PUEBLO QUE ESTÁ INDEFENSO ANTE INVASORES DE TIERRAS Y SINDICALISTAS VIOLENTOS
Por enésima vez, los usurpadores de tierras privadas organizados en bandas delictivas cumplieron puntualmente sus anunciadas amenazas de atropellar y ocupar los terrenos privados que tenían en mira. Los que ahora se hacen llamar “carperos”, nueva denominación con que se bautiza la condición de asaltantes rurales, estuvieron anunciando durante semanas los atentados que iban a perpetrar.
De modo que las autoridades y la ciudadanía toda estaban bien informadas de lo que estaba organizándose para ejecutar los atropellos, por los grupos organizados y dirigidos por José Rodríguez, Eulalio López y otros violentos ya famosos, que anticiparon sin reserva ni temor alguno la operación delictiva en varios lugares del norte del país. Es decir, incurrieron estos personajes en lo que el Código Penal denomina “premeditación”.
Con idéntico sistema, algunos dirigentes seudosindicalistas del sector del transporte público, la semana pasada anunciaron que tomarían represalias contra los choferes y unidades que no acataran la huelga que ellos decidieron realizar el día de ayer, exigiendo la barbaridad inaceptable de que a los ómnibus chatarra que operan actualmente se les extienda el límite de operatividad de 20 a 30 años.
Así, puntualmente también, atacaron varias unidades, quebrándoles los parabrisas y poniendo en peligro la integridad de los pasajeros. Se recuerda como antecedente, hace algunos años, que los mismos sindicalistas del sector lanzaron una bomba molotov al interior de un ómnibus y mataron a una adolescente con graves quemaduras. Esta horrorosa consecuencia de mentes criminales podría volver a suceder en cualquier momento, ya que las agresiones de los huelguistas superan toda la racionalidad y prudencia porque sus responsables parecen estar por encima de las leyes.
Lo más sorprendente no es la conducta antisocial, violenta, despreciativa de la legalidad y burlona de las autoridades que exhiben las hordas de los carperos y las bandas patoteras de los choferes huelguistas, sino que, permitiéndose el lujo de anticipar con mucha antelación cómo y dónde van a violar la ley, a quiénes van a atacar y qué clase de daños van a provocar, las autoridades policiales no mueven un solo dedo para impedir los desmanes.
Parecieran que están esperando que los desastres se produzcan para ellas intervenir formalmente. Y aun en este caso, sus intervenciones son cobardonas, timoratas, tratando con paños fríos a “los pobres luchadores sociales”, que sin embargo no son otra cosa que un hato de atorrantes de gran arrogancia, que las insultan y las menosprecian.
Y no es para menos, porque los policías que actúan en los desalojos de propiedades usurpadas –que debieran impedir sus ocupaciones y no siempre tener que desalojarlas– se comportan como si estuvieran desalojando a señoritas de un convento religioso y a no a delincuentes, la mayoría de los cuales están en estado de extrema agresividad, procesados judicialmente, tienen acusaciones graves pendientes de dilucidación, que casi siempre están armados y dispuestos a cometer todo tipo de violencia.
Los que ya fueron alguna vez detenidos y acusados están paseando libremente por todo el país disfrutando, gozando de las famosas “medidas sustitutivas”, de la posibilidad de organizar nuevos delitos y de burlarse de fiscales y jueces. Puede recordarse el caso del citado “capo” rural José Rodríguez, que se permitió la suprema burla de que, estando “buscado” –es un decir– por la justicia, ingresó como “Pedro por su casa” al mismísimo despacho del Presidente de la República, Fernando Lugo.
¿En qué clase de Estado de Derecho estamos viviendo? ¿Somos entonces todos, honestos y bandidos, iguales en trato de parte de las autoridades? Los criminales anuncian sus crímenes y la Policía se limita a aguardar que estos se cometan. De todos modos, ninguna autoridad oficial toma represalias susceptibles de disuadir a nadie. Así cabe esperar que los mismos actos de violencia se repitan una y otra vez: invasiones de predios, ataques contra ómnibus de transporte, lesión física de conductores y pasajeros, destrucción de propiedad privada, incendios deliberados de plantaciones y edificaciones, etc., etc.
En este gobierno, al parecer, rige la línea política del “aichejaranguismo”; del “pobre anga”. El que es pobre, o se publicita a sí mismo de serlo, está políticamente facultado a hacer lo que se le antoje. La ley no les alcanza, porque la ley es para los que ellos califican de “ricos”. Es decir, para cualquiera que no se agaville con las organizaciones violentas, despreciativas de la autoridad, de la institucionalidad y de la legalidad.
Pero alguna vez tendremos un gobierno como la gente, con un Ministerio del Interior, una Policía Nacional y unas autoridades fiscales y judiciales a quienes no les tiemblen las rodillas cuando tienen que enfrentar a estas bandas de forajidos, y tengan que ponerles en su sitio.
Mientras tanto, como el gobierno de Lugo es de una completa inutilidad, los violentos pueden anunciar tranquilamente sus crímenes y cometerlos, sin mayores consecuencias para ellos.
