donde el ideal es que la inquilina casi no pase en casa o, al contrario, no salga de casa más allá de las 8 de la noche y no llegue antes de las 6 de la tarde y por las mañanas que salga desde las 5 y 30 y hasta las diez. Ojalá sin visitas y por supuesto nada de fiestas ni compañías. Casas viejas sin mantenimiento alguno, que se caen a pedazos. En todos los casos y casas las inmobiliarias son una oficina destinada a recaudar dinero y dar un comprobante a cambio. Para nada más existen. En la práctica, las inmobiliarias estafan a los propietarios dejando arruinarse las viviendas en alquiler y bajo su administración y depredan a las inquilinas con alzas desproporcionadas y comisiones por gastos administrativos. Uno de los trabajos de las inmobiliarias es preparar los contratos de alquiler. Lo de preparar es un decir: nada más deben cambiar ciertos datos en contratos-tipos de varías páginas que estipulan con detalle que la inmobiliaria no es responsable de nada y que los gastos correrán todos a cuenta de las inquilinas, quienes en su calidad de tales, por ejemplo, ni siquiera pueden conseguir líneas en Copaco puesto que Copaco sólo considera cliente potencial al propietario de la vivienda donde se instalará la línea.

 

Los precios de los alquileres no se fundan en la realidad sino en el deseo. Fabiana alquiló un departamentito hace tres años a guaraníes 250.000. Al poco tiempo se mudó de ciudad y este año, al volver, intentó alquilarlo. Imposible, el alquiler alcanzaba los guaraníes 500.000. Un alza del 100 por ciento en tres años, que supera ampliamente el IPC acumulado en el período. Libre mercado o más bien, libre especulación sin lógica alguna. Según el barrio, según el humor de la inmobiliaria o las pretensiones del propietario, las alzas son siempre desproporcionadas respecto a cualquier indicador económico racional. Tal vez hay un solo indicador que funciona: Si la posible inquilina es extranjera y según su acento y nacionalidad los precios tenderán a ser doble o triplemente altos respecto a lo que cobrarían a una nacional. Para ello las inmobiliarias se amparan en la total ausencia de protección a los derechos de las inquilinas. Esta ausencia de protección se debe, en parte, a que en el Congreso son todos propietarios y ninguna es inquilina.

 

Hoy, algo de esto parece empezar a cambiar: algunas inquilinas comienzan a asociarse para obtener derechos y apoyarse mutuamente. Vecinos de Asunción de toda clase comienzan a oponerse a la fiebre especulativa propiciada por la intendencia y el gobierno bajo la excusa del Bicentenario y Asunción Capital. Algunas casas abandonadas comienzan a ser okupadas para resolver la ausencia de viviendas y la falta de espacios culturales. La inquina contra las inquilinas no persistirá más que lo que las inquilinas, organizadas, permitan que persista.

 

PROYECTAN PUENTE QUE UNIRÍA ASUNCIÓN CON EL CHACO.

 

El intendente de Asunción, Arnaldo Samaniego, anunció que para el mes de abril se presentará ante la Cámara de Diputados un proyecto de construcción del “Puente Bicentenario” que uniría la ciudad de Asunción con el Bajo Chaco. El mismo estaría ubicado en la zona de Ita Pyta Punta. En la fecha Samaniego participó de la reunión del gabinete y presentó el proyecto al presidente de la República, Fernando Lugo.

Con el puente se busca ayudar descongestionar el tráfico en la capital, ya que los accesos a la ciudad siguen siendo los mismos incluso desde la fundación de la ciudad en 1537.  Samaniego pretenden con este plan hacer crecer a la capital unas 20.000 hectáreas utilizando territorio del Bajo Chaco.

Al ser consultado sobre cómo ven esto los actuales pobladores chaqueños, el intendente sostuvo que la reacción es buena porque desarrollará la economía en la zona.  Indicó que el Puente Bicentenario es solo uno, de los dos puentes que hacen falta a la capital.

 

ETAPAS DEL PROYECTO

 

- Elevación del terreno por encima de la cota de inundación, que es la cota 64, con un volumen aproximado de relleno de 1.000 millones de metros cúbicos.

- Construcción de muros de defensa costera contra inundaciones.

- Construcción de dos grandes puentes de hormigón armado sobre el río Paraguay, con 4 carriles de circulación por puente.

- Construcción de facilidades portuarias para el área industrial y el comercio.

- Construcción de avenidas y calles pavimentadas.

- Construcción de los sistemas de abastecimiento de agua potable y desagüe cloacal.

 

COSTO

Entre 60 a 100 millones de dólares pero todas las etapas detalladas implicarían una inversión de 200 millones de dólares, que sería posible a través de la iniciativa privada.

 

Fuente: Agencia Jakueke / Municipalidad Asunción

 

NO PERMITAMOS LA DESTRUCCION DE LOS HUMEDALES DEL ÑEEMBUCU

 

 

Detrás de las grandes plantaciones agrícolas, arroz, soja, etc., se encuentran empresas multinacionales que producen y proveen semillas transgénicas y agroquímicos. No permiten que los productores tengan sus propias semillas, como es una tradición en varios países, incluyendo el Paraguay.

Seis empresas controlan el negocio de las semillas transgénicas: Monsanto, Dupont, Syngenta, Bayer, Dow y Basf. Son también las seis mayores en el mercado mundial de agro tóxicos. Actúan con exclusividad.

En el caso del  ARROZ, la intensificación de su producción y el incremento de la demanda, han hecho aumentar el uso de fertilizantes y pesticidas, haciendo del cultivo uno de los principales contaminantes de zonas agrícolas especialmente sensibles. Los humedales del Ñeembucú son una zona extremadamente frágiles y sensibles a cualquier alteración: canalizaciones, drenajes, represamientos, empleo de agro tóxicos que se incorporan rápidamente a los cursos de agua en la capa freática y la superficie.

 

No se puede discutir la importancia del arroz como alimento básico de más de la mitad de la población mundial. El arroz transgénico descubierto en China, no aprobado para consumo humano, en dos pruebas tomadas contenía un plaguicida biológico causante de reacciones alérgicas en las personas.

 

Varios agroquímicos empleados en los cultivos de arroz, herbicidas, fertilizantes, pesticidas, están asociados con toxicidad neurológica, respiratoria, gastrointestinal, así como defectos congénitos en seres humanos y mamíferos. Son tóxicos para insectos benéficos y matan plantas.

 

Filipinas pasó  de ser de uno de los principales productores de arroz, a uno de los principales importadores de arroz. La razón: las tierras son prácticamente estériles debido a los químicos aplicados año tras año. Como resultado, los caracoles y los peces que habitaban en esas regiones, han desaparecido. Los agricultores han desarrollado lesiones en la piel y están perdiendo las uñas debido a la larga exposición a los pesticidas. En el valle de Cagayán, los agricultores culpan a los herbicidas de Monsanto de causar erosión de los suelos, así como las crecientes inundaciones que vive la región.

 

Contaminación en Corrientes (Argentina)

 

Estudios realizados por el Instituto Correntino del Agua y el Ambiente y por la Asociación Correntina de Plantadores de arroz, detectaron contaminación del agua por glifosato.

 

Las autoridades sanitarias indicaron que desde 2005, época en que recomenzaron los sobrevuelos con agroquímicos en las plantaciones, y hasta la fecha, aumentaron entre un 25 y 50 por ciento las enfermedades alérgicas y respiratorias sobre todo en los niños. 

 

El intendente de la localidad correntina Carlos Pellegrini, denunció a la empresa arrocera Rogelio Zampedrini S.A., por extraer en forma ilegal agua de la laguna Yberá y arrojar pesticidas sobre la población en forma irracional atentando contra la salud y el ambiente. En el departamento Mercedes se resolvió que la arrocera Rincón de Uguay cese de inmediato la toma de agua de la laguna Fernández para el riego, sentando así un precedente importante para la preservación del medio ambiente.

 

EFECTO INVERNADERO

 

Se ha comprobado que después de la aplicación de la UREA como fertilizante en las plantaciones de arroz, en Corrientes, aparecen animales silvestres y aves muertos por doquier.  Lo que no se informa a la población es que los cultivos de arroz generan gases de efecto invernadero debido a que las zonas donde se siembran se inundan constantemente, favoreciendo la descomposición de materia orgánica, de la cual se desprende metano, uno de los principales gases de invernadero.

 

En la provincia de Misiones, existe una campaña con el lema PAREN DE FUMIGAR. Instan a evitar el uso de agro tóxicos en la región. Proponen la producción orgánica.

 

Un equipo de médicos, científicos y trabajadores sociales de la provincia está  trabajando en una investigación sobre los efectos sanitarios y ambientales que produce el uso de herbicidas y pesticidas en la producción agrícola misionera.

 

En el estudio, pudieron determinar que esta práctica produce numerosas e irreversibles enfermedades congénitas en los niños, quienes nacen – según estimaron – con un 30 por ciento de químicos en su cuerpo. “Paren de fumigar”, ese es el lema y la consigna que defienden para proteger a la población de estas agresiones químicas a su salud. Los investigadores se ratifican en que los agroquímicos son VENENOS que también afectan a los seres humanos, lo que se demuestran con números. 

 

Aseguran que los agro tóxicos causan daños ambientales(al agua, suelos, flora y fauna) y a la salud humana. Muchos producen  desequilibrio hormonal con disminución de la fertilidad o infertilidad, afectan el sistema nervioso e inmunológico, entre otros graves problemas sanitarios.

 

También advirtieron que los alimentos elaborados con transgénicos contienen residuos agro tóxicos debido a la gran cantidad de agro tóxicos empleados en la siembra. También requieren mayor cantidad de agua para el riego.

 

EN ESPAÑA

 

Se toman medidas contra el uso irracional de agroquímicos en las plantaciones de arroz, promoviéndose el cultivo ecológico sin contaminantes.  Los datos demuestran que la concentración de los pesticidas en el aire alcanza su nivel máximo entre las ocho a 24 horas después de iniciarse la aplicación.

 

Por ése motivo Andalucía limitó la aplicación de herbicidas en el cultivo de arroz de la provincia de Sevilla, España, con el objetivo de evitar daños en los cultivos sensibles colindantes con los arrozales”.  

 

Cuando los experimentos no son permitidos en los países industrializados por sus efectos en la salud, estos se transfieren a las naciones del tercer mundo donde hay menos control. Por ejemplo, la Asociación médica de Perú denunció el experimento con niños lactantes de 3 a 36 meses para evaluar la efectividad de un arroz transgénico, con fines de investigación sobre medicamentos. Una denuncia similar se hizo en Chile, contra los denominados “cultivos farmacéuticos”.

 

EN EL URUGUAY

 

Se ha comprobado el uso indiscriminado de químicos, con el consecuente deterioro ambiental y el riesgo de contaminación de alimentos y agua.

 

Pobladores de la zona de Melo, informaron del hallazgo de grandes cantidades de mulitas(Armadillo – tatú bolita), tortugas, pájaros y peces muertos.

 

La causa es explicada por un especialista en gestión ambiental, Juan Carlos Corona. Atribuye esta situación al uso sin control de los agro tóxicos. En Uruguay se ha habilitado el uso de unos trescientos herbicidas, muchos de ellos cancerígenos. El especialista no descartó igualmente la vinculación con los altos índices de mortalidad por cáncer que presenta dicho país, la segunda causa después de las enfermedades cardíacas, con la aplicación de productos químicos. Mencionó el glifosato, el herbicida más usado, y varios fungicidas, con características cancerígenas.

 

El glifosato es el principio activo del herbicida  ROUNDUP, fabricado por la corporación estadounidense MONSANTO. Corona recuerda un hecho ocurrido tiempo atrás en la región oeste del Uruguay. Un avión fumigador cayó sobre un campo ganadero dispersándose su carga de veneno.  La consecuencia fue que a raíz de la contaminación de las aguas y el suelo del establecimiento ganadero, en un día murieron CINCUENTA terneros

 

Por otra parte, Sergio Koiffman, investigador de la fundación brasileña OSWALDO CRUZ, sostiene que entre las consecuencias generadas para la salud humana por los agro tóxicos, se encuentran la infertilidad y el cáncer.

 

En el Uruguay, el uso indiscriminado de los agro tóxicos en las plantaciones agrícolas, estaría poniendo en peligro su gran “industria del turismo” que atrae a millones de turistas cada año y es una de las principales fuentes de ingreso de su economía.

 

Para lograr la máxima rentabilidad en sus emprendimientos agrícolas, los nuevos ocupantes de las fértiles tierras uruguayas, principalmente procedentes del Brasil,  parecen no medir las consecuencias ambientales.

 

En los últimos años se han presentado múltiples denuncias y  testimonios sobre la muerte de peces, aves y otra amplia gama de la fauna autóctona, por la aplicación de agro tóxicos y productos químicos en los diversos cultivos. No respetan la tierra que trabajan, ni a los productores vecinos dedicados a otras faenas: ganadería, lechería, poniendo igualmente en peligro sus explotaciones.

 

Envío de MAURICIO ACOSTA  

EL CONGRESO CONTRIBUYE A AHONDAR EL PROBLEMA DE LAINFLACIÓN QUE ACOSA AL PAÍS

Una inflación de cifras inquietantes se cierne sobre nuestro país, poniendo en peligro los logros económicos obtenidos el año pasado. Las autoridades habían previsto para el 2011 un aumento en los precios del 6,3% , y en febrero ya se llegó nada menos que al 3,1%.. Hay causas internacionales incontrolables, pero también en el ámbito interno se siembran factores que aumentan la amenaza, como el Presupuesto General de la Nación, que el Congreso infló hasta niveles absolutamente insostenibles, con objetivos perversos que atentan contra la estabilidad del país.

La inflación es el peor castigo para la ciudadanía que se gana la vida honestamente. El crecimiento inusitado de los precios se come los re- cursos de una familia de la manera más cruel, acaba con la estabilidad y aumenta la pobreza general. Por eso, la responsabilidad del Gobierno en frenarla es gigantesca y perentoria.

 

Las subas en los porcentajes, de las que hablan los economistas, se traducen en la vida diaria de la gente en la pérdida del poder adquisitivo a la hora de comprar los productos necesarios para el sustento. Lo que ayer se adquiría por 100.000, hoy se compra por más y mañana por mucho más. Así es de angustiosa la inflación.

 

Para peor, los productos que más aumentaron son los alimenticios, siguiendo una tendencia mundial que parece irreversible. El encarecimiento del petróleo agrega otra cuota de dramatismo.

 

Ante este panorama, solo el Banco Central parece preocupado en tomar medidas para intentar frenar la tendencia. Pero la historia de la economía (madre sumamente experta) nos dice que las medidas mo- netarias son insuficientes para asegurar el éxito en la cruzada anti- inflacionaria. Se precisa una concertación multisectorial, que comprenda todo el espectro del Gobierno, para ajustarse los cinturones y cortar los gastos innecesarios, con el fin de contener la escalada.

 

Por ello, es imprescindible exigir al Congreso que recorte los ingentes gastos superfluos con los que infló de manera escandalosa el Presupuesto General de la Nación. Este Congreso, por intereses meramente políticos, abultó el proyecto de Presupuesto enviado por el Ejecutivo en unos 300 millones de dólares, para los cuales no hay ni la más remota posibilidad de financiamiento. Es decir, no existe la plata para cubrir tal suma. Encima, ese aumento impúdico está destinado a pagar a un nuevo funcionariado parásito, clientela de partidos políticos y de cau- dillejos de todos los pelajes, que poseen profunda raigambre en el Poder Legislativo.

 

Este despropósito parlamentario, ceñido en crear gastos rígidos -es decir, preferentemente nuevos salarios (innecesarios)-, debe ser frenado drásticamente, sin afectar los gastos sociales. Un ejemplo aleccionador de lucha contra la inflación lo dio recientemente Dilma Rousseff, la presidenta de un Brasil que es hoy la séptima economía mundial: cortó 50 mil millones de reales (unos 30 mil millones de dólares) del gasto público, el mayor recorte presupuestario de la historia brasileña.

 

La situación mundial instala un componente importante para pro- mover la inflación (la suba en los alimentos), pero en nuestro país los gastos políticos creados por el Congreso pueden obrar como el combustible derramado en las llamas de una inflación atroz.

http://www.ultimahora.com/notas/409443-el-congreso-contribuye-aahondar-el-problema-de-lainflaci%C3%B3n-que-acosa-al-pa%C3%ADs

CHOQUE DE INTERESES EN LA IMPORTACIÓN DE VEHÍCULOS

En la discusión que actualmente enfrenta a los importadores de los “autos de Iquique”, los de “cero” km y los diputados que pretenden restringir el comercio de los primeros, es conveniente considerar con ecuanimidad varios aspectos de la situación. En el choque de intereses que el caso suscita, los senadores, en manos de quienes ya está actualmente el análisis del caso, deben resolver evaluando todos los componentes del problema y hacerlo de acuerdo a la conveniencia de la mayoría.    

Por de pronto, es necesario reconocer que la importación masiva de automóviles usados “vía Iquique” produjo una importante consecuencia positiva de índole social y moral, consistente en que, mediante ella, una apreciable parte de la franja media de la población dispone ahora de automóvil propio legal, lo que le otorga la posibilidad de romper con la odiosa dependencia de nuestro pésimo transporte público; ahora tiene mejor movilidad, satisfacción personal y situación legalizada. Antes, como bien se recuerda, quienes pensaban en “baratos” y podían, debían adquirir autos, camiones y camionetas “mau”, o sea, robados en el Brasil o la Argentina, condición que tan pésima fama dio a nuestro país en la prensa mundial.    

La posibilidad de importar autos usados baratos desde Iquique vino a desmontar el negociado del contrabando de autos robados y, como consecuencia, a desarticular las bandas de crápulas que se fueron conformando a su alrededor, como ladrones, paseros, vistas de aduana y militares corruptos, playeros y escribanos sinvergüenzas, etc. Centenares de compradores de buena fe fueron engañados por estas bandas, y acababan con vehículos que nunca podían transferir legalmente, o vivían en permanente zozobra por los “controles”, o, por lo que era peor, expuestos a ser robados de nuevo por los propios vendedores inescrupulosos que poseían un duplicado de las llaves, a sabiendas de que su condición era ilegal y que poco o nada podía hacer el comprador para recuperarlo.    

Es cierto que los importadores de Iquique también iniciaron su negocio por una vía oscura, subfacturando, evadiendo impuestos, sobornando funcionarios, violando leyes aduaneras argentinas y muchas otras, pero esta situación se fue corrigiendo sola, gracias a la libre competencia y la mano más fuerte del fisco, y hoy en día la mayor parte de los trámites están legalizados.    

Referente al problema de mayor contaminación ambiental de que se acusa a los automotores importados de Iquique, es preciso reconocer que la causa principal de que este efecto negativo invada el país no ocurre por culpa de los importadores, cualesquiera sean ellos, sino de las autoridades municipales y nacionales, que, careciendo de la capacidad y la voluntad de poner orden mediante inspecciones obligatorias y controles estrictos, permiten que motores sin mantenimiento –importados de Iquique o cualquier otro lugar del planeta– circulen por ahí expeliendo densas humaredas venenosas, lo que también ocurre –hay que decirlo– con autos importados “cero” km que ya tienen sus años y son poco cuidados por sus dueños.    

No es prohibiendo la importación de automotores usados que se va a corregir este problema, sino haciendo que las autoridades estatales cumplan como deben con sus obligaciones y asuman sus responsabilidades.    

Actualmente, a medida que aumenta el justo deseo de las personas que trabajan en tener auto propio legal, afán alentado por el indiscutible mejoramiento de la situación económica del país en general, crece la preocupación de los importadores de vehículos nuevos, que ven mermar sus posibilidades de ventas por causa de la competencia de los vendedores de usados. Una cifra oficial indica que en el 2010 se importaron 74.650 autos y camionetas, de los cuales 51.799 eran usados y 22.851 nuevos. En el 2003 fueron 3.248 usados y 3.204 nuevos.    

Las cifras demuestran por qué fue creciendo el conflicto para llegar, finalmente, al nivel actual, en el que los dos sectores presionan sobre los legisladores; los importadores de “cero” km, para que se pongan más obstáculos a la importación bajando a 5 años la antigüedad permitida; los de Iquique, para que se mantenga la misma en los 10 años actuales.    

En esta situación, los importadores de autos de Iquique tienen razón. Basta ver la enorme cantidad de vehículos legales de segunda mano que circulan por todo el país, y observar cómo los propietarios y familias que viajan dentro de ellos se sienten felices de poder tener autonomía y de disfrutar de las ventajas de estar en ley, considerando que antes por el equivalente de 25 millones de guaraníes de hoy compraban un auto robado “mau”, mientras ahora, por la misma suma, compran uno legal. Actualmente, este problema está casi resuelto, pero si se reduce de 10 a 5 años la antigüedad permitida para la importación de usados, el precio de venta se irá a 70 u 80 millones de guaraníes, cuando menos, monto ya sustancialmente fuera de las posibilidades de la clase media para abajo.

Volviendo al punto del nivel de contaminación que pueda existir, es injusto culpar de ella mayormente a los autos de Iquique. Hay que culparles, más bien, al enorme incremento del parque de automotores en general del país –que incluye también a camiones, tractores, motos, etc.– y a la falta de responsabilidad de las autoridades nacionales, a quienes les importa un bledo ver circular por la vía pública automotores de todos los tipos lanzando densas y fétidas humaredas. En esto da igual que el vehículo que las produce provenga o no de Iquique.    

En este sentido, llevan una enorme delantera muchos ómnibus del transporte público, verdaderas máquinas de contaminación, cuyos dueños, pese a esta evidencia que tenemos todos los días ante nuestros ojos, contradictoriamente, pretenden elevar la vida útil de esas chatarras de 20 a 30 años.    

Así, un plazo máximo de 10 años de antigüedad para los automotores usados importados por cualquier vía y de cualquier lado, a pesar de que puede perjudicar en algo el legítimo interés de los importadores de “cero” km que proveen de vehículos a la clase alta del país, sin embargo, favorece a una amplia clase media que encontró en dichos automóviles usados un escape legal a sus anhelos de transporte propio, lo que representa, sin duda alguna, un interés mayoritario de la sociedad. 

 

http://www.abc.com.py/nota/choque-de-intereses-en-la-importacion-de-vehiculos-3138/

PARA QUE CONTINÚE LA INCOMODIDAD

Andrés Granje.

Los choferes del transporte público  agrupados en cinco sindicatos van a la huelga hoy, quieren que se extienda la vida útil de los ómnibus,  señalan que son las herramientas que tienen para conseguir el pan cotidiano y mantener a sus familias. Lo malo es que el bienestar de estas familias descansa sobre la incomodidad y la inseguridad ciudadana  mayoritariamente usuaria  de los colectivos. La pretensión de elevar de 20 a 30 años la vigencia en circulación de las chatarras con ruedas es un despropósito hasta criminal y organizar huelgas en defensa de esta posición un delirio que no se compadece con el sufrimiento del publico usuario, pasajeros del miedo y la imprevisibilidad, la humillación y el mal trato, victima de vejámenes  diarios  en estas cajas rodantes cuya obsolescencia se nota por todos los flejes.

 

Se cree que muchos de los choferes que fungen de  dirigentes sindicales,  son propietarios de las  herrumbrosas unidades  que prestan servicio de línea,  escudados en empresas irregulares bajo la denominación de mutuales o cooperativas, sin cumplir  con las estipulaciones para llegar a estos estatus, con lo que  la irregularidad es mayor en el sector.  En esta oportunidad los choferes cuentan con  la aquiescencia, el guiño cómplice de los empresarios del transporte que tienen en sus empresas unidades con mas años de vida útil que la recomendada o permitida por la SETAMA,  y  algunas  municipalidades como la de Asunción,  que por ordenanza solamente permite la circulación de vehículos hasta 20 años de vida útil.

 

Un estudio, sobre la antigüedad del parque de rodados que circulan por nuestras rutas y arterias indica que en el país existen  8.443 unidades del transporte público de todo tipo (corta y larga distancia). De la cifra, 6.295 tienen entre 11 y 30 años de antigüedad, mientras que 1910 tienen entre 31 y 53 años de vejez. En el área metropolitana más de 1.300 ómnibus tienen entre 15 y 21 años de fabricación sin tener en cuenta las unidades irregulares más viejas.  En el 2011 debían ser retirados de circulación 121 colectivos  de 20 años y en el 2012 otros 127  con la misma tendencia en adelante. Estamos en condiciones de señalar que poseemos uno de los peores sistemas de transporte público de la región, acortar los años de vigencia de estos transportes  no es el pasaporte a la seguridad o a la modernidad absoluta, pero es un paso positivo para mejorar el sistema.

 

Si hasta los seres humanos  con todas las atenciones médicas calificadas y los cuidados que una persona  prodigue a su cuerpo,  tiene  un ciclo de productividad y vida útil, con mayor razón ese fin del ciclo vital  es previsible en las maquinas mal usadas y peor mantenidas, querer que sigan funcionando  estos rodados  es un despropósito  y los que abogan para que sigan vigente  unos irresponsables, que  nunca dan la cara  cuando acontece sucesos trágicos con el rotulo de accidente, totalmente previsible que ocurriera por las condiciones mecánicas de estas unidades. Mas que nunca la ciudadanía y las autoridades no deben dar el brazo a torcer, la lucha planteada es,  modernizar   el sistema del transporte público  o seguir en la obsolescencia, la elección es obvia.