DISCRECIONAL
por Edwin Brítez
El Presidente de la República es el funcionario con mayores privilegios en el país, debido a que, en contrapartida, asume la mayor responsabilidad entre todos los funcionarios del Estado para poner en funcionamiento las instituciones y, a través de ellas, los programas de gobierno y el cumplimiento de las leyes.
Esto no solamente es aquí. Lo es en todos los países democráticos con régimen republicano.
Tales privilegios están establecidos en la Constitución y en las leyes nacionales. Pero solamente a medias; la mayoría de los “derechos” de que disfruta el ciudadano presidente o presidenta (cuando la tengamos) corresponden al amplio campo de la discrecionalidad, esa potestad gubernativa en las funciones de su competencia que no está reglada y que, por tanto, no está sujeta a ningún compromiso de regularidad.
En puridad, el presidente disfruta de mayor margen de discrecionalidad que de privilegios. Estos están reglados y son propios de países con democracia fortalecida, mientras que lo discrecional no está reglado y corresponde a los países con instituciones débiles.
A decir verdad, un presidente hace lo que quiere, siempre y cuando se asegure de saber invocar la mayoría, la justicia y la ley. Estos no son más que amigos que lo apoyan desde los partidos políticos y los poderes Judicial y Legislativo, con la intención de aguardar la llegada del turno para hacer exactamente lo mismo.
El presidente tiene el privilegio de que el Estado costee todos sus gastos personales y familiares, además de contar con salario, gastos de representación y gastos reservados. Tiene amplios servicios de seguridad para él y cada uno de los miembros de su familia, inclusive después de terminar su mandato.
Puede viajar al exterior y por todo el país las veces que quiera, con quien quiera, y puede establecer su horario de trabajo, sus días de descanso y vacaciones. Puede gastar sin rendir cuentas y hacerse pagar sus gastos particulares y familiares por encima del salario.
Una forma de que la República del Paraguay rinda homenaje al bicentenario de la independencia es que se establezcan clara y puntualmente los privilegios de que puede disfrutar el presidente de la Nación.
Ya sabemos cuáles son sus funciones, deberes y atribuciones, pero sus privilegios casi siempre se confunden con las determinaciones discrecionales, que no pocas veces rayan el abuso de poder y en algunos casos terminan asociadas a casos de corrupción.
No importa la cantidad de privilegios de un presidente, sino la claridad y racionalidad con que ellos están establecidos en la ley. En nuestros países subdesarrollados, algunos presidentes quieren restar privilegios tratando de ocultar, por ejemplo, sus vacaciones y, a cambio de ello, se inventan cada motivo para realizar viajes, la mayoría de ellos sin sentido ni utilidad para el país, mientras que en países serios los presidentes disfrutan de sus días de descanso y vacaciones sin complejo alguno.
Limitar legalmente la discrecionalidad del Poder Ejecutivo en el Paraguay es de necesidad imperiosa para contribuir al fortalecimiento de las instituciones republicanas. No se pueden “institucionalizar” las libertades discrecionales del presidente para tratar de contrarrestar la debilidad legal en materia de privilegios, como por ejemplo el derecho que se está tomando el presidente Lugo de viajar al exterior para hacerse tratar los problemas de salud que le aquejan, aun cuando estos sean situaciones perfectamente tratables en sanatorios de nuestro país.
