EL CONGRESO NO DEBE REABRIRLA PUERTA DE LA PROSTITUCIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR
El Congreso debe volver a suspender la creación de nuevas universidades. Su responsabilidad es contribuir al mejoramiento de la calidad de la educación terciaria. Contra este compromiso atenta al favorecer la apertura de unidades académicas que solo lucran con la "enseñanza". Ahora le impele sancionar una ley capaz de transformar la universidad y convertirla en un sistema de formación integral, científica y técnica, a la vez de pensamiento crítico y racional. De ese modo hará viable el país.
Al vencer la legislación que suspendía temporalmente la creación de universi- dades e institutos superiores de educación, el Parlamento está obligado a aprobar otra ley que prolongue por un año más las nuevas habilitaciones. El proyecto presentado por un grupo de legisladores para frenar de nuevo la creación de nuevas universidades debe ser aprobado cuanto antes.
La prolongación tiene que extenderse hasta tanto el Congreso no san- cione una Ley de Educación Superior, hoy en estudio. La misma estable- cerá las normativas necesarias para estandarizar -mediante niveles de excelencia- la formación académica, así como los mecanismos adecua- dos para la evaluación y habilitación de las universidades e institutos superiores.
Y mientras se avance en la búsqueda de consenso para esa ley, el Con- greso, en todo caso, deberá legislar específicamente sobre la transparencia informativa, el financiamiento y la estructuración apropiada para la eva- luación y acreditación de la educación superior.
El estado actual de la mayoría de las universidades e institutos supe- riores demanda imperativamente esas legislaciones específicas. Al dero- garse la ley que exigía dictámenes de órganos académicos y técnicos, en relación a los programas, docencia, infraestructura y equipamientos de la educación terciaria, los parlamentarios dieron lugar a la expansión incon- trolada de nuevas universidades.
Hoy operan en el país 51 universidades y más de 100 institutos, los que, a excepción de unos pocos, no reúnen las condiciones para calificar como tales. Y que al no cumplir con los fines de una formación profesional de calidad, de investigaciones, de producción de conocimientos y la reno- vación disciplinaria, son un riesgo para el país. Incluso una estafa y frus- tración para los egresados, quienes al no estar debidamente preparados no consiguen empleo, porque proceden de instituciones que no inspiran confianza.
En este periodo de suspensión temporal estarían ya más de 20 nomen- claturas interesadas en obtener del Congreso la ley habilitante. Sería una necedad que contaran con los votos necesarios para la aprobación respec- tiva. Antes bien, el Parlamento debe prolongar la suspensión por otro año más. Algo hay que hacer para iniciar la disrupción del mercantilismo en la educación superior.
En lo fundamental, se debe perfeccionar el anteproyecto que lleve el cambio a la universidad. Y en la dirección de un nuevo sistema de grado y de posgrado que asegure una educación de calidad en las instituciones públicas y privadas. Así, estas podrán contribuir a la formación cualificada de los profesionales, a la actualización continua y al desarrollo del país. Sin mejorar la universidad, nuestro futuro está condenado al dominio de la mediocridad. Y a una nación inviable.
1 comentario
Anónimo -
Es fundamental que funcionen mecanismos que le den a la sociedad paraguaya la certeza de que la búsqueda de la excelencia, el desarrollo científico y la solidez ética forman parte central de la educación superior
Expira hoy la ley que suspende temporalmente la creación de nuevas universidades e institutos superiores, que había sido aprobada por el Congreso nacional el año pasado. La medida fue adoptada por el término de un año, sin posibilidad de prórroga. Ahora, la Comisión de Educación, Cultura y Culto del Parlamento recomienda a la Cámara de Diputados el rechazo de un proyecto de ley que amplía la suspensión de crear nuevas universidades hasta tanto se estudie y sancione la Ley de Educación Superior. Con esto, queda allanado el camino para la apertura en el corto plazo de al menos 25 instituciones cuyos promotores tienen en trámite las solicitudes y documentaciones correspondientes. En la actualidad existen ya 87 casas de estudios universitarios o superiores reconocidos y en funcionamiento y que expiden certificaciones académicas de validez legal.
La proliferación desmesurada y sin control de universidades privadas es un síntoma del creciente deterioro de la educación superior en el país. Sin contar con los recursos materiales más elementales, las condiciones técnicas y el capital humano necesarios, han brotado en los últimos años universidades de todo tipo y clase. También están las que sí cubren los requerimientos básicos, pero son la minoría. Lo que abunda son instituciones sin seriedad que ofrecen títulos y diplomas a quien disponga del dinero suficiente para solventar los cursos. El estudiante mediocre o perezoso tendrá las oportunidades y facilidades que precise siempre y cuando ostente la virtud de la puntualidad en las cuotas y aranceles. Aprovechando las lagunas o deficiencias de nuestra legislación en materia de educación superior, personas con más vocación para los negocios que para la docencia han logrado convertir la certificación académica en una mercancía de mala calidad.
Universidades de garaje y pizarrón, las calificó con acierto el ministro de Educación.
De cara a los intereses de la nación, aumentar sustancialmente la calidad de la educación en todos los niveles es una apuesta estratégica. No puede permitirse la habilitación de universidades e institutos superiores sin un marco legal y organismos de fiscalización apropiados que garanticen mínimos rangos de calidad de la enseñanza. No se trata de ningún modo de prohibir o trabar la fundación de instituciones educativas, pero es fundamental que estén previstos mecanismos que le den a la sociedad paraguaya la certeza de que la búsqueda de la excelencia, el desarrollo científico y la solidez ética forman parte central de la educación superior. Para ello es evidentemente crucial el estudio y la promulgación de una Ley de Educación Superior que establezca parámetros para medir y juzgar el nivel de la formación de las universidades y las condiciones para el otorgamiento de las habilitaciones.
Esto es particularmente importante en las carreras relacionadas a la salud, a la construcción o de profesiones que puedan entrañar algún peligro para quien las ejerce o para terceros.
El Estado tiene la obligación de velar por el derecho de los ciudadanos a recibir una educación de calidad, haciendo inversiones en sus propias instituciones y también asegurando que quienes estudien en centros privados no sean estafados y adquieran efectivamente las capacidades indispensables para el trabajo profesional.
http://anteriores.lanacion.com.py/noticias/noticias.php?not=330818&fecha=2010/10/15