Una nueva serie de asaltos violentos a domicilios y comercios volvió a inquietar a la ciudadanía en los últimos días. Se trata de robos de montos menores de dinero, realizados con rapidez por los delincuentes, generalmente en locales sin resguardo o protección y en horas de la noche o de la madrugada. Las estaciones de servicio son víctimas repetidas de este tipo de golpes en los que con frecuencia los ladrones se desplazan en motocicletas -lo que les ha valido el mote de “motobandis” por parte de la gente-, agreden a empleados y los despojan de sus recaudaciones. También se han denunciado asaltos en otro tipo de comercios, abiertos toda la noche, como lugares de expendio de bebidas alcohólicas y alojamientos de tránsito. A estos delitos hay que sumarle los despojos en plena calle o en el transporte público y los robos en residencias.

Es decir, un conjunto de pequeños atracos -que apenas figuran en las crónicas policiales de los diarios- pero que alimentan una creciente sensación de inseguridad en la población. La responsabilidad por esta situación la tiene no solamente la Policía, sino también el sistema judicial vigente en nuestro país, que permite que delincuentes con una gran cantidad de antecedentes penales puedan obtener su libertad en el corto plazo. Los organismos encargados de aplicar la ley e impartir justicia suelen mostrarse excesivamente veloces a la hora de eximir de la cárcel incluso a quienes han reincidido o que fueron capturados en flagrante delito. Es preciso considerar que de estos asaltos de poca monta, un alto porcentaje de sus autores pasara por lógica a la comisión de delitos de mayor gravedad. Es solo una cuestión de tiempo. Pero si el aparato judicial registra falencias, la Policía no se queda atrás. En este caso, el combate central es interno.

 

Muchos de estos pequeños golpes llevados a cabo en barrios residenciales, en áreas apartadas o periféricas se organizan y ejecutan con la anuencia, cuando directa complicidad, de agentes policiales. Una de las tareas pendientes del gobierno es desmontar definitivamente esta aceitada máquina de recaudar en que se ha convertido una parte importante de la institución policial. Los índices de corrupción interna continúan siendo muy altos, pese a los primeros esfuerzos -lamentablemente abandonados- desde el Ministerio del Interior en el sentido de desarmar las roscas mafiosas que operan dentro de la Policía. Urge que la institución recupere su prestigio y vuelva a ser respetada por la ciudadanía, que debe ver en los agentes a sus protectores y no a posibles agresores. Un profundo saneamiento ético de la Policía es una condición ineludible para el combate a la delincuencia y la inseguridad.

 

Para ello, es necesario fortalecer decisivamente el Departamento de Asuntos Internos y ampliar las funciones y prerrogativas de un tribunal de conducta intachable. El gobierno debe dar pasos firmes y veloces hacia una transformación de fondo de la Policía e impulsar, con los demás poderes del Estado, cambios urgentes en la estructura judicial. De lo contrario la inseguridad acabará minando su autoridad. La cuestión tiene además eventuales consecuencias políticas, ya que un estado de permanente inseguridad alienta proyectos autoritarios. La democracia y el miedo no son compatibles.

http://www.lanacion.com.py/articulo.php?construir-una-sociedad-segura&edicion=2&sec=29&art=9711

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