Alcances y limites del “gobierno del cambio” en Paraguay*
* Agradezco los aportes y comentarios de Alex López Rolón.
“Si queremos que todo siga como está, es preciso que todo cambie”
Giuseppe Tomasi, Il Gattopardo
Comprender un proyecto político
Con un enérgico grito “Sí, juro!”, el 15 de agosto de 2008, Fernando Lugo hizo un compromiso de gobierno con la promesa de cambio político. La esperanza de miles de paraguayos se vio reavivada y se respiró un optimismo en medio del cual el nuevo Presidente tomó las riendas de un Estado desangrado por la corrupción y de un país signado por la pobreza, la inseguridad y la emigración masiva de su población activa.
Hoy, a dos años de gobierno de la Alianza Patriótica para el Cambio (APC), se constata la apertura de ciertas oportunidades asi como el esfuerzo de hombres y mujeres por modificar las condiciones que sirvieron al deterioro social del país en los últimos veinticinco años. Pero se constata tambien que persisten muchos vicios en la política gubernamental así como se agudizaron multiples problemas en diferentes esferas de la realidad social. Comprender las dificultades del “gobierno del cambio” para llevar adelante transformaciones en la estructura social –y no solamente su modificación morfológica– debe, por una parte, tomar en cuenta las condiciones que legó la dictadura a los gobiernos sucesivos de la “transición democrática”, así como considerar las contradicciones propias del sistema político actual.
En ese sentido, este escrito tiene como propósito sugerir algunas hipótesis en torno al vínculo entre un proceso que no puede comprenderse solamente por la coyuntura del sistema político, sino también por su historia, que ofrece los principios explicativos de un status quo que se resiste a perecer. El proceso político entre 1989 y 2008 favoreció la convicción cada vez más expandida entre los paraguayos de que la democracia es sinónimo de incertidumbre y que las relaciones sociales propias de la era dictatorial, siguen vigentes en diferentes esferas de la sociedad.
Las huellas del clientelismo agrario
Las bases sociales del régimen stronista se mantuvieron aún después de la caída del dictador. El sistema político después de 1989, fue cautelado por los mismos agentes políticos y económicos que se beneficiaron del régimen autoritario precedente y continuó sosteniendo un modo de dominación fundado en la extrema desigualdad social. La transición cautelada se configuró sobre la base de una minoritaria clase dirigente que goza de extraordinarios privilegios económicos y de una población enfrentada a la carencia generalizada. Las categorías sociales intermedias o “clases medias”, cada vez más reducidas, afrontan por su parte, la presión de la lucha contra el desclasamiento, lo que los enfrenta económicamente contra los grupos sociales desfavorecidos.
Esta estructura social, grosso modo, es resultado del modelo del estado autoritario que se consolidó con Alfredo Stroessner entre 1954 y 1989 y cuyas condiciones ya fueron inauguradas por el Partido Liberal en un periodo anterior hasta 1940. Ambas agrupaciones políticas administraron un modelo económico según el cual los herederos de la enajenación de tierras públicas del siglo XIX, pudieron acaparar y conservar monopolios económicos, privilegios comerciales y poder político. A sus principales dirigentes históricos, latifundistas y comerciantes “padres del anti-industrialismo” paraguayo, se unieron durante la segunda mitad del siglo XX propietarios de origen espurio procedentes de las políticas agrarias de la dictadura stronista.
Durante los sucesivos gobiernos de Stroessner, el “sistema algodonero” se sustentó sobre la fertilidad de las tierras procedentes del proceso que se conoció en los años ’50 como la expansión de las fronteras agrícolas. Las poblaciones campesinas beneficiadas producían grandes volúmenes de algodón, producto que al ser cosechado “a mano” aseguraba la calidad del producto. El sistema sobreexplotaba toda la unidad familiar a cambio de la retribución de solamente el jefe de hogar, lo que sumado a las fuertes ganancias a los comerciantes acopiadores por la sobrefacturación de los productos manufacturados de los que se surtían los campesinos, a la finca campesina le quedaba solo una parte del ingreso total. El mecanismo de extracción de excedentes por parte de los comerciantes del algodón y de los almaceneros locales servía también para controlar a los campesinos, desaventajados en el mercado y fragmentados políticamente. Cuando éstos ensayaron modelos alternativos de desarrollo agrícola, fundados en el trabajo colectivo y la comercialización conjunta, fueron duramente reprimidos y desarticulados[1].
La politica stronista de explotación campesina ya preexistía con el “anticipo” y el “acopio usurario”, mecanismos comerciales ya vigentes durante la era liberal (1904-1940) pero que el régimen de Stroessner los consagró con la institucionalización del asistencialismo seccionalero. Este se basaba en comisiones locales o seccionales de la Asociación Nacional Republicana (ANR o Partido Colorado), que además de sus funciones de organización política, controlaba socialmente a la población al otorgar asistencia social para ganarse la lealtad de los grupos sociales más vulnerables.
Este sistema de control político consistía en retornar a los campesinos sus ganancias, previamente extraídas por acopio e intermediación y transfiguradas como “regalo del Partido”. El esquema era tanto más perverso que ante la necesidad constante en que vivía la población rural, el mismo se mostraba como “solución” a los problemas. De este modo, Stroessner convierte a comerciantes e intermediarios en los presidentes de seccionales del Partido, verdaderos caudillos locales que distribuían de forma populista, dinero ajeno. Los pagos de servicios de salud, de apoyo en caso de deceso, de transporte o de alimentos, eran todas prebendas monopolizadas por el Partido Colorado.
Este sistema se fue debilitando. Se debilitaron las tierras algodoneras y aumentaron los costos de producción del algodón. Por otra parte, los latifundios de grupos facinerosos se incrementaron en detrimento de la pequeña propiedad minifundista al mismo tiempo que paulatinamente se incrementó la superficie del sistema sojero, manejado por colonos extranjeros, que no se prestó a la intermediación. Éstos últimos, favorecidos por la dictadura, fueron ganando mayor peso y autonomía hasta tal punto que comenzaron a prescindir de protección política. Su avance, lento y subrepticio, fue con el desgaste del sistema algodonero, la causa del ocaso del clientelismo agrario de la ANR[2].
Con el crecimiento demográfico de los últimos veinte años, con la marcada urbanización del país y con la persistencia de un sistema económico que concentra su actividad en sectores de baja productividad económica, el proceso social se encaminó hacia una suerte de bomba de tiempo, en donde las incontables insatisfacciones de los grupos sociales menos dotados de recursos, recurren a la delincuencia (lo que incrementó la situación de inseguridad pública), se inclinan por la indiferencia con respecto al sistema político, o en última instancia, dejan todo y se van.
La burocracia autoritaria
Para que funcionara el modelo oligárquico, fundado en el clientelismo y el populismo agrario, se requerió un estado burocrático autoritario, organización del poder político que garantiza un modelo de acumulación capitalista propio de economías de grandes asimetrías[3]. El reclutamiento prebendario de la burocracia era la otra cara del clientelismo colorado, que sostenía las bases sociales del modelo. Con este aspecto, la dictadura constituía un sistema cuasi perfecto en que por un lado aseguraba ingresos a las arcas del Estado por agroexportación y por el otro mantenía a la población campesina en una condición de necesidad al límite, de modo a sustentarse gracias al clientelismo como un régimen que aparece como “popular y democrático”.
Después de la caída de la dictadura, ya en tiempos de “democratización”, la burocracia creció en la capital y en las grandes ciudades. Su ineficiente distribución desatendió las necesidades de personal en sectores claves como la salud pública en lugares alejados y recónditos. Ni hablar del problema de la profesionalización de la administración pública, que hacen del empleo estatal más bien una prestación asistencial mensual. El estado stronista, totalmente contrario al principio meritocrático de acceso y desempeño en la función pública, alimentó la burocracia estatal cooptando a la población. El empleo en la función pública, monopolizado antes por la ANR, abrió sus puertas durante la “transición democrática” al principal partido de “oposición”, el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA o Partido Liberal) y luego a otros partidos, los que sucesivamente fueron incrementando su cuota de burocracia por la vía electoral o por las componendas legislativas[4].
La razón del estado oligárquico, gozando de una nueva legitimidad “democrática y pluripartidista”, constió a preservar un modelo de organización social basado en la desigualdad. Ninguna reforma del estado se ha hecho para extender derechos y generar oportunidades. El Partido Colorado, ciego ante la transformación económica del país, apuntaló después de la caída de Stroessner el mismo modelo que ya estaba cerca de su ocaso. Los partidos de oposición, a su vez, jugaron el mismo juego y respetaron las mismas reglas.
Con el “gobierno del cambio” hoy en día se presenta el desafío de una profunda reforma del estado. Si bien ésta no consiste en la concepción neoliberal de privatizar entidades públicas, sí requiere la transformación radical y racional de la estructura que sirve de base a la organización oligárquica de la sociedad. La reforma del estado que Fernando Lugo intenta llevar adelante tiene por el momento como principal objetivo la modernización de la burocracia que implica su reconversión y su profesionalización; sin embargo, el incremento de su eficiencia y su redistribución territorial, particularmente en esferas como la de la salud pública, están aún en suspenso. Por otra parte, la reforma del estado implica también la reforma fiscal que haga posible un mecanismo de estricta y eficaz tasación a las grandes fortunas, a las grandes propiedades así como la sanción a la evasión impositiva. Finalmente, la reestructuración del patrimonio estatal es un proyecto pendiente, lo que en algunos casos puede implicar su reestructuración administrativa mientras que en otros casos –con excepción de sectores estratégicos como la energía y el servicio sanitario–, la cotización de sus acciones.
Deterioro social y diversificación política
El sisema político paraguayo en el año 2008 tenía a un Partido Colorado dividido en fracciones enfrentadas sin posibilidades de acuerdos que aseguraran su otrora “unidad granítica”. Los enfrentamientos políticos dentro del coloradismo son concomitantes también con la división y el debilitamiento de la oligarquía agrupada en torno al Partido Liberal. En ambos casos, las pugnas intestinas son tan irreconciliables como irreconciliables se volvieron los intereses de la clase dominante paraguaya. Las bases electorales de los partidos se vieron afectadas por el deterioro social producto de la retracción del mercado económico en concomitancia con el incremento demográfico, y que tiene a la población económicamente activa como su flanco más sensible.
La constelación de intereses entre los sectores de la ANR durante los años de transición y concentrados en la oligarquía terrateniente, la burocracia estatal y el empresariado de obras públicas se ha quebrado. La contradicción de intereses entre esos sectores cobró su paroxismo en los acontecimientos conocidos como el “Marzo paraguayo”, en que fracciones de la vieja oligarquía y los sectores ligados al sector financiero intentaban capturar el Estado cual botín que les favorecería en la conservación de sus privilegios económicos. La última gran división, en que el sector de Duarte Frutos, representante de la oligarquía terrateniente así como de la burocracia estatal y el sector de Castiglioni, exponente de la oligarquía agroempresarial y financiera, le valió la pérdida de su hegemonía electoral al sumar otro desangramiento que se iniciara con la escisión del acaudalado ex-general Lino Oviedo y su entonces movimiento colorado UNACE (Unión Nacional de Colorados Éticos) a mediados de los años 2000.
En las elecciones de 2008 solo quedaban, para asegurar la continuidad de la ANR, la oligarquía terrateniente y una parte de su burocracia estatal. La oligarquía terrateniente, núcleo duro de dicha asociación partidaria, se halló impotente de resolver su crisis económica y su legitimidad en un contexto sitiado por invasiones de tierras de parte de campesinos indigentes así como la presión de productores sojeros brasileños que ganan espacios físicos y económicos a fuerza de alta productividad económica. La burocracia estatal, que históricamente fue lo que podría denominarse su “voto cautivo”, se dividió entre la ANR, el partido UNACE (actualmente Unión Nacional de Ciudadanos Éticos) y la APC. Por su parte, la base electoral rural del Partido Colorado ya no fue, como antes, “acarreada” como ganado para sufragar ya que una considerable proporción de la misma se inclinó por el partido de Oviedo o por la coalición liderada por Lugo.
El PLRA (Partido Liberal) se debate en su interior en un proyecto democrático o la defensa del orden social oligárquico. Dicha agrupación, de fuerte composición latifundista, agroexportadora y comercial, no pudo distanciarse durante toda la “transición democrática” del Partido Colorado e impugnarlo, y ya hoy en el gobierno, se vuelve paradójicamente el principal obstáculo (en la Vicepresidencia de la República y en el Congreso Nacional) en los proyectos de la coalición política de la que forma parte. Su subordinación al estado oligárquico se revela en la defensa de los intereses económicos de sus dirigentes que apuestan sin regañadientes a la defensa del status quo. En julio de 2010, surgieron de elecciones internas, nuevas autoridades partidarias que constituyen los sectores leales del Partido Liberal a la Alianza Patriótica para el Cambio y que en la correlación de fuerzas actual sostienen al presidente Lugo. Queda esperar el resultado de las acciones de dichas autoridades en el proceso de fortalecer el proyecto de cambio político que se inauguró en abril de 2008.
Por su parte, el partido Patria Querida representa a una pequeña fraccion de la población enriquecida con especular con empréstitos financieros en detrimento de una población empobrecida por causa de la extrema desigualdad social. El mensaje de Patria Querida, articulado con elocuencia por su fundador, Pedro Fadul, es recibido con entusiasmo por un segmento muy limitado de la población y con desconfianza por la gran mayoría. Lejos de que ésta ignore la “mejor opción” que supuestamente constituye dicho partido, es éste partido el que ignora las condiciones de vida de la gente. Sus representantes pregonan el simplista e insensible discurso moral de las clases privilegiadas paraguayas, en el que se subestima el impacto de la desigualdad y de la injusticia social en la fábrica de la delincuencia, de la corrupcion y de la fragmentación familiar, todos vicios calificados por Fadul y sus seguidores como resultado de una “inmoralidad extendida”. Ya es clásica la sentencia: “En nuestra sociedad se perdieron los valores”. Ahora bien, fuera de las reducidas fracciones que votan por Patria Querida, gran parte del electorado no perdió sus valores sino que perdió las condiciones económicas y sociales para ejercerlos. Resistir a la delincuencia, mantenerse impasible ante la corrupción y sostener la “unidad familiar”, son privilegios de pocas familias favorecidas que no ven a sus miembros dispersarse y emigrar para sobrevivir dignamente[5].
El partido UNACE, con el ex general Lino Oviedo a la cabeza, sin el mismo arrastre que en otra época e incapaz de favorecerse del viejo populismo agrario stronista, pretende convencer con un vano discurso a una población atravesada por necesidades extremas. En este sentido, Oviedo y su agrupación política también oponen al deterioro social una moral tradicionalista de carácter conservador, cobrando centralidad la familia, el nacionalismo y la religión cristiana, aspectos que carecen de entroncamiento concreto. Como Patria Querida, el moralismo abstracto de las propuestas políticas de UNACE, evade las causas principales de la fragmentación familiar, de la dilución del “sentimiento nacional” y de la secularización de la experiencia social, las cuales se hallan en la desigualdad social y en el rezago económico.
En el otro ángulo del mapa político, la fuerza social con mayor peso para impugnar el orden existente la constituyen los campesinos paraguayos quienes, a través de su movimiento social, impulsaron durante los veinte años de “transición democrática” cuestionamientos significativos al estado oligárquico a pesar de sus contradicciones. Actualmente, la emergencia de la izquierda política se basa en esta experiencia e inicia a articularse con los sectores provenientes de la población rural que migró a los centros urbanos, para proponer una equitativa repartición de la riqueza nacional. El crecimiento de la izquierda política es sin lugar a dudas resultado de la diversificación electoral que va dejando a su paso el deterioro social.
La izquierda política, no exenta de contradicciones, en última instancia es la que promueve aquello en que la clase dominante no tiene interés ni para lo cual no tiene vocación: el fomento de la industrialización nacional, el desarrollo de un mercado nacional interno y políticas redistributivas. El deterioro social, sin embargo, toca tambien a la izquierda y la mete también en una encrucijada. Ésta se debate entre la oportunidad de fortalecerse a través de un demostrado ejemplo ético y el compromiso social con los grupos sociales más desfavorecidos, así como con sus movimientos sociales, o por el contrario, de compensar su debilidad económica pugnando espacios en la burocracia estatal.
La primera de ellas es la única salida posible a su fortalecimiento progresivo. Sin acciones concretas y sin una etica diafana, la izquierda política no logrará llevar a la mayoría de las clases desfavorecidas a darle sustento para llevar adelante su proyecto político. Este punto es tanto más cierto que los grupos sociales atrapados por la pobreza y la precariedad son vacilantes ante proyectos políticos inciertos pues están más preocupados por el ajuste práctico entre sus necesidades y las oportunidades disponibles.
La relación de fuerza en que los partidos de la oligarquía tienen una abrumadora ventaja sobre los demás, incide desfavorablemente en la posibilidad de que el gobierno de Fernando Lugo y la APC lleven adelante un proyecto de transformación de la estructura social y del Estado. La presencia mayoritaria de los sectores conservadores en el Congreso Nacional, constituye una fuerte traba para los proyectos de reforma del gobierno. El Parlamento paraguayo ha sido durante toda la “transición” el espacio de arreglos de diferendos de la oligarquía paraguaya, en que la distribución de los privilegios de una sociedad desigual mantenga un equilibrio pactado entre los que le sacan beneficio. En última instancia, las bases sociales de la organización oligárquica de la sociedad se mantienen.
El gobierno de la APC no ha logrado en dos años ampliar su margen de maniobra que le permita cumplir con las propuestas de su campana electoral de 2008. “El debate acerca de las condiciones de posibilidad de que el gobierno de Lugo avance reformas estructurales se enfoca en dos puntos centrales: la viabilidad política de sus proyectos de reforma ante una oligarquía que continuará empotrada en el parlamento, y donde se avizora que el (…) presidente no tendrá mayoría absoluta. Además está la cuestión de la capacidad que podrá tener Lugo de administrar la ‘maraña de intereses’ que constituye su propia coalición política. En efecto, mucho más que su retórica episcopal, deberá echar a andar una pragmática política eficaz, que le asegure realizar pactos basados en puntos concretos, que favorezcan a los más diversos intereses que representan los grupos de la Alianza opositora, pero por sobre todo, a los sectores más carentes de la población paraguaya”[6].
Los proyectos del gobierno de Lugo para impulsar el desarrollo económico, tales como la Reforma agraria, la Reforma fiscal (la implementación del Impuesto a la Renta personal), el desarrollo del sistema de Protección social (v.gr. las pensiones de adultos mayores de bajos recursos), entre otros, fueron obstaculizados por el Congreso Nacional. Supuestos representantes genuinos del pueblo, la mayoría de los parlamentarios paraguayos detentan grandes fortunas y son, directa o indirectamente, beneficiarios de un proceso histórico que los llevó a alzarse con enormes privilegios económicos, asi que su tenaz oposicion a las reformas en cuestion se da por sentada.
Nuevas autoridades legislativas en ambas cámaras del Congreso, elegidas en julio pasado, no cambiaron el tablero. Por el contrario, ellas son resultado de un acuerdo con los partidarios del Presidente Lugo, con la promesa de que los proyectos de éste sean aprobados con agilidad. Sin embargo, la ingenuidad del mandatario llevó a que controvertidos dirigentes del Partido Colorado, sus más hostiles adversarios, hayan sido electos para presidir el nuevo Parlamento, y que deja al Poder Ejecutivo aún en mayor desventaja. El poco margen de maniobra que tenía el gobierno para llevar adelante sus promesas electorales queda ahora atado al absoluto arbitrio de la ANR y de los demás grupos que buscan el fracaso de Lugo.
La amalgama política que hizo posible la “jugada” en cuestion, fue facilitada por la constatada vocación oligárquica del Partido Liberal, que formando parte del gobierno, se niega al proyecto de reformas que ratificó durante la campaña electoral de 2008. Pero la responsabilidad tambien la tienen las luchas intestinas dentro de la coalicion socialdemócrata de la APC. En suma, la Alianza Patriótica para el Cambio muestra todos los signos de haber nacido viciada de las componendas típicas de la política paraguaya. Los grupos sociales y los sectores politicos que la constituyen no partieron de un acuerdo sobre puntos de consenso, ni discutieron los problemas previsibles del “choque de intereses” que los esperaba, sino derivaron en Lugo, una vez instalado en el Palacio de López, el arbitraje de las diferencias que los enfrenta.
Lugo, el inefable
La reforma del estado y la reducción de las desigualdades, dos verdaderos ejes de la democratización de la sociedad paraguaya, no puede realizarse sino bajo cierta representación social de “consenso”. Fernando Lugo, hombre que no se identificaba con ningún partido ni agrupación política, condensó las expectativas en ese sentido. La posibilidad de cambiar de barco despues de más de sesenta años de gobiernos colorados, conllevaba el temor generalizado a la incertidumbre de la alternancia política, notablemente en un país cuya historia está signada por la venganza y el revanchismo. Allí radicó la importancia de su figura como ex prelado pues apostaría, quizás en demasía, a la conciliación.
Careciendo de referencias similares en el nutrido catálogo de gobernantes civiles y militares que han gobernado el país, los paraguayos aún no saben que esperar despues de dos años de gobierno del ex-obispo. La conducta del jefe de Estado en este sentido, dubitativa y timorata, no hace más que contribuir a la incógnita. Presa de confusión e impaciencia, la población parece estar llegando a la conclusión de que las principales promesas de Fernando Lugo no serán cumplidas.
Por un lado, el otrora “obispo de los pobres” parece ser un Hamlet criollo, quién envuelto en escandalosas revelaciones sobre su vida privada, se debate tímidamente entre ser o no el puntal de “ejemplo ético” que muchos paraguayos también esperaban de un nuevo gobernante. Por el otro lado, juzgando por la conformación de su gabinete y por varios emprendimientos desde los ministerios de su administracion, la brújula de una reforma democrática del Estado, apuntando al norte, sigue en pie. Esto es especialmente cierto al apuntalar claramente una ley de Reforma agraria contra la que se levantó “en armas” la oligarquía emplazada en el Parlamento así como al promover decididamente la implantación del Impuesto a la Renta personal, también duramente resistida.
Finalmente, a pesar de su visible actitud temerosa, Lugo es el primer Presidente paraguayo en señalar al Brasil la inequidad del Tratado de Itaipu, firmado por dos dictaduras militares en los años ’70 y que dejó en extrema desventaja a Paraguay. En efecto, Fernando Lugo y la APC fundaron su campaña en la reivindicación de los derechos del pueblo paraguayo sobre sus recursos energéticos, en particular la soberania sobre la energía producida por las centrales hidroeléctricas de Itaipú y Yacyretâ y que le corresponde en igual proporción a Paraguay con sus vecinos Brasil y Argentina respectivamente.
El jefe de Estado logró conseguir un proceso de renegociacion del Tratado de Itaipu con Brasil para la cual se conformó una comisión binacional. Después de un compromiso firmado el 25 de julio con el presidente de Brasil, Lula Da Silva, seis puntos fueron formalmente renegociados a favor de los intereses paraguayos[7]. Sin embargo, hasta la fecha ni uno solo ha sido refrendado por el Congreso brasileño, constituido en su mayoría por partidarios del presidente Lula Da Silva y reticente a ceder a las reivindicaciones paraguayas. El gobierno de Lugo, a su vez, con una postura en extremo complaciente, claudica en ampararse en el Derecho Internacional y recurrir a la Corte de Justicia de La Haya para zanjar esta disputa, propuesta que de hecho constituyó una de las bases de su campaña electoral en caso de una negativa brasileña y que hoy es el caso en la práctica. La posición de Lugo y de la referida comisión de renegociación parece ser ahora la de evitar a toda costa antagonizar con la otra parte, a pesar de que el discurso de un (conveniente) adversario externo en este tema rozó la demagogia durante la campaña electoral de 2008. Quedan aún tres años para contrastar la hipótesis de si la reivindicación de los derechos paraguayos en Itaipú, tal cual lo anunció el jefe de estado, fue solamente parte de una estrategia electoral fundada en la lógica de la demagogia o si, por el contrario, irá hasta las últimas consecuencias, muy por encima de los magros resultados concretos de la renegociación que culminó en julio de 2009.
Tal vez por haber oficiado gran parte de su trayectoria como clérigo, la actitud de Lugo no ha sido la de un furibundo caudillo, sino ha mostrado una inclinación, en ocasiones excesiva, por minimizar su figura y economizar sus comentarios. Es difícil especular al respecto. Eso sí, ante la exasperación de un pueblo desesperado que reclama soluciones rápidas, el Presidente sigue manteniendo numerosas interrogantes, entre ellas, la manera en que enfrentará la negociación de una reforma agraria, de una reforma impositiva asi como las bases para una industrialización agroalimentaria, que hagan frente con efectividad y eficiencia a la ruina social y económica en la que se halla el país[8].
La rentabilidad política del maniqueísmo: la oligarquía y sus estrategias de conservacion social.
No hay manera más astuta por parte de los beneficiarios de la desigualdad social que denunciarla como “lucha de clases” y en mostrarse como víctimas. Es lo que la aristocracia terrateniente y los grandes comerciantes hacen valiéndose de su representación parlamentaria y de la fuerza de su monopolio de los grandes medios de comunicación. Lo permiten las enormes desproporciones de fuerza entre éstos y los grupos campesinos e indígenas arrinconados geográficamente y desfavorecidos socialmente[9].
La lucha de clases no es una consigna, como el diario ABC Color y otros quieren intentan hacer entender[10]. Tampoco es un proyecto político. El conflicto de clases es una relacion de fuerzas que se expresa empiricamente en la confrontación de intereses sociales. La confrontación adquiere la manifestacion de un conflicto abierto cuando el Estado favorece los intereses de una de las clases sociales. El “fomento de la lucha de clases” es por lo tanto la estrategia simbólica de las clases dominantes para justificar una tenaz violencia contra los sectores sociales mas carenciados y desfavorecidos.
Los movimientos sociales paraguayos, en particular el movimiento campesino, no hacen sino visibilizar el conflicto social disimulado por la estrategia referida. Mientras los partidos tradicionales y los nuevos partidos de cuño oportunista son los encargados de institucionalizar la violencia oligárquica contra los grupos más desfavorecidos, la izquierda política pretende institucionalizarla dentro de la contienda democrática y hacer reconocer la respuesta legítima de las clases populares a la vejación en su contra.
En suma la condena de la lucha de clases por parte de la oligarquía paraguaya es rentable. Promover la conservación social y el etnocentrismo de clase, valiéndose de todos los medios a su alcance, lleva a la mayoría de los ciudadanos desheredados de la República a ver su suerte depender de la mendicidad, de la delincuencia o de la emigración. Colocándose del lado de los “buenos” y en connivencia con los medios de informacion, la oligarquía borra la preexistencia de un conflicto de clases que ella misma construyó y contribuye a reproducir. Rasgarse las vestiduras ante dicha situacion es una manera de disimular su responsabilidad en su origen y deslindarla a sus principales víctimas: los grupos sociales que claman por justicia social. Con ello, la oligarquia también obliga a criminalizar la protesta social.
En este marco, los medios de información dominantes tales como ABC Color, ejercen una función política capital que consiste en interpretar la realidad. Una realidad que debe ser leída de un modo arbitrario. Esta función se hace posible a través de dos tipos de estrategias mediáticas. Una que consiste en distorsionar la relacion entre los datos de la realidad y la interpretacion de la realidad para mostrarla de manera sesgada. Esta estrategia es tanto más impugnada cuando las fuerzas críticas ofrecen diversas interpretaciones posibles. La otra, más imperceptible, consiste en amalgamar el sentido común compartido por diferentes sectores de la poblacion con la opinion particular de los propietarios de los medios, de modo a traducirlos eufemísticamente como opinion compartida, o lo que es lo mismo como “opinión pública”. Los periodistas, verdadero cuerpo sacerdotal encargado de profesar y “comunicar” la línea editorial de los medios, travisten así el pensamiento de sus patrones “en verdad objetiva”, que pasa a operar como una especie de comunión religiosa frente a la cual todo disenso y contestación queda a la merced de la censura periodística, verdadera inquisición simbólica que halla en los medios dominantes sus más implacables tribunales[11].
La ideología de la desigualdad democrática, según la cual el incremento de las distancias sociales es inocuo frente al regimen político, se vuelve el fundamento cultural de la dominación social en Paraguay. Preguntarse sobre el papel del sistema educativo y sobre el acceso a la información es capital para avizorar alternativas a la construcción de la realidad que los medios de información dominantes realizan.
Hacer de necesidad virtud
Como es de comprender, muchos paraguayos ven el deterioro por el que atraviesa la sociedad paraguaya hace más de veinte años, como la consecuencia de una clase dirigente obsecuente y de un sistema político ineficaz. Como si el presente no se explicara por el pasado, muchos evocan los “tiempos en que vivíamos mejor” con nostalgia. Los nostálgicos los hay de toda clase. Están los que se beneficiaron de la dictadura sin mover un dedo y que aparecen hoy como paladines de la democracia. Están, por otro lado, los que siendo de las clases desfavorecidas, comparan con base en un sentido práctico, su bienestar entre una época pasada “con Stroessner” y una época actual “con la democracia”. Comparación que, a pesar de soslayar la explicación histórica de los problemas de la sociedad actual, se basa en una lógica práctica en que la incertidumbre y la necesidad en el seno de dichas clases sociales cobran un peso central.
El gobierno de la Alianza Patriótica para el Cambio recibió un fardo de la historia sin las condiciones adecuadas ni la preparacion suficiente para cargarlo. Fernando Lugo, sin ser el responsable, carga con una enorme responsabilidad que legó el proceso histórico. Ante un optimismo en declive despues de dos años de mandato, la población paraguaya en su mayoria se halla a la merced de las fuerzas conservadoras que oponen toda su resistencia al cambio del status quo. Evaluar los alcances y comprender los límites del “gobierno del cambio” no puede desatender esta realidad y sus múltiples claroscuros.
Mientras estas líneas llegan a su fin, el presidente Lugo se halla en proceso de recibir un delicado tratamiento terapéutico por causa de un padecimiento grave de salud. El riesgo de que deje sus funciones antes de concluir el periodo constitucional, es una de las hipótesis en medio de las múltiples dificultades de su gobierno. Sus adversarios más insensibles esperan que la difícil prueba del mandatario sea el comienzo de su fin. Por su parte, sus colaboradores más leales recurrirían hasta a prácticas religiosas de piedad con tal de ver al Presidente de pie hasta la conclusión de su mandato.
En medio de la tempestad politica y personal por la que el Presidente Lugo atraviesa, le queda todavia la posibilidad de hacer de necesidad virtud: conducir, en los tres años que le quedan, a revertir la crisis que devasta al país. Hoy cobra más sentido que nunca el refrán de que “se puede vivir sin intentar pero es mejor morir en el intento”. Pero el desafío no es solo para él sino también para el grupo de hombres y mujeres que lo secundan: la decidida voluntad de superar el enfrentamiento al interior de la coalicion gubernamental, podría dar inicio a la elaboración de un proyecto de país distinto y nuevo, que en la actualidad gane terreno y que en el porvenir convenza mayorías. Recomenzar el proyecto de cambio político debe por lo tanto invitar a las autoridades actuales y a las fuerzas sociales democráticas, a ganarse la adhesión de la población para avizorar la continuidad en el gobierno, a preparar la conquista democrática del Parlamento, necesaria para la legitimidad de las reformas y, a sentar las bases para construir un nuevo Estado. En una suerte de escatología política, es el signo de los tiempos que esperan los sectores más desfavorecidos de la sociedad.
No cambiar nada conlleva de todos modos un cambio, un deterioro social que las fuerzas conservadoras oligárquicas pretenden que siga su curso de modo que, parafraseando a Giuseppe Tomasi, “al mismo tiempo que todo cambia, todo permanezca como está”.
Paris, 15 de agosto de 2010.
[1] Las Ligas Agrarias Cristianas (LAC) es un movimiento campesino que se conformó con apoyo de la Iglesia Católica en el año 1963. Su finalidad fue la organización de las poblaciones campesinas en torno a un proyecto económico-social que hiciera posible la articulación beneficiosa de los sistemas de producción minifundistas con el capitalismo que se estaba expandiendo en el campo, así como la mayor autonomía con respecto a los hacendados y agentes políticos en el proceso de desarrollo económico. El movimiento se desenvolvió en varios departamentos del país hasta que a mediados de la década del ’70, el régimen autoritario de Alfredo Stroessner, lo desmanteló a través de una sistemática persecución y represión violenta.
[2] El proyecto de Stroessner de evitar la industrialización paraguaya se demostró cuando grandes sumas de dinero provenientes de la construcción de la represa hidroeléctrica de Itaipú en los años ‘70, no fueron canalizadas e invertidas en una política de desarrollo industrial nacional. Y era el momento histórico de hacerlo. A su vez, dicha política tenía el objetivo de evitar el surgimiento de un sector obrero que otorgue a las clases populares la posibilidad de tomar distancia de su adhesión clientelista al régimen.
[3] O’Donnell, Guillermo, El Estado Burocrático Autoritario, Buenos Aires, Editorial de Belgrano, 1982.
[4] Al respecto basta recordar el célebre “Pacto de Gobernabilidad” en el año 1993, promovido por Domingo Laíno, entonces presidente del Partido Liberal Radical Auténtico. Actualmente, diferentes partidos minoritarios, que van desde el partido País Solidario, el Partido Progresista Democrático hasta el Partido del Movimiento Popular Tekojoja o el Partido del Movimiento al Socialismo, pretenden incrementar su “cuota de estado” y pugnan por conformar la burocracia, como ha sido la constante en la apertura del empleo público a partidos de la oposición durante toda la “transición democrática”.
[5] Otra objeción, no solo al Partido Patria Querida, sino a la mayoría de los partidos políticos conducidos por poderosos empresarios, consiste en que éstos ponen en tela de juicio la transformación del status quo, ya que éste les ha sido funcional al crear las condiciones del origen y mantenimiento de sus fortunas. En otras palabras, los grandes privilegiados de una estructura social que permite una repartición injusta de la riqueza, no tomarán partido por cambiarla. Basada en esta objeción, la pugna entre estos agentes consiste más en una competencia por espacios de poder que en una divergencia de proyectos de sociedad.
[6] Ortiz, Luis; “El ocaso del estado stronista. Elecciones políticas y cambio social”, Rebelión, Abril de 2008:http://www.rebelion.org/noticia.php?id=66276 .
[7] Estos seis puntos son: 1. la posibilidad de que Paraguay, a través de su empresa eléctrica estatal, comercialice directamente en el mercado brasileño la energía que le corresponde en Itaipu; 2. el incremento de la compensacion actual, por parte de Brasil, del uso del excedente paraguayo no utilizado; 3. la administracion conjunta de todas las esferas de la entidad binacional Itaipu; 4. la construccion de una linea de transmision de la energia desde la central hidroelectrica hasta los umbrales de la region occidental paraguaya; 5. la “libre disponibilidad” de la energia que le corresponde a Paraguay a partir del año 2023 (uno de los puntos más controvertidos de la “renegociación” pues no es un logro de ésta sino que es un punto que estaba previsto en el mismo Tratado por ser el año en que éste fenece), y 6. la conclusión de las obras de drenaje para hacer viable la navegacion del rio Paraná.
[8] Con una población cada vez más enardecida frente a las circunstancias económicas agobiantes y con dirigentes políticos así como potentados económicos insensibles al sufrimiento de la población, las múltiples respuestas al malestar empiezan a hacerse sentir como violencia delictiva, como sucede con las afrentas contra la seguridad pública, como violencia anti-institucional como ocurre con la ocupación de propiedades rurales por parte de campesinos hambrientos, o como una combinación de ambas, que es el caso de la emergencia de grupúsculos armados como el “Ejército del Pueblo Paraguayo” (EPP).
[9] Estas enormes diferencias son las mismas que permiten a los agentes responsables del rezago económico imputar a los agentes desfavorecidos la amenaza a la “unidad de la familia paraguaya” o el avance del “peligro comunista”. No existe dificultad, al detentar el monopolio de la violencia física y simbólica, en golpear día y noche contra los que no cuentan ni siquiera con la instruccion escolar básica.
[10] Ver: http://www.abc.com.py/abc/nota/19294-El-Gobierno-fomenta-la-lucha-de-clases-marxista-con-el-dinero-del-pueblo/; http://www.abc.com.py/abc/nota/39184-Lugo-olvida-pacto-social-e-incita-a-lucha-de-clases/
[11] Este fue el caso de la campaña “ABC miente”, que ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil, cansados de la tendenciosa campaña mediática del diario ABC Color, dirigieron para sugerir dejar de consumir dicho medio. La adhesión de la población, contra todo pronóstico fue alta hasta el punto que se hizo “noticia”. El medio de información en cuestión increpó al mismo Presidente de la República, Fernando Lugo, de dar explicaciones sobre la campaña. Como si la iniciativa de contestación que atrajo la adhesión de ciudadanos libres fuera obra del jefe del Poder Ejecutivo.
Por Atilio A. Boron
