Por Horacio Isaías Enciso C.

Nos hemos acostumbrado a escuchar siempre en las conversaciones relacionadas con el Gobierno que los colorados acaparan las licitaciones, que se enriquecen ilícitamente, y una serie más de adjetivos que se volvieron naturales en el lenguaje y ya no sorprendían.

Aún sin recuperarme de la sorpresa por la decisión del Gobierno de echar a la calle al director de Contrataciones Públicas Jorge Zárate, según se dijo, por no prestarse a apañar una licitación dirigida en la ANDE, en la que se quiso pagar 5 millones de dólares más en la compra de cables, me pregunté cómo hicieron los anteriores directores para sobrevivir entre los colorados.

Al hacer memoria, me encuentro con que la institución se creó durante el gobierno colorado de Nicanor Duarte Frutos. Y el primer administrador que se encargó de organizar la Dirección duró todo el gobierno anterior y casi dos años del actual.

 

Es decir, en menos de tres años, el Gobierno del "cambio" de Fernando Lugo Méndez mandó a la calle a dos directores de Contrataciones Públicas.

 

La forma en la que sacaron al último destituido, Jorge Zárate, fue alevosa, y con justa razón se quejó y exigió que de ahora en más el Gobierno argumente las razones de la destitución de un funcionario, para evitar el manoseo innecesario, y que no se tome el pelo a la ciudadanía al decir que será reasignado a otras funciones.

 

Ese argumento se utilizó para evitar las críticas, debido a que es difícil pergeñar una defensa ante las bajadas de caña de la opinión pública cuando a un funcionario se lo echa por honesto.

 

El presidente de IPS, Jorge Giucich, también dejó el cargo cansado de la presión de parte del entorno del mandatario Fernando Lugo, quien cree que estar en el poder le permite disponer de la cosa pública a gusto y paladar.

 

Ante estas situaciones, las atenciones de la ciudadanía quedan concentradas en la gestión de los sustitutos Eduardo de Gásperi, en Contrataciones Públicas, y Luis Alberto López, en el IPS.

 

Con el ingreso de los nuevos administradores a esas instituciones, de cuyos cambios fuimos testigos, quedamos con la impresión de que los nuevos vienen para dar el gusto a todos los buitres que propiciaron la salida de los que se oponían a las prácticas irregulares.

 

Por lo tanto, como los paraguayos somos malpensados, los nuevos administradores, en honor a sus familiares, sus amigos y quienes los consideran buenas personas, tienen la obligación de demostrar públicamente que no ingresaron a administrar una institución en defensa de los oscuros intereses que propiciaron el alejamiento de sus antecesores.

 

Probablemente, en los casos puntuales que motivaron los citados cambios, sobre los cuales el presidente de la República nada explicó, la decisión será más libre. Sin embargo, en los demás casos que aún no se definen y que aún no han tomado estado público, las presiones continuarán. Esto significa que tanto el director de Contrataciones Públicas como el presidente de IPS correrán la misma suerte si no emiten las resoluciones a medida.

 

 

 

 

 

 

 

 

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