POLÍTICA: tapa lo urgente e importante

LA TENDINITIS, EN CUBA

La partida, en el día de la fecha, del presidente Lugo hacia La Habana, Cuba, es todo un símbolo que merece reflexión, pues expone la manera en que el primer mandatario ve su función.

En el tratamiento de su cáncer, la decisión de realizarlo fuera del país se justificó por la inexistencia en Paraguay de los elementos de diagnóstico y control de última generación que ayudan con más eficacia a derrotar a la enfermedad.

Y se justificó porque el cáncer, además, es una enfermedad que puede llevar a la muerte a quienes la padecen y el país debía evitar el trauma de un presidente fallecido debido a ella.

A pesar de esas consideraciones, muchos oncólogos paraguayos cuestionaron ya entonces la decisión del presidente de tratarse en el exterior, señalando que, aún con las limitaciones existentes aquí, muchos pacientes han superado el cáncer sin necesidad de salir del país.

 

Pero la tendinitis es otra cosa. No es una dolencia potencialmente mortal. Y Paraguay dispone de todos los elementos necesarios para tratarla al mismo nivel que en cualquier otro país del mundo, incluida Cuba.

 

El presidente de la República del Paraguay representa al Estado (Artículo 238 de la Constitución). Lo que haga o deje de hacer habla, a los paraguayos y al mundo, sobre lo que Paraguay es y no es.

 

Que el presidente desprecie a la medicina paraguaya para tratarse una tendinitis está diciendo a la ciudadanía que la medicina que se le ofrece aquí no merece aprecio, ni siquiera para atender a un mal menor.

 

El mensaje lo transmite el mismísimo administrador general del Estado, por lo que no puede tener mayor impacto que este en la opinión pública que se pregunta, con razón, si no conviene buscar médicos para la tendinitis en cualquier otra parte.

 

Y que vaya a atenderse a Cuba dice también alguna cosa.

 

Cuba es un país aliado y amigo de Paraguay y esta columna no pretende discutir la calidad o la utilidad de la amistad y alianza con Cuba. No es ese el objeto de la siguiente consideración.

 

La reconocida neurocirujana cubana Hilda Molina, quien perteneció por años al círculo íntimo del entonces presidente isleño Fidel Castro, relata en su libro “Mi Verdad” que el sistema cubano de salud se usa para recaudar fondos para el gobierno, retaceando camas, medicinas y calidad a los ciudadanos de Cuba, que son puestos en segundo lugar en la lista de espera cuando hay un extranjero interesado.

 

Esa situación de privilegio es la que va a aprovechar Fernando Lugo, sin decir si va a gozar de una invitación para el efecto del gobierno de Cuba, en cuyo caso nada hay que discutir, o si hará pagar a los contribuyentes paraguayos los precios con que el sistema de salud cubano recauda fondos para su gobierno.

 

A falta de información oficial consolidada, hay lugar para reclamar que el dinero público que se usará en el viaje presidencial bien podía haberse invertido en mejorar los tratamientos de tendinitis en Paraguay; en mejorar la formación de los médicos que tratan la tendinitis; en adquirir para los hospitales públicos los instrumentos necesarios.

 

Pero se gastarán esos recursos en Cuba.

 

Por si todo esto fuera poco, el entorno cercano de Fernando Lugo agregó confusión al tema, al señalar que, en realidad, el presidente le miente al país sobre el motivo de su viaje pues lo que quiere en Cuba es bajar de peso. Un presidente no tiene derecho a mentir, tiene prohibido por la Constitución mentir.

CIUDAD CAÓTICA = POLÍTICOS INSACIABLES

 

• Por Erwing Rommel Gómez

El reciente autoaumento de G. 3.000.000 aprobado por la Junta Municipal de Asunción en las dietas de sus 24 concejales no es más que una muestra del desprecio que tiene la clase política de nuestro país hacia los sectores menos favorecidos de la sociedad.

Los jugosos ingresos mensuales que perciben ediles, senadores, diputados o cualquier otro mal llamado representante del pueblo no va en proporción con la productividad que debiera tener el trabajo que realizan en favor de las necesidades más sentidas de la población.

La realidad de esta gente desvergonzada es la de acceder a vehículos lujosos, mansiones, vacaciones en ciudades veraniegas del continente o Europa, ropas finas, cenas en los mejores restaurantes, regalos a amantes casuales, etc. Además, casi todos tienen negocios particulares que merced a influencias o su cercanía con el poder les permiten obtener ingentes ventajas económicas.

 

Se trata de una situación que dista abismalmente de la precaria situación económica que afecta a la gran mayoría de los habitantes de nuestro castigado Paraguay. Cada vez hay más gente, entre niños, adultos mayores y/o mujeres embarazadas, trabajando en las calles en condiciones infrahumanas, bajo el ardiente sol y el riesgo de ser arrollados en avenidas de tránsito rápido, para ganar algunas pocas monedas. La posibilidad de conseguir un empleo digno es improbable en la actualidad, aún cuando se tenga un excelente currículo académico y antecedentes de honestidad.

 

En el caso de la Comuna capitalina, los miembros del cuerpo legislativo comunal asunceno se aseguran un salario de G. 7.400.000, a lo que se suma un gasto de representación de G. 6.600.000; asistencia parlamentaria de G. 5.000.000 y cupos de combustible por G. 1.000.000, totalizando haberes por G. 20.000.000 mensuales.

 

Y la jugada siempre es maestra. El aumento se da precisamente en las dietas para que a la hora de la jubilación, que en el caso de los parlamentarios ya la quieren lograr de ser posible en un solo periodo de mandato, el ingreso no sea una suma tan insignificante de modo que les posibilite mantener el nivel de vida al que se acostumbraron en su maratónica carrera política.

 

Mientras ellos sesionan en sus cómodos curules, en una sala con aire acondicionado, bocaditos, agua mineral y otras atenciones, la ciudad se vuelve cada vez más caótica, con problemas que lejos de ser atendidos van agravándose por la desidia de las autoridades de turno.

 

El descontrol se enseñorea en la vía pública, con vehículos y motocicletas estacionados en las aceras o sobre franjas peatonales; puestos de venta informal que obstaculizan el paso de los peatones; cuidacoches que exigen entre G. 10.000 y 20.000 por una dudosa atención del rodado, que en nada se diferencia del pago de tasas municipales por servicios no prestados.

 

El municipio no tiene dinero para renovar los 212 cruces semafóricos que hoy día se encuentran en gran parte obsoletos y que al caer en disfunción se convierten en pasaportes a una muerte segura. Tampoco hay recursos para adquirir una flota de camiones recolectores y volquetes que puedan poner fin a la proliferación de vertederos clandestinos que se forman en cualquier parte y que contaminan el medio ambiente.

 

Asunción desperdició en todo este tiempo de vacaciones de las instituciones escolares, que ya llega a su fin, sus plazas y parques, que en alto porcentaje estuvieron descuidados, con sus juegos infantiles rotos y las malezas ganando a la vegetación ornamental.

 

Sin embargo sí hay plata para pagar a estos concejales -al menos a muchos de ellos- que se pasan priorizando intereses político-partidarios antes que la elaboración de minutas que realmente apunten a dar respuestas y soluciones a los contribuyentes que con el abono de sus tributos generan esos altos salarios.

 

En tanto, el ciudadano común no tiene otra que ver pasar el carnaval de abusos y esperar que llegue una nueva elección.

EL GOBIERNO DE LUGO PERSIGUE A LOS QUE DENUNCIAN LA CORRUPCIÓN

En los últimos días se han sucedido hechos graves que desnudan el poco respeto por la institucionalidad y las leyes de parte del mismo oficialismo y también de exponentes de la oposición. Según van sucediéndose los acontecimientos, representantes del Gobierno y otros integrantes de la denominada “clase política” parecen haber acordado al unísono pisotear la legalidad y despreciar la decencia en el manejo de ciertos asuntos, sin importarles el grave daño que con ello ocasionan a la República.    

No otras, por cierto, son las derivaciones escandalosas que están registrándose por la investigación del fiscal de Delitos Económicos, Eduardo Cazenave, que detectó grupos de “planilleros” (gente que cobra, pero no trabaja) en el Tribunal Superior de Justicia Electoral, entre quienes estarían once jugadores de fútbol del club 24 de Mayo de Ypacaraí, al cual están ligados el senador Juan C. Galaverna y su hijo “Nano”.    

Estallado el escándalo de este hecho de indudable tinte corrupto, la primera reacción del miembro del Tribunal Superior de Justicia Electoral, doctor Juan Manuel Morales, fue el agravio contra el fiscal investigador, a quien calificó de “mbóre” por su iniciativa de indagar un hecho ilícito y cumplir con la Constitución y la ley. El ministro también mandó obstaculizar la investigación de la Fiscalía, negando los pedidos de informes a través de funcionarios de menor rango que no pueden defenderse mediante el alegato de haber recibido una “orden superior” de su jefe como en la época de Stroessner, con lo cual el citado magistrado se colocó en más entredicho aún con la ley.    

A tono con esto, el cuestionado senador “Calé” Galaverna profirió una serie de acusaciones sin sentido contra el fiscal Cazenave, además de amenazarlo con un procesamiento a través del politizado Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados.    

Hay que decir que esta es la típica reacción propia de quienes se enfrentan a una situación de dudosa legalidad buscando evadir sus responsabilidades, sea porque tienen techo de vidrio y se creen poderosos puesto que ocupan una banca en el Congreso o porque tienen algún grado de influencia política en el Paraguay. De ninguna manera, en caso de sospecha, asumen una actitud de disposición positiva con la justicia y sus operadores. Simplemente, se limitan a negar el hecho y atacar a la persona con cualquier acusación, pero sin refutar los cargos.    

Similar fenómeno se da con la destitución de la funcionaria Ana González de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) de su cargo de directora de administración. El pecado de la mencionada ex funcionaria es ostentar el carácter de testigo principal en la causa que se le sigue a Camilo Soares, titular con permiso de la SEN, por los supuestos hechos punibles de lesión de confianza y perjuicio contra el patrimonio público de 900.000 dólares.    

En este caso, el propio gobierno de Lugo, mediante maniobra tramada en la SEN con la complicidad de Lilian Soto, secretaria de la Función Pública, inventó la forma de deshacerse de ella. El argumento expuesto es realmente ridículo y se destaca la acusación de no haber denunciado los hechos punibles que llegaron a su conocimiento en su momento, cuando Soares se desempeñaba aún en forma activa como titular de esa institución.    

Como se sabe, una vez trascendido el supuesto hecho irregular del cual está acusado Soares, este fue separado del cargo luego de mucha presión mediática y ciudadana, pero el gobierno de Lugo le otorgó “permiso”. Pero esta no fue la suerte de la funcionaria Ana González, quien por otra parte no tuvo la oportunidad de aclarar su responsabilidad en los hechos que le imputan, sino que fue directamente despedida. En este caso se nota a las claras que el Gobierno practica un favoritismo inaceptable y es complaciente con la corrupción, hasta el colmo de castigar a quienes se atreven a buscar el cumplimiento de la institucionalidad y la ley.    

La ciudadanía que considera al estado de derecho, la institucionalidad y la decencia como los valores que deben regir la vida en toda sociedad moderna y sana, democrática y abierta, debe tomar nota atentamente de la forma como el Gobierno y sus partidarios manipulan las cosas públicas desde la cúspide del poder para que, llegado el momento de las elecciones, les aplique el castigo que se merecen, mediante el ejercicio de su sagrado derecho del voto.

 

http://www.abc.com.py/nota/el-gobierno-de-lugo-persigue-a-los-que-denuncian-la-corrupcion-5993/

LA EXTRADICIÓN EN EL PARAGUAY

• Carlos Fleitas

Si bien etimológicamente proviene del vocablo latino griego ex que significa de, y de la acepción latina traditio onis, que indica la acción de entregar, no es fácil establecer un concepto único de esta figura jurídica.

Es así que se entiende por extradición el acto de cooperación internacional que tiene por finalidad la entrega de una persona que se encuentra en el territorio del Estado Requerido a fin de ser entregado al Estado Requirente, con el objeto de facilitar el enjuiciamiento penal del individuo reclamado, o bien, la ejecución de una sentencia previamente impuesta al extraditado por parte de las autoridades judiciales del Estado solicitante.

Los fundamentos de esta institución tienen que ver con un tema sumamente candente en la actualidad, la llamada jurisdicción internacional,

En el presente, asistimos a lo que muchos estudiosos han llamado la jurisdicción universal. Hoy están en la primera plana de los periódicos más importantes las solicitudes de requerimiento de Galavarino Apablaza por parte del Gobierno de Chile a la República Argentina, o de Arturo Cubillas por del Reino de España a la República Bolivariana de Venezuela, sin dejar de mencionar aquellos casos que han sentado jurisprudencia a nivel mundial como lo son las solicitudes de extradición del general Augusto Pinochet de la Justicia Española a la Justicia del Reino Unido o del ex presidente Alberto Fujimori de la Justicia peruana a la Justicia chilena.

Es en ese sentido que José Dibur y Santiago Deluca en su libro Extradición, expresan acerca del fundamento de esta figura jurídica que “se ha dicho que la extradición internacional es un acto de asistencia jurídica cuyo fundamento radica en el interés común a todos los Estados de que los delincuentes sean juzgados, y eventualmente castigados, por el país cuya jurisdicción corresponde el conocimiento de los respectivos hechos delictuosos sin admitirse otros reparos que los derivados de la soberanía de la nación requerida, de las leyes o tratados que rigen el caso”.

Debemos mencionar, que existen tres sistemas imperantes en esta materia, que son, el Administrativo, en el cual el Poder Ejecutivo es el que resuelve la procedencia o no del pedido; el Judicial, en que el Poder Judicial es el que dicta la resolución definitiva y el Mixto, donde en primera instancia resuelve el Poder Judicial pero luego el Poder Ejecutivo tiene la posibilidad de modificar el sentido de la misma, atendiendo al interés nacional de la causa. En nuestro país rige el Sistema del Poder Judicial, de conformidad a la normativa legal nacional.

En el sistema jurídico paraguayo, el proceder legal se halla establecido por el Código de Procedimientos Penales e involucra a varias instituciones, hasta llegar al estado de sentencia de la causa. Primeramente el Ministerio de Relaciones Exteriores, autoridad central en la materia, a través de la Dirección de Asuntos Legales, posteriormente la Corte Suprema de Justicia, con intervención de la Dirección de Cooperación Internacional y la Fiscalía General del Estado, con la Fiscalía de Delitos Internacionales.

Los principios fundamentales que rigen la materia son:

1. La nacionalidad del requerido

En muchos países, el principio consiste en que un Estado puede negarse a la extradición de sus nacionales, en cuyo caso se comprometerá a juzgarlos de conformidad a su propia legislación. En el Paraguay no se aplica este principio, ya que por jurisprudencia se extraditan nacionales.

2. La índole del delito que puede dar lugar a la extradición

Se admite en el derecho internacional que delitos políticos no pueden dar lugar a la extradición. Un gran avance constituye el Tratado de Extradición del Mercosur, vigente en el Paraguay a partir del año 2006, en el cual se señala taxativamente algunos tipos de actos punibles que no pueden ser considerados como delitos políticos, tales como los actos terroristas y el secuestro de personas. La tendencia actual es la de restringir el alcance de la noción de delito político con el objeto de realizar la extradición. Bajo esta premisa Juan Arrom, Anuncio Martí y Víctor Colmán deben ser extraditados al Paraguay para ser juzgados por el delito que se les imputa.

3. Principio de Doble Indominación

Según este precepto, el acto punible debe estar penado tanto en el Estado Requirente, como en el Estado Requerido. Es en este punto donde los defensores de los hermanos Peirano, acusados en la estafa del Banco Alemán, pretenden crear confusión, en razón que la ley uruguaya fue modificada, pero el pedido de extradición al Paraguay se halla firme y la etapa precluida, razón por la cual la extradición debe ejecutarse.

4. Principio nom bis in idem

Establece que no se concederá la extradición cuando la persona reclamada ya ha sido juzgada por los mismos hechos que motivan la solicitud.

5. Principio de Especialidad

Establece que la persona para la que se solicita la extradición solamente puede ser encausada, juzgada y encarcelada por los hechos que motivaron la solicitud.

6- Denegación en caso de pena capital

Si el Estado requerido no inflige la pena de muerte a sus propios reos, puede denegar la solicitud cuando la persona reclamada pueda ser objeto de dicha medida, salvo que se den seguridades suficientes que la pena capital no será ejecutada.

En la actualidad nuestro país tiene firmados 21 Tratados Bilaterales de Extradición. Asimismo se firmaron tres Tratados Multilaterales, de los cuales uno no se halla vigente por no haber sido ratificado, cual es la Convención Interamericana sobre Extradición, otro solo rige solamente con Uruguay, que es el Tratado de Derecho Penal Internacional de 1940 y el tercero rige entre el Paraguay y Brasil, que es el Tratado de Extradición del Mercosur, Bolivia y Chile.

Asimismo, es importante destacar que en caso de no existir acuerdos multilaterales o bilaterales con otros países, la normativa habilita la posibilidad de solicitar la extradición invocando los Principios Generales del Derecho, que en este caso son la reciprocidad y las costumbres internacionales.

En caso de concederse la solicitud bajo esta premisa el Estado Requirente se obliga a actuar de igual manera en caso similar con el Estado Receptor.

Las costumbres internacionales establecen el procedimiento, que en caso de América Latina se toma como fuente la Convención sobre Extradición de Montevideo de 1933 o el Código de Bustamante de La Habana de 1928.

Los tratados internacionales actuales de la materia constituyen un mecanismo imprescindible en la lucha contra la impunidad, que armoniza la cooperación jurídica entre los Estados, a fin de proceder a la entrega de imputados o condenados y reafirmar así los principios del Derecho Internacional en materia penal, así como de las garantías de los individuos, de conformidad con las normas que rigen en cada país.

Asimismo debemos mencionar, que en la actualidad existe una nueva metodología de búsqueda de la impunidad e inmunidad de los delitos, a través de la obtención del estatus de refugiado por parte de los requeridos por la justicia, hecho francamente lamentable, pues con ello se está tergiversando una noble institución que busca proteger a los perseguidos por otros fines, no por delitos comunes, conforme lo establece la Convención de Ginebra de 1951.

Ejemplo de este caso es el de los señores Juan Arrom, Anuncio Martí y Víctor Colmán ante la Conare de la República Federativa del Brasil, que esperamos sea rectificado en breve.

Los casos de las requisitorias de los ex presidentes Augusto Pinochet y Alberto Fujimori han sentado nuevos precedentes dentro de la jurisprudencia de esta institución legal, pues han dictaminado acerca de la no inmunidad de los jefes de Estado en actos tipificados como delitos de lesa humanidad o simples delitos comunes ocurridos durante su gestión como mandatarios que no pueden ser englobados dentro de los denominados actos oficiales.

Tenemos la firme esperanza, que esta noble institución jurídica sea realmente respetada y utilizada por todos los Estados, y así nosotros los paraguayos también podamos afirmar que los crímenes como el de Cecilia Cubas, el secuestro de María Edith Bordón de Debernardi o la estafa a ahorristas del Banco Alemán, no quedarán impunes por la fuga temporal de los imputados a otros países.

Abogado y Máster en Relaciones Internacionales

Ministro embajador en Taiwán

VIVIR EN EL REINO DEL REVÉS | EL PAÍS CON TENDINITIS

Por Benjamín Fernández Bogado

La noticia no pasaría de ser una más en la serie de recursos médicos con que Lugo ha distraído sus grandes limitaciones como conductor de un país si no fuera porque anunció esta semana que su cura se encontraba en Cuba para donde viaja la próxima semana.

El médico paraguayo abrumado por el paciente y, más por la prensa, al tiempo de descalificar la dolencia como grave, sin embargo, sugirió que su atención en el exterior no era descartable e incluso sugería algunos lugares. Con esta nueva bofetada al gremio médico local ya bastante afectado por el escándalo Lacognata y la cínica defensa de Lilian Soto combinada con la perplejidad de Carlos Filizzola ante la destitución del presidente de su partido del IPS o el abierto hartazgo hacia el gobierno de la esposa del ministro del Interior, otra médica: Desirée Masi, podríamos concluir que hay una rebelión en la clínica o entre quienes eran parte del gremio médico de ese hospital de caridad, cuya distancia emotiva y política es cada vez más lejana.

 

Pero lo cierto es que la tendinitis de Lugo podría ser una excelente metáfora del país que vivimos. La enfermedad definida como inflamación del tendón que une músculo con hueso se parece al hecho de que vivimos el mejor momento económico con el peor desempeño posible de la prosperidad.

 

IPS rebosa de dinero y no puede resolver el problema de sus ascensores, nuestros números positivos en economía molestan que no signifique disminución de la pobreza, sino por el contrario un aumento del nivel de incompetencia de gestión de quienes administran dinero para contenerla.

 

El músculo económico del país crece por su lado sin insertarse en el hueso de la población. Con eso no hay contracción y no se genera movimiento. O sea damos vueltas en círculos y las noticias generadas desde la política han terminado por agotar la paciencia de la gente.

 

Los miles de albañiles que no encuentran empleo por falta de cemento reflejan cómo el sobrepeso, una de las causantes de la tendinitis, en material estatal solo consigue frenar el ansiado desarrollo.

 

Los 17 mil contratados en el TSJE constituyen una insolencia política del tamaño de una casa cuando esta institución debería incluso tener sus jueces en el fuero ordinario y comisionados en tiempos electorales, de manera a no cargar innecesariamente el presupuesto nacional deficitario con una población parasitaria.

 

Hay que deshacerse de los lastres, sacar peso de encima para controlar la tendinitis, eso es lo que sugieren los médicos locales abrumados por la decisión del presidente de preferir a los extranjeros en un país donde la atención sanitaria local es solamente premiada con sobresueldos a la ministra y sus colaboradores.

 

Vivimos el reino del revés. Se proclamó austeridad y triunfó el dispendio; se dijo que se combatiría la corrupción y ella se hizo carne y habitó en el gobierno gozando lamentablemente de buena salud y de gran movimiento. Este país de gente austera y mayoritariamente pobre está cansada de estas muestras de soberbia que algunos creen que desde el poder no son percibidos por el pueblo que asiste atónito a una representación decadente de quienes por mucho tiempo juraron que serían diferentes.

 

Es casi seguro que el viaje a Cuba no encierre otra cosa que la fascinación de Lugo de tener una foto con Fidel Castro para luego continuar su "nostalgia tour" por la lejana Vietnam, la exótica Indonesia y la cuestionada -pero útil- Taiwán. Todo sea por la tendinitis justificadora.

 

 

DE CÓMO ENFRENTAR LA IRRESPONSABILIDAD

Por Manuel Ferreira Brusquetti

La situación del Presupuesto General de Gastos del Estado se ha vuelto dramática en la última semana. Se lo ha visto al ministro Borda iniciando un proceso de lobby para lograr la reprogramación de un presupuesto que se salió de todos los carriles: ¡600 millones de dólares de déficit! Eso es mucho dinero acá y en Hong Kong, y más acá que somos pobres.

Lo peor de todo es que normalmente los problemas del presupuesto se arreglan a través del plan financiero que hace el Ministerio de Hacienda y que acaba de terminar. En el plan financiero Hacienda define cuáles, de todos los gastos presupuestados, se ejecutarán primero y, cuáles después. Lo que ocurre es que los gastos que se ejecutan primero son los gastos obligados, por ejemplo, se pagan deudas y salarios, y si sobra plata se gasta en el resto. Normalmente, ese resto son inversiones: rutas, puentes, escuelas, hospitales. En fin lo que el pueblo paraguayo necesita.

El Parlamento lo que hizo es, sin importar cuánto se iba a recaudar, elevar a una suma gigante el número de contratados y además subirle el sueldo a todos los funcionarios, incluso a ellos mismos. Las subas de salarios alcanzan unos 300 millones de dólares, y como son gasto obligado no se pueden recortar en el plan financiero, con lo cual el resultado ejecutado tendría déficit. Si hay déficit hay que cubrirlo y para ello se emite dinero que genera subas de precios. O sea sufrimos todos.

 

La propuesta de Hacienda es, sintéticamente, no contratemos a nadie más porque no tenemos de dónde sacar dinero para sus salarios y subamos impuestos para recaudar más.

 

Si bien concuerdo con una parte de la propuesta de Hacienda, la otra parte me parece muy equivocada. Lugo debería haber vetado la ley del Presupuesto porque estos parlamentarios creen que pueden hacer lo que quieren con el dinero del país. No podemos seguir malcriándolos y dejarlos creyendo que pueden hacer cualquier cosa sin que nadie les diga nada. Es función del Ejecutivo, asesorado por su equipo económico, poner los puntos sobre las íes en este tema.

 

Por esta misma razón, no estoy de acuerdo que como resultante de la irresponsabilidad del Parlamento que busca sostener el sistema prebendario que tanto daño le ha hecho a nuestro país, la solución sea "subir impuestos".

 

Los impuestos no pueden ser hijos de la irresponsabilidad. Los impuestos son cosa seria ya que afectan el patrimonio de las empresas y de las familias. Deben ser el derivado del interés colectivo de implementar políticas que tiendan a llevar a la nación a un estadio superior para todos sus habitantes. Los impuestos son herramientas para generar un proceso de distribución de ingresos dentro de una economía. Y lo que es más importante: los impuestos deben ser utilizados para esos fines. La señal que se está dando desde el Parlamento y que debería evitar reforzarse desde el Ejecutivo es "vamos a seguir llenando el Estado de amigos y correligionarios, y cuando falte plata subamos los impuestos".

 

Argumento falaz, si los hay.

 

Subir los impuestos no deriva en mayor recaudación. En Paraguay la capacidad del Estado de obligar es tan limitada que el que no quiere pagar no paga. Es por entender esto que la Ley de Adecuación Fiscal de 2004 ha sido tan exitosa: bajemos la tasa de impuestos y recaudaremos más. Es que es más barato pagar impuestos que coimear a los funcionarios públicos que deberían intentar cobrarlos. Desde que se implementó la ley, la recaudación se ha triplicado y el número de empresas que contribuyen se ha más que duplicado.

 

Las discusiones sobre tributos deben ser seriamente argumentadas y debatidas, ya que nos afectan a todos. Respondamos con responsabilidad a los irresponsables.

“¡QUÉ MBÓRE...!"

por Alcibiades González Delvalle

En estos días el ministro del Tribunal Superior de Justicia Electoral Juan Manuel Morales dijo con toda el alma “ese fiscal mbóre” refiriéndose al fiscal Eduardo Cazenave. Cazenave está ocupado en desenredar un laberinto que esconde nadie sabe cuánto dinero público sustraído de manera irregular.   

El enfado de Morales fue porque el fiscal no le puso al tanto del hallazgo, todavía parcial, de sus investigaciones. En rigor, le corresponde a Morales la función de poner a conocimiento de la fiscalía las anormalidades de la institución, y no al revés.    

La palabra “mbóre” parece haberse originado cuando las fuerzas aliadas ocuparon el país en la Guerra del 70. La versión más difundida es que los brasileños respondían con un rotundo “vai embora” (váyase) cualquier pedido incómodo de los paraguayos. Desde entonces el vocablo se incorporó a nuestro léxico como sinónimo de argelería, animadversión, fastidio: “Imbóre pe tipo”. Se lo usa también en su otro sentido, como aprobación o elogio, pero entonces le acompaña un gesto festivo que marca la diferencia de la otra acepción. También en otra guerra –la del Chaco– surgió una frase que se haría muy popular: “caputi menonita”, para significar la frustración de un deseo.   

 

El “mbóre”, como otras palabras similares, tiene un uso masivo y sin inhibiciones en determinadas capas sociales. En otras, solo aparece en el jolgorio de una reunión familiar. Siempre se busca, en los círculos cerrados, que no trascienda para que no denuncie la “incultura” de quien lo haya proferido.   

 

En la prensa, por ejemplo, nunca vamos a leer que el ministro tal, o el diputado, o el senador, “es un mbóre”, aunque lo fuese sobradamente. El vocablo se reservan los periodistas para sus comentarios en la redacción. O sea que “mbóre” es una voz restringida o ignorada por muchas personas y en muchos sitios. Es curioso porque “mbóre”, en sí mismo, nada quiere decir, a nada remite, no representa ninguna idea salvo la intención que se le quiera dar. Y aquí está el asunto: la intención. Puede contener hasta una tonelada de desprecio, de reproche, de enojo desmedido. Entonces la palabra abarca los círculos más elevados del poder y sale disparada como una bala explosiva. En esta situación de enojo el “mbóre” no tiene rival. Se levanta por encima del “canalla”, “chabacano”, “despreciable”, etc.   

 

Por esta misma intervención en el Tribunal Superior de Justicia Electoral, sobre Cazenave cayó otro rayo fulminante disparado por el senador Calé Galaverna, que le trató al fiscal de “sinvergüenza”. Es porque estaría “tocado”, supuestamente, por el dinero del presidente del Congreso, Oscar González Daher, el cual, según Galaverna, procura desviar la atención en el caso que involucra a la secretaria de González Daher: las tarjetas de débito que ella cobraba a cuenta de varios planilleros del Tribunal Electoral.   

 

Este supuesto desvío de atención aparece cuando, en el curso de sus investigaciones sobre las tarjetas, el fiscal encuentra más planilleros entre quienes –corrió la versión– se encontraría el hijo del senador como futbolista del club 24 de Mayo más otros jugadores.   

 

El senador fue más allá de descalificar a Cazenave: le amenazó –“si sigue haciéndose el gallito”– con ventilar algunos hechos delictivos que comprometerían al fiscal. Por de pronto, como un adelanto, mostró el remangue.   

 

Hubiera sido más fácil para todos, inocentes y pecadores, que el fiscal hiciese su trabajo en una atmósfera más sosegada, más tranquila, sin tantos enojos estridentes. Este tiempo tormentoso que envuelve la debida investigación no hace sino poner en alerta a la opinión pública que estaría pensando, con sobrada razón, que los truenos procuran –ellos sí– desviar la atención de los casos en investigación.   

 

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DISCRECIONAL

por Edwin Brítez

El Presidente de la República es el funcionario con mayores privilegios en el país, debido a que, en contrapartida, asume la mayor responsabilidad entre todos los funcionarios del Estado para poner en funcionamiento las instituciones y, a través de ellas, los programas de gobierno y el cumplimiento de las leyes.   

Esto no solamente es aquí. Lo es en todos los países democráticos con régimen republicano.   

Tales privilegios están establecidos en la Constitución y en las leyes nacionales. Pero solamente a medias; la mayoría de los “derechos” de que disfruta el ciudadano presidente o presidenta (cuando la tengamos) corresponden al amplio campo de la discrecionalidad, esa potestad gubernativa en las funciones de su competencia que no está reglada y que, por tanto, no está sujeta a ningún compromiso de regularidad.   

 

En puridad, el presidente disfruta de mayor margen de discrecionalidad que de privilegios. Estos están reglados y son propios de países con democracia fortalecida, mientras que lo discrecional no está reglado y corresponde a los países con instituciones débiles.   

 

A decir verdad, un presidente hace lo que quiere, siempre y cuando se asegure de saber invocar la mayoría, la justicia y la ley. Estos no son más que amigos que lo apoyan desde los partidos políticos y los poderes Judicial y Legislativo, con la intención de aguardar la llegada del turno para hacer exactamente lo mismo.   

 

El presidente tiene el privilegio de que el Estado costee todos sus gastos personales y familiares, además de contar con salario, gastos de representación y gastos reservados. Tiene amplios servicios de seguridad para él y cada uno de los miembros de su familia, inclusive después de terminar su mandato.   

 

Puede viajar al exterior y por todo el país las veces que quiera, con quien quiera, y puede establecer su horario de trabajo, sus días de descanso y vacaciones. Puede gastar sin rendir cuentas y hacerse pagar sus gastos particulares y familiares por encima del salario.   

 

Una forma de que la República del Paraguay rinda homenaje al bicentenario de la independencia es que se establezcan clara y puntualmente los privilegios de que puede disfrutar el presidente de la Nación.   

 

Ya sabemos cuáles son sus funciones, deberes y atribuciones, pero sus privilegios casi siempre se confunden con las determinaciones discrecionales, que no pocas veces rayan el abuso de poder y en algunos casos terminan asociadas a casos de corrupción.   

 

 

No importa la cantidad de privilegios de un presidente, sino la claridad y racionalidad con que ellos están establecidos en la ley. En nuestros países subdesarrollados, algunos presidentes quieren restar privilegios tratando de ocultar, por ejemplo, sus vacaciones y, a cambio de ello, se inventan cada motivo para realizar viajes, la mayoría de ellos sin sentido ni utilidad para el país, mientras que en países serios los presidentes disfrutan de sus días de descanso y vacaciones sin complejo alguno.   

 

Limitar legalmente la discrecionalidad del Poder Ejecutivo en el Paraguay es de necesidad imperiosa para contribuir al fortalecimiento de las instituciones republicanas. No se pueden “institucionalizar” las libertades discrecionales del presidente para tratar de contrarrestar la debilidad legal en materia de privilegios, como por ejemplo el derecho que se está tomando el presidente Lugo de viajar al exterior para hacerse tratar los problemas de salud que le aquejan, aun cuando estos sean situaciones perfectamente tratables en sanatorios de nuestro país.    

EL PUEBLO PAGA DOBLE

por Alfredo Cantero.

Medio en broma y de veras, como dice la gente, se suele decir que el Paraguay no solamente es un país bendito por la naturaleza sino goza de una extraordinaria resistencia. Ahora que estamos por cumplir 200 años de vida independiente y recorremos la historia de nuestra patria en ese tiempo, encontramos cada periodo de rapiñaje que sufrieron las arcas del Estado.

La festichola comenzó desde el mismo gobierno de los López, quedando luego a discreción de los aliados (brasileños y argentinos) luego de la Guerra del 70. Cuando ellos se fueron, los primeros republicanos en el poder metieron manos al despilfarro con el remate de las tierras públicas y otras propiedades del pueblo.

Y naturalmente si tomamos los últimos 60 a 70 años, es absolutamente admirable que todavía cada generación que llega al gobierno  encuentre bienes de qué apoderarse. Miren nada más lo que pasa en la Justicia Electoral. Lo que podemos decir de dicha situación es, sencillamente, si esto no es robo al pueblo, el robo dónde está. Veamos por qué. La Constitución del 92 establece en su artículo 126 recibir “auxilio económico” de organizaciones extranjeras... y, en consecuencia, el Código Electoral del 96 determina la prohibición de que los partidos y movimientos políticos cuyos representantes acceden al Parlamento Nacional reciban “auxilio económico…” de organizaciones o Estados extranjeros, para evitar que a algún millonario se le antoje comprar alguna banca o, peor todavía, la presidencia de la Nación.

 

Así que cada año, religiosamente, un buen pedazo del dinero que aportan los contribuyentes va a parar en las cuentas de los partidos. ¿Para qué debe servir ese dinero? Uno piensa que debe ser para pagar a los funcionarios administrativos y para solventar las campañas electorales, pero he aquí que no. Otra vez las autoridades de los partidos y movimientos encontraron un hueco en el Código Electoral y no solamente hacen pagar al pueblo el salario de los que trabajan en las oficinas partidarias sino de sus domésticas, maletineros, capataces, jardineros, choferes de sus esposas e hijos; secretarias/os, asesores y, sobre todo, punteros.

 

Así es que a los 40 ó 50 millones de dólares que del dinero del pueblo se destina para el subsidio y aportes a los partidos y movimientos se deben sumar otros 57 millones de dólares para pagar a unos 10 mil funcionarios que los diputados y senadores nombran para que reciban sueldo de la Justicia Electoral. ¿Trabajan en esta institución los 10 mil? Naturalmente que no, por lo menos 8 mil no están en ninguna institución, y dos mil andan por ahí, sabe Dios en qué menester. 

 

O sea, no solamente el país tiene una resistencia extraordinaria, sino la generosidad del pueblo es ilimitada. Si no fuese así, no se entiende cómo paga tanto a los políticos que de provecho no aportan nada; luego les paga para mantener sus partidos y, encima, les paga un ejército de planilleros que deben andar pintando las paredes de los vecinos, repartiendo afiches en los semáforos y acompañando con batucadas a los candidatos en las campañas.

 

Si eso no es ser formidable, no sé lo que ha de ser; tal vez, zonzo. Qué ganas de decirles: ¡Que se vayan todos!   

EL TSJE OFRECE LA OPORTUNIDAD DE SER ZÁNGANO

• Mario Rubén Álvarez

El sueño de casi todo paraguayo bien nacido es ser planillero.

Algunos, abiertamente, buscan -con afán digno de más noble causa- acceder a esa categoría de ladrones privilegiados. Lo confiesan públicamente, sin escrúpulo ni rubor.

Son aquellos que le encuentran a un conocido en la calle y le pregunta: "Mamo pio ikatu akovrami amba'apo'ýrê". Y acto seguido "pela" que ya "figura" en dos instituciones públicas. Para nada esconde que su meta es "sumarse" a otras nóminas obviamente con la intención de recibir más sumas.

Otros son más discretos. Jamás van a sacar a relucir sus intenciones delante de todos. Es más: hasta pueden censurar a los que viven con la obsesión de colgarse a las tetas del Estado sin ofrecer a cambio ni una gota de sudor siquiera. Sin embargo, secretamente, aspiran quedarse en sus casas, vagar todo el mes sin rumbo, hacer sus "cosas" y, a fin de mes, meter su tarjeta en algún cajero recibiendo como respuesta el chorro de unos cuantos billetes que por cierto no son de 2.000 guaraníes.

 

En la época del sanguinario dictador Alfredo Stroessner había planilleros. Pero no existía tanta organización como ahora en este remedo de democracia. Cada uno se agenciaba para que le inventen un hueco por recomendación de padrino. Y como en todos lados, siempre, podía hacerse un agujero, todas las instituciones contaban con su stock de sinvergüenzas robándole al Estado con fanática puntualidad.

 

A partir del 3 de febrero de 1989, el planillerismo está más estructurado. Ya no está librado exclusivamente a la improvisación, al mejor o peor saber y entender de los postulantes.

 

El Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) es la institución que canaliza el grueso del ejército de desocupados que siguen en la condición de tales, pero cuentan con remuneración del Estado.

 

Como en el Congreso los partidos políticos discuten, traban, objetan y censuran lo importante para el país, pero están de acuerdo invariablemente a la hora de despilfarrar en provecho propio el dinero que la gente paga en impuestos, han decidido "derivar" un relevante segmento de planilleros hacia su presupuesto.

 

Los cupos de los partidos políticos y los legisladores que utilizan su opción son, lisa y llanamente, sueldos que se reparten entre operadores políticos y alguno que otro pariente. Cuanto mayor sea la cantidad de ta'ýra -o tajýra, que fácilmente es algo más- que coloque en el TSJE para no hacer nada, más poderoso es ese político. Su poder se mide -también- por la cantidad de zánganos que logra ubicar en el circuito de la haraganería remunerada.

 

A tanto llega el "prestigio" adquirido por el tribunal que cualquier aspirante a planillero siempre lo tiene como una de sus posibilidades principales. Juega a varias puntas, pero su esperanza más vigorosa ancla en ese feudo de tekoreís. No es tan apetecible como Itaipú o Yacyretâ, por cierto. Pero para empezar a cumplir el sueño de ser planillero basta y tal vez hasta sobre.

 

EL CANCILLER LACOGNATA VIOLALA LEY AL SER REMUNERADO POR DOS INSTITUCIONES PÚBLICAS

Las incongruencias de algunos altos funcionarios del Poder Ejecutivo son las que desprestigian al Gobierno del presidente Fernando Lugo. La Ley de Contrataciones Públicas dice claramente que un funcionario del Estado no puede obtener ingresos de dos instituciones, salvo que sea por ejercer la docencia. Contraviniendo esa norma, el canciller Héctor Lacognata cobra en Itaipú y en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Hechos de esta naturaleza son los que van socavando la credibilidad del Gobierno y le van restando autoridad moral ante los ojos de quienes todavía creen que el cambio es posible.

El Paraguay tardará mucho en institucionalizarse porque los que tienen en sus manos el poder, acomodan las disposiciones legales a su conveniencia. Al caer una realidad en el terreno de lo opinable, nunca falta el ideólogo de un atajo para pasar por encima de las reglas establecidas.

 

La situación del canciller Lacognata ilustra a cabalidad esa manera de actuar. En contraposición a su promesa de transparencia y honestidad en la gestión pública, el presidente Fernando Lugo tolera y ampara una situación a todas luces irregular.

 

La Ley 1.626 de la Función Pública, en su artículo 61, establece que "ningún funcionario público podrá percibir dos o más remuneraciones de organismos o entidades del Estado". Y acota, para que no queden dudas, que quien "desempeñe interinamente más de un cargo tendrá derecho a percibir el sueldo mayor".

 

El ministro de Relaciones Exteriores, para comenzar, no ejerce ni este cargo ni el de representante de ese ministerio ante Itaipú en forma interina. Y para continuar, aunque su cargo en la Binacional no sea ese, recibe un sueldo de consejero. En la práctica, la dicotomía entre la denominación de su intervención en el ente paraguayo-brasileño y su salario, es absurda.

 

Por otro lado, del presupuesto de la Cancillería obtiene viáticos, gastos de representación, bonificación, gratificación e inclusive aguinaldo, que es lo que un empleador paga al trabajador en proporción a su salario y los meses trabajados.

 

La conclusión de su situación laboral es muy sencilla: viola la Ley de la Función Pública que prohíbe "percibir dos o más remuneraciones" del Estado. La norma es tan diáfana que solo aquellos que tienen el expreso deseo de enturbiarla pueden encontrarle otra orientación.

 

Hechos de esta naturaleza son los que hablan de que el cambio pregonado por el Gobierno sea tan solo un discurso vacío. El antiguo vicio colorado de pisotear las leyes y adecuarlas a parámetros de conveniencia de los poderosos de turno sigue vigente y es lo que hace llegar a la conclusión de que por un lado van las palabras; por el otro, las prácticas cotidianas.

 

La secretaria de la Función Pública, Lilian Soto, sostuvo que el canciller no puede percibir dos salarios. No hizo más que ceñirse a la Ley 1.626. En el Ejecutivo, sin embargo, no hay voluntad para acatar normas. Y se supone que a un gobierno se lo elige para que cumpla y haga cumplir las leyes. Si no, para qué está.

http://www.ultimahora.com/notas/402527-el-canciller-lacognata-violala-ley-al-ser-remunerado-por-dos-instituciones-p%C3%BAblicas

 

 

 

 

MARATÓN DE POPULISMO

• José  María Costa

      El fallo terminó abruptamente de leerse. Sillas y aparatos volaron por los aires.. En contados minutos, se hizo el caos e imperó la anarquía. Y cuando la situación ameritaba mesura y racionalidad, empezó la competencia. La misma competencia que en el ámbito político nos está llevando a los paraguayos por derroteros de enfrentamientos y destrucción… La competencia del populismo. El populismo oportunista y maniqueo. El populismo que es antesala al gobierno de la irracionalidad.

      Encabezó  el maratón el propio Presidente de la República, mediatizando -por un canal televisivo elegido no por casualidad- la insensata actitud de cuestionar abiertamente un fallo que ni siquiera había sido terminado de exponerse públicamente. Y además, arrogándose la atribución de “sugerir” (vulgo en política criolla: ordenar) al fiscal general del Estado la adopción de una medida procesal de dudosa consistencia legal para tratar de enmedar un fallo desfavorable.

 

      Claro, con esta posición mediática expandida por la ordenada adhesión de sus ministros, el Ejecutivo lograba, en medio de una anarquía que hacía ya temer a esas alturas un “diciembre paraguayo”, ponerse un escudo demagógico y desviar la protesta hacia otros cauces alejados de la propia casa.

 

      Continuó  el maratón con los medios de comunicación y muchos periodistas que en lugar de aplicar una cuota de razonabilidad y cordura, usaron el micrófono como metralleta para aportar mayor virulencia a una jornada de por si desquiciada. Algunos deliraron: hasta sumaron la cantidad de años de posible condena y dividieron por la cantidad de fallecidos en el Ycua Bolaños. Como si fuera que el Derecho fuera una ciencia matemática. Otros empezaron cautos en la cobertura y luego perdieron el profesionalismo hasta dejarse arrastrar por el ritmo de la exasperación y el desborde emocional. Populismo al micrófono, casi tan peligroso como monos con escopetas.

 

      Y el torneo populista prosiguió con connotados referentes de la sociedad. De esa sociedad cínica que pide institucionalidad pero no duda en destruir las bases para ella al primer atisbo de apasionamiento. Un directivo de una universidad, nada menos, dijo que los desbordes y el vandalismo desatados eran algo así como una “terapia admisible”!!!. El dolor no puede justificar tamaña insensatez…

 

      En fin, podemos seguir con el relato de una jornada luctuosa para la institucionalidad y el Estado de Derecho. Podemos referirnos a una Policía desbordada y respondiendo con pedradas a una turba incontrolada. Podemos hablar del cinismo social que pide que escoge el camino judicial pero no se somete al mismo salvo que falle a su favor. Podemos hablar de un Presidente y que del caos y el dolor aún puede sacar réditos políticos, así sea que para ello deba denigrar a otros poderes del Estado. Podemos hablar de una dirigencia política que en lugar de reencauzar la institucionalidad aviva el fuego de la anarquía. Podemos hablar de pastores que mediatizan sus enconos políticos antes que ejercer la autoridad moral para imponer la razón, que es un atributo de la verdadera religión. Podemos recordar que la ley y la justicia son creaciones del hombre para evitar que impere la ley de la jungla, o que aún la sentencia injusta o arbitraria debe ser recurrida por vías legales para que no impere la justicia por mano propia.

 

      De todo podemos hablar, si nos dejan. Si nos permiten que expresemos un punto de vista diferente del que ostentan quienes desde el populismo y la demagogia se yerguen como dueños de la verdad.

 

      La tragedia de Ycua Bolaños ha sido terrible. El dolor es grande y comprensible. Pero en nombre de todo ello, no podemos perder lo único que debe quedarnos como salvaguarda para una sociedad civilizada: el Estado de Derecho.

 

DEBATE SOBRE LAS DROGAS

Una interesante discusión mundial se está desarrollando sobre la despenalización de las drogas. Como Paraguay es uno de los mayores productores regionales de marihuana y un principalísimo paso de cocaína para terceros mercados, la discusión involucra al país y varios exponentes nacionales de la “guerra contra las drogas” (como la llaman en Estados Unidos) se han pronunciado ya en contra.

El gobernador de San Pedro, José Ledesma, propuso abiertamente la legalización de la marihuana, causando la inmediata reacción de rechazo de fiscales como Francisco de Vargas o de Senad, quienes sostienen que despenalizar las drogas requiere acuerdos internacionales y revisar innumerables procesos judiciales finiquitados o en curso.

 

Hay que decir que Ledesma no está solo en su posición. Personalidades mundiales del peso político de Fernando Henrique Cardoso, ex presidente de Brasil, César Gaviria, ex presidente de Colombia y ex secretario de la Organización de Estados Americanos, Vicente Fox, ex presidente de México o Mario Vargas Llosa, ex candidato presidencial peruano y Premio Nobel de Literatura 2010 mantienen hoy esa idea.

 

Y también hay que decir que uno de los argumentos del Ministerio Público y de Senad es endeble, por decir lo menos, pues en cuanto a los procesos judiciales, simplemente debe aplicarse la norma que dice que en los procesos penales se aplica retroactivamente lo que sea más favorable al acusado o condenado (Artículo 14).

 

El otro, referido a los acuerdos internacionales es más serio y, en efecto, impone una compleja interacción con otros países para despenalizar las drogas.

 

Pero antes de tomar cualquiera de ambas posiciones, y esta columna no pretende alentar una u otra, es necesario que la sociedad reflexione desapasionadamente sobre los hechos, los hechos puros, que rodean a la cuestión.

 

Es necesario que Senad, el Ministerio Público y los organismos internacionales que intervienen en la política sobre las drogas paraguaya den a conocer algunos datos relevantes, por ejemplo si el consumo de drogas en Paraguay y en el mundo ha disminuido durante los cuarenta años de vigencia que tiene la política de penalización; si la producción de drogas, en Paraguay y en el mundo ha disminuido durante ese tiempo; si la comercialización (el tráfico), en Paraguay y en el mundo, ha disminuido en tal periodo; si los grupos criminales dedicados al negocio de las drogas se han fortalecido durante esos años; si los gobiernos que los han combatido se han visto inficionados por la corrupción proveniente de las drogas o otras muchas preguntas por el estilo.

 

Si cuarenta años de una política determinada han producido resultados satisfactorios (disminución del consumo, de la producción, del tráfico, debilitamiento de los grupos dedicados al negocio, fortalecimiento de los gobiernos que los combaten) entonces es conveniente a todas luces mantener esa política.

 

Pero si esos cuarenta años produjeron aumento del consumo, de la producción, del tráfico, crecimiento del poder criminal, debilitamiento del poder estatal, entonces esa política está equivocada y produce efectos contrarios a los que dice buscar y es necesario cambiarla.

 

NUEVA OPORTUNIDAD PARA RESCATAR A LA JUSTICIA PARAGUAYA

La elección del doctor Luis María Benítez Riera como nuevo presidente de la Corte Suprema de Justicia bien puede constituir una oportunidad para que la Justicia paraguaya comience a sanearse para reanimar así la desmayada confianza de los ciudadanos.    

Es cierto que los males que aquejan al Poder Judicial son innumerables, se arrastran desde el pasado, responden a la misma forma en que sus miembros son designados, fundada en acuerdos o componendas entre los integrantes de la mal llamada “clase” política. Es decir, la problemática responde a cuestiones de carácter estructural que muy difícilmente puedan llegar a subsanarse por el voluntarismo de una sola persona.    

Sin embargo, los hasta ahora favorables antecedentes del legajo personal y profesional del nuevo titular de la Corte, así como el hecho de que se trata de una figura nueva en la máxima instancia judicial de la República, permiten suponer una lógica, sana y necesaria proyección de sus principios hacia los demás ámbitos del quehacer judicial; un golpe de timón que pueda permitir rescatar a nuestra Justicia del nauseabundo y enlodado charco en el que la sumieron la corrupción, el descrédito y la manipulación política de las últimas décadas.    

En la célebre y recordada carta pastoral de la Conferencia Episcopal Paraguaya (CEP) denominada “El saneamiento moral de la Nación”, del 12 de junio de 1979 –emitida en pleno auge de la dictadura stronista–, los obispos de nuestro país advertían que su mayor preocupación en aquel momento era “el grave deterioro moral de nuestra sociedad, la quiebra de los valores morales que pone en peligro la estabilidad misma de la nación”, atribuido, señalaban, a los “ídolos” de la riqueza, el placer y el poder.    

En medio de aquel estado de postración, la Iglesia destacaba que sobresalían “por su gravedad y urgencia la mala administración de la justicia y la excesiva tolerancia observada en casos repetidos de transgresiones públicas y manifiestas y la impunidad de que gozan sus autores”. El análisis, tres décadas después de formulado, permanece tristemente vigente.    

Es cierto que esta crisis moral a la que aludía la jerarquía católica se refleja hoy de manera similar en el accionar de los tres poderes del Estado: Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Sin embargo, es en este último donde se percibe una descomposición cada vez más acelerada de su estructura, con gravísimas derivaciones para la sana marcha institucional de la República, puesto que es a él al que la Constitución Nacional encargó la custodia e interpretación de sus mandatos y disposiciones.    

En el Poder Judicial se refleja casi a la perfección el inmoral estado de cosas en que la dictadura stronista –principalmente– sumió al país. Su derrumbe se debe a la casi absoluta dependencia del poder de los políticos, así como a una extendida y creciente venalidad de sus miembros. Se impone, pues, una profunda reforma de su estructura, desde los cimientos.    

Sin embargo, esta necesaria transformación choca con dos obstáculos principales: el “cuoteo” político y la imposibilidad de la clase política paraguaya de ponerse de acuerdo para emprender los cambios que se requieren de manera urgente.    

La situación de esclerosis institucional a la que hemos llegado es francamente alarmante, hasta el punto de contarse con fallos de la Corte Suprema de Justicia incumplidos (lo cual constituye un hecho sumamente irregular en todo régimen republicano y democrático) por la fundada sospecha de que han sido producidos de forma espuria; pero al mismo tiempo es imposible impulsar alguna acción concreta tendiente a reparar el daño ocasionado, debido a la absoluta incapacidad del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo para promover los consensos que se requieren para producir reformas estructurales.    

Esta situación, además, constituye un grave obstáculo para el desarrollo del país, puesto que el clima de inseguridad jurídica reinante impide que el Paraguay se convierta en un destino atractivo en términos de inversiones extranjeras, elemento indispensable para estimular el crecimiento económico y la creación de empleo digno.    

Lo decíamos al comienzo y lo reiteramos aquí: es difícil que la voluntad de un solo hombre pueda cambiar este estado de postración moral en que se encuentra actualmente nuestra Justicia. Sin embargo, un liderazgo renovado con intenciones de carácter restaurador puede inducir el inicio de un proceso que lleve al Poder Judicial hacia un nuevo derrotero, que lo encamine por un rumbo de recuperación de los valores republicanos que la Constitución le asigna, entre los que debe brillar singularmente aquel que garantiza su propia independencia y su defensa innegociable del estado de derecho.

 

http://www.abc.com.py/nota/nueva-oportunidad-para-rescatar-a-la-justicia-paraguaya/

LOS POLÍTICOS Y SUS CÓMPLICES DEL TSJE DESANGRAN AL PAÍS MANTENIENDO A PLANILLEROS

 

Los políticos sanguijuelas del Parlamento han encontrado en el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) el canal adecuado para succionar dinero público y despilfarrar los escasos fondos que bien podrían haber sido utilizados en fines más provechosos. El perverso sistema prebendario de cupos ideado por los que sin pudor alguno ubican en esa institución del Estado a sus amigos y correligionarios debe ser eliminado. No es posible que unos cuantos privilegiados abusen de su poder para asegurar lealtades a través de planilleros, entre los que se cuentan hasta jugadores de fútbol. El carnaval tiene que terminar.

Desde la aún vigente concepción de que el Estado es un botín a repartirse, algunos políticos han establecido prodigiosas ingenierías para utilizar el dinero proveniente del pago de impuesto para beneficiarse y repartir migajas entre sus incondicionales.

El TSJE es un feudo estructurado legalmente por un esquema de cupos proporcional a la cantidad de bancas que cada partido posee. Está diseñado para que los legisladores inescrupulosos y sinvergüenzas coloquen a sus adeptos, sin importarles para nada que el gasto en quienes ni siquiera tienen obligaciones que cumplir -en el lenguaje vulgar, planilleros- constituya una grave agresión a las raquíticas arcas del Ministerio de Hacienda.

 

A pesar de las denuncias y ratificando que ciertos políticos no se detienen ante nada con tal de conseguir sus propósitos, la complicidad entre parlamentarios y los ministros -en particular de Juan Manuel Morales- sirvió para ampliar la clientela abastecida por la corrupción. El fiscal que investiga el hecho punible estima que hay entre 6 y 8 mil funcionarios que solo acuden a fin de mes a cobrar sus salarios.

 

Si bien el conocimiento público de esta realidad no es nuevo, es la primera vez que un agente fiscal intenta descifrar la compleja arquitectura del robo impune del dinero de los ciudadanos.

 

A tal punto llegan los abusos que incluso un senador de Ypacaraí -Juan Carlos Galaverna- y un diputado de San Estanislao -Juan José Vázquez- figuran en la lista de sospechosos de hacer que jugadores de equipos de fútbol vinculados a ellos perciban ingresos por los que no han ofrecido ninguna contraprestación laboral.

 

Es necesario que el fiscal Eduardo Cazenave investigue a fondo los detalles de esta verdadera máquina de corrupción e impute a los que han recibido pagos sin trabajar, amparados por sus padrinos y a todos los que abusando de su poder han permitido la comisión de la irregularidad. La cárcel es el lugar en el que tienen que estar.

 

El hecho ventilado pone de manifiesto, una vez más, la absoluta falta de escrúpulos de los que con tal de usufructuar conveniencias son capaces de sobrepasar incluso la barrera del sentido común.

 

La ciudadanía no debe dejar pasar con indiferencia situaciones de esta naturaleza. Es imprescindible que use su poder de presión para cambiar las reglas de juego en el TSJE. No es posible que la institución que rige la vida electoral de la República siga siendo una inmensa olla de podredumbre al servicio de políticos que desangran al país.

 

 

LA MAMADERA

 

• Por Miguel H. López

Cuando la Alianza Patriótica para el Cambio ganó las presidenciales el 20 de abril de 2008, las esperanzas en la posibilidad de un gobierno sin mucha sombra de la corrupción fue un sentimiento generalizado.

Quien más, quien menos, abrigaba cierta esperanza porque los niveles a los que nos habían llevado los sucesivos gobiernos colorados nos tenían con la rabia a punto de estallar por el mal manejo de la cosa pública, de cientos de modos posibles, para provecho de particulares.

Pasaron los primeros 100 días y la cosa pintaba interesante. Había atisbo de hacer bien las cosas y de encaminar de alguna manera cierto saneamiento en los niveles centralizados y descentralizados del Estado.

 

Pasó el año y las cosas fueron generando angustia. Seguían los mismos vicios y la vieja práctica del nepotismo continuaba teniendo espacios interesantes, aunque en menor proporción. Hasta los parientes del presidente Lugo ingresaban a beneficiarse de algún puesto en el Estado. Tras uno que otro escándalo mediático hubo renuncias o las cosas permanecieron igual.

 

Más allá de lo que arrastraba el gobierno inaugurado en 2008, que redujo en parte la galopante corrupción, aunque no la superó y por tanto sigue dañando a todos, siguieron los otros órganos públicos, que continuaron haciendo pasto fresco del presupuesto para ubicar a amigos, amantes, parientes y cuanto correligionario hubiera por ingresar a algún puestito, donde no hace falta siquiera aparecer o trabajar, sino cobrar, esa es la norma.

 

En esa línea, paulatinamente fueron saltando casos tras casos; y hoy tenemos uno bien fresco sobre la mesa: los planilleros del Tribunal Superior de Justicia Electoral.

 

La cosa se viene compleja y, como dirían los amigos y amigas en una jerga juvenil, bastante densa.

 

La investigación fiscal que desnuda un pedacito de la amplia práctica prebendaria y planilleresca vigente aún, volvió a poner en danza el nombre de algunos comunicadores. En todos los casos corresponde que se pongan a disposición y demuestren si es mentira o asuman si es verdad lo que se denuncia. En todos los casos, corresponde aclarar en homenaje a sus familiares, amigos y conocidos, cualquiera de las situaciones. Y cabe la reflexión de que el periodista debe parecer, aparte de ser honesto y adecuado a estándares éticos. El derecho al trabajo asiste a todos, solo que en este caso hay trabajos que trasuntan un compromiso, que lesionan muchas veces la independencia y la imparcialidad y allí es donde lo ético es la medida de las actitudes y acciones.

 

Pero el escándalo en este tema del planillerismo en el TSJE se centró en los comunicadores y no reparó en que el propio Calé Galaverna reconoció haber ubicado a 50 recomendados allí sin descartar los otros tantos en otras esferas públicas; y lo más trascendente, que el órgano del Estado que recibe uno de los más altos presupuestos y maneja lo más sustancial en materia de resguardo del modelo democrático republicano, las elecciones, está atravesada por este tipo de corrupción.

 

Esta situación podría explicar -sumada a la actitud poco transparente de algunos de sus ministros integrantes- por qué algunos resultados de comicios son increíbles.

 

La prebenda en este tipo de prácticas se robusteció en vez de disminuir; y al parecer el actual gobierno tampoco está decidido a sacar la mamadera estatal a los avivados, porque le pueden llorar sus propios hijos.

 

PARAGUAY: ESPERANZA PROLONGADA

 

• POR GUSTAVO TORRES GONZÁLEZ

Fernando Lugo comienza a ser criticado por organizaciones sociales y de izquierda

APE.

A poco de cumplirse la mitad del mandato de cinco años, la gestión del presidente Fernando Lugo Méndez -de enorme expectativa al asumir el mando en agosto de 2008 tras romper 61 años de hegemonía del Partido Colorado- empieza a tener fuertes críticas por parte de los sectores que siempre le han brindado apoyo: los grupos de organizaciones sociales y de izquierda.

El incumplimiento de las principales promesas electorales y el desplazamiento de su gobierno hacia una política más conservadora son los puntos más cuestionados por estos sectores. El retiro del apoyo del Partido Comunista Paraguayo y los cuestionamientos dentro del espacio progresista hacia el gobierno que apoya son una muestra de un posicionamiento más crítico respecto del rumbo que ha ido tomando el gobierno de Fernando Lugo en temas relacionados con la reforma agraria y la seguridad interna.

 

Considerado esto último como un retroceso ante el recrudecimiento de las represiones al movimiento popular y la criminalización de las protestas sociales. Según datos de las organizaciones campesinas, en la era Lugo fueron asesinados ocho dirigentes campesinos en diferentes circunstancias.

 

“Al amparo de la desesperación y el descontento general, las fuerzas represivas del Estado se han visto sobrepasadas en su capacidad de reacción a través del Plan Colombia y la Ley Antiterrorista, que ya entraron en vigencia, con la justificación que significa la existencia de un supuesto grupo armado que se pasea por el monte como un fantasma”, destaca la Coordinadora Nacional de Organizaciones de Mujeres Trabajadoras Rurales e Indígenas (CONAMURI) en el último número del informativo Ñe’ê Roky (en guaraní, palabra que brota), para referirse al autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP).

 

Esta situación es utilizada por el gobierno, a través del Ministerio del Interior, “para cometer abuso como torturas y arrestos arbitrarios perpetrados en su mayoría por la Policía en los últimos dos años en el marco de la búsqueda de supuestos miembros de la guerrilla”, según denunció recientemente la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy) ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

 

Asimismo, cabe mencionar que las organizaciones campesinas denunciaron una vez más nuevos casos de intoxicación masiva por agrotóxicos en una comunidad rural, rodeado de sojales, denominado Yeruti, en el distrito de Curuguaty, en el departamento de Canindeyú, donde recientemente falleció el agricultor Rubén Portillo Cáceres y una diez personas presentaron síntomas de intoxicación causados por inhalación de productos agroquímicos.

 

Los documentos secretos del Departamento de Estado de EEUU filtrados por WikiLeaks dejó al descubierto a su vez la política de seguridad del gobierno al revelar los contactos entre Asunción y Washington, a través de la Embajada de Estados Unidos en Paraguay, para la concesión del sofisticado equipo de escuchas telefónicas para controlar el 90 % de las comunicaciones producidas entre líneas de celulares. El alegato del ministro del Interior, Rafael Filizzola, ante los emisarios de Washington refiere a que los equipos servirían especialmente para espiar los movimientos del EPP, para adelantarse a sus acciones y los sofisticados equipos no tendrían otro fin.

 

Los pasos en falso y la defensa del proceso

 

“Defender el proceso de cambio es denunciar el incumplimiento del programa de cambio”, sostiene el Partido Comunista en un comunicado reciente tras anunciar el retiro del apoyo a la gestión del presidente Lugo. En ese criterio se están instalando las críticas a la gestión gubernamental y los pasos que ha dado hacia una política de privatizaciones relacionadas con las concesiones de carreteras y dragados de ríos (solicitados por empresarios fluviales, sojeros e importadores), cuya ejecución destruirá gran parte de la biodiversidad de los dos ríos más importante, según todos los pronósticos de los ambientalistas.

 

Además, el otro puntal de críticas refiere a las concesiones de aeropuertos, que el Poder Ejecutivo envió al Congreso para su estudio y fue aprobado en primera instancia en la Cámara de Senadores. Los partidos políticos de izquierda que acompañan a Fernando Lugo se oponen a la iniciativa del ministro liberal de Obras Públicas y Comunicaciones, Efraín Alegre, para la aprobación de la Ley de Concesión de Terminales Aéreas, anunciando manifestaciones cuando se tratase en la Cámara de Diputados.

 

Los referentes de los partidos progresistas, agrupados en el Frente Guasu, consideran a esta legislación como una “entrega del patrimonio estatal a los capitales extranjeros” y sostienen a su vez que en la actualidad es rentable en manos del Estado, por lo que no amerita ninguna concesión.

 

Asimismo, el descuido en el que se encuentran los pueblos originarios al carecer el gobierno de un plan de mayor inclusión (habiendo siendo este uno de los ejes de la campaña), así como la no recuperación de las tierras y los bienes mal habidos durante la larga dictadura de Stroessner son puntos de reclamos hacia el Ejecutivo para que rectifique el rumbo en los años que le restan del mandato. Más allá de esta crítica de un sector de sus aliados, alegan los referentes del espacio socialista que la defensa del proceso de cambio que se inició con la elección de Lugo “se llevará adelante con Lugo, sin Lugo y aun contra Lugo”.

 

Entre la gobernabilidad y la opción progresista

 

Si bien los resultados de las pasadas elecciones municipales demostraron que el bipartidismo tradicional sigue siendo muy fuerte, la coalición Frente Guasu se constituyó en un tercer sector como alternativa electoral para 2013 frente al bipartidismo Colorado y Liberal, donde el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) buscará encabezar la chapa presidencial ante la imposibilidad de la reelección de Lugo para competir contra los Colorados.

 

En este escenario se dirimen el debate sobre el modelo de gestión del Ejecutivo a mitad de su mandato, donde empiezan a aparecer nombres y candidatos para suceder a Fernando Lugo desde el interior del “luguismo”, que triunfó en las presidenciales en abril de 2008. “Formamos parte de la lucha del movimiento popular paraguayo, del Paraguay profundo, con reforma agraria, cambios estructurales en materia de distribución de la riqueza, el combate a la pobreza, puntos que hoy están quedando en los papeles, en los discursos.

 

La realidad es que hay un proceso de derechización en todos los órdenes”, asevera a Comunicaciones Aliadas, Marcos Ibáñez, secretario de Comunicación del Partido Tekojoja. “Somos una de las organizaciones de izquierda junto al partido Comunista y Convergencia Popular Socialista, así como varias organizaciones sociales quizás más criticas con la falta de profundidad y la escasa vocación de cambio del gobierno de Lugo, que está quedando prisionero de los sectores tradicionales conservadores.

 

Tekojoja apuesta al proceso de cambio y no a la persona, pasado el tiempo, los cambios no llegan, y hay un desencanto generalizado que se está viviendo en el campo y en la ciudad. Hoy como partido estamos asumiendo una postura de hacer avanzar el proceso cueste lo que cueste, acompañamos las esperanzas de cambio pero no el status quo”, refiere el dirigente del partido Tekojoja.

 

La incongruencia del histórico crecimiento económico

 

Según el Banco Central del Paraguay (BCP), la economía paraguaya creció un 14,5% en 2010. Es la tasa de crecimiento más elevada que se ha registrado en el país desde hace casi 60 años. El 53% de esta expansión corresponde al sector agropecuario, un 11% al sector industrial, un 30% a los servicios, y un 6% al aumento de los ingresos públicos. Sin embargo, este inédito crecimiento económico no será muy prolongado, sostiene el economista de la no gubernamental BaseIS, Luis Rojas Villagra, dadas las estimaciones del propio BCP que ya prevé un modesto crecimiento del 4% del PIB para 2011. “Este crecimiento no impactará significativamente en la mayoría de la población, la que está en situación de pobreza, la que trabaja en la informalidad y la precariedad, y que en su conjunto representa a más de la mitad de los habitantes del Paraguay”, sostiene Rojas Villagra.

 

“El crecimiento del PIB es el crecimiento de aquellos que en nuestro país concentran de forma excluyente la mayor parte de los recursos productivos (tierra, agua, capital y créditos productivos). La mayoría de la población no sentirá, o sentirá efímeramente esta bonanza, para después verse en la misma situación de hace tantos años”, afirma el economista.

 

La esperanza prolongada y sus desafíos

 

La elección de Fernando Lugo como presidente de la República representó una enorme significación política, económica, de gestión pública y cultural, considerando que el país es el que más tarde se sumó al proceso democrático en la región. Es en ese aspecto que los sectores populares señalan sus críticas y piden al gobierno que reoriente su gestión hacia la profundización del proceso de cambio, empezando por defender y recuperar ciertos elementos de autoridad Estatal, necesarios para la profundización de la democracia y los derechos humanos, amenazados por un sistema mercantilista corporativo, donde el poder privado impone límites estrechos a las acciones del gobierno y ejerce un gran control sobre la economía, los sistemas políticos y la vida social y cultural.

 

El cierre del año 2010 fue menos tenso para el presidente Lugo en términos personales y algunos puntos de la gestión gubernamental tras lograr algunos acuerdos con la oposición y alejar el debate sobre un potencial juicio político hacia su persona, teniendo en cuenta por un lado la recuperación de su salud tras someterse a un tratamiento de cáncer linfático, la bonanza del crecimiento macroeconómico y de haber llegado a un acuerdo parlamentario para cubrir cargos vacantes en la Contraloría General de la República, la Corte Suprema de Justicia y algunas embajadas consideradas clave para el gobierno como Argentina y Uruguay.

 

Sin embargo, la representación diplomática ante el gobierno de Brasil y Bolivia sigue sin contar con embajadores y lo convenido para ocupar un cargo en la Fiscalía General de la República, dependerá de cómo seguirá la alianza en 2011 entre el Partido UNACE, del ex general golpista Lino Oviedo, y el Partido Liberal (PLRA) para dar los acuerdos previos compromisos de negociar espacios de poder.

 

Finalmente, la gestión del presidente Lugo, en el año que se conmemora el Bicentenario del país, en el aspecto económico y social tendrá un duro desafío al no contar con un instrumento recaudador como el Impuesto a la Renta Personal (IRP), rechazado por la oposición parlamentaria hasta el año 2013, fin del mandato presidencial. Analistas económicos coinciden que con la aplicación del IRP se transparentaría gran parte de la economía paraguaya al tiempo de formalizar y ayudar a distribuir mejor la carga tributaria.

LA REALIDAD DEL PAÍS DESMIENTE AL PRESIDENTE LUGO

 

Algunos sectores enemigos de la producción y de la empresa privada intentan convencer a la ciudadanía de que es muy limitado el alcance del extraordinario crecimiento económico del 14,5% obtenido por la economía paraguaya en 2010, una de las tasas más altas del mundo. Recurren al viejo y falaz argumento de que tal crecimiento solo beneficia a una minoría en perjuicio de las grandes mayorías. El propio Fernando Lugo sostuvo al respecto que “no es posible ni aceptable que un grupo pequeño, por más que sean inteligentes, trabajen más, inviertan más, sigan acumulando” (sic).

Si realmente el presidente Lugo quiere hacer algo por el país, debería realizar el esfuerzo de entender los fundamentos elementales de la economía y tratar de imitar, por ejemplo, a su pretendido amigo Lula en el Brasil, cuyo gran mérito –y la base de su éxito político– fue precisamente haber comprendido que el crecimiento económico puede no ser suficiente para solucionar por sí mismo los problemas sociales y aliviar estructuralmente la pobreza, pero sin crecimiento económico, sin generación previa de riqueza, esas soluciones son absolutamente imposibles.   

 

Por más declaraciones que formulen intentando una y otra vez rebatirla, hay una clarísima correlación entre crecimiento económico y pobreza: a mayor crecimiento, menos pobreza, y viceversa. Esa correlación se da en todas partes. El ejemplo reciente más categórico es nada menos que el de ¡la China comunista!, tal vez la experiencia más exitosa de la historia en términos de combate a la pobreza, donde más de 300 millones de personas dejaron de ser pobres en tan solo una generación gracias a sus altas tasas de crecimiento económico sostenido durante algunas décadas.   

 

El Paraguay no es la excepción, y eso es fácilmente demostrable con los datos disponibles. Cuando la economía se estancó desde la década del ochenta y luego entró en recesión desde finales de la década del noventa, la pobreza creció en consecuencia y pasó del 32,1% de la población en 1997 al pico de 46,4% en 2002.   

 

Pero de la mano del gran impulso privado del sector agropecuario, que pudo capitalizar la coyuntura internacional de crisis de alimentos gracias a sus inversiones en tecnología que le aseguraron altos rendimientos y excelente calidad, la economía retomó su ciclo de crecimiento en 2003 y los índices de pobreza bajaron de inmediato.   

 

La pobreza fue declinando del 46,4% de la población en 2002 al 35,1% en 2009, y ello pese a la breve interrupción del auge ese último año a causa de la crisis financiera global. Todavía no hay datos de 2010, pero no cabe la más mínima duda de que los índices de pobreza cayeron mucho más el año pasado debido al 14,5% de crecimiento, casi con seguridad a niveles sin precedentes en la historia reciente.   

 

La razón es sencilla: el alto crecimiento económico produce la generación de más riqueza, que a su vez implica más inversiones, más empleo, más crédito, más movimiento comercial, más ingresos para la gente, lo cual se manifiesta notoriamente en los niveles de consumo y ahorro.   

 

Todos los indicadores del Paraguay dan cuenta de ese fenómeno en 2010. Por ejemplo, las importaciones crecieron 45% en relación con 2009, con lo que totalizaron 9.399,8 millones de dólares contra los 6.496,9 millones del año precedente. Eso significa que en 2010 los paraguayos gastaron 3.000 millones de dólares más que el año anterior en bienes importados. Difícilmente una “pequeña minoría” pueda ser la beneficiada por esa expansión, como afirma el presidente Lugo. Por lo menos, estos datos le desmienten.   

 

Si se disgrega, ello queda todavía más en evidencia, ya que 2.534,6 millones de dólares se gastaron en “bienes intermedios”, por ejemplo electrodomésticos, y 3.075 millones en bienes de consumo. El aumento en ambas categorías (27% y 32,7%, respectivamente) es consecuencia directa del crecimiento económico. Es importante destacar que el resto, un total de 3.790,2 millones de dólares, corresponde a importación de bienes de capital (para generar más trabajo), lo que indica que la economía está sana y está incorporando maquinaria y tecnología, para crear más empleo y apuntalar la productividad de los próximos años.   

 

En 2010 se importaron alrededor de 70.000 vehículos, de los cuales cerca de 47.000 son de segunda mano, la mayoría de los cuales con certeza está en poder de personas que antes no tenían medios propios de locomoción. El crecimiento del parque automotor alcanzó el ritmo frenético que se puede corroborar en horarios pico por las principales rutas, calles y avenidas de los pueblos y ciudades de nuestro país, ni qué decir de la capital.

 

Las empresas ensambladoras de motos, por ejemplo, vendieron hasta el 2010 alrededor de 800.000 máquinas, las que en su mayoría fueron a parar en manos de las clases populares, como se percibe hasta en las invasiones de tierras, en las que participan personas que no conforman precisamente el “grupo pequeño” mencionado por Lugo. Asimismo, en el país existe casi igual cantidad de teléfonos celulares que número de habitantes.   

 

No solo crece el consumo, sino también el ahorro, como lo muestran las auspiciosas cifras del sistema financiero. En 2010 se registraron en bancos y financieras alrededor de 1.100.000  cuentas, con un aumento del 25% en casi dos años. En el sector cooperativo existen más de 800.000 ahorristas, una cantidad igualmente en aumento. En relación con los depósitos, las captaciones del año pasado crecieron de unos G. 29,6 billones de guaraníes en enero a 34 billones en diciembre.   

 

Pero todo lo anterior no implica que no haya en el país segmentos pobres y rezagados. Por eso el Paraguay necesita crecer durante un buen tiempo a niveles iguales o aún mayores que los actuales, como condición previa para combatir con éxito la pobreza. ¿De dónde saldrán de otro modo los recursos para la política social? Del aumento de la recaudación de impuestos. ¿De dónde saldrán los nuevos empleos sin los cuales es imposible mejorar el nivel de vida y –sobre todo– la autoestima de los paraguayos pobres? Solo de la inversión y el crecimiento. No existe una fórmula mágica que pueda reemplazarlos. De eso se dan cuenta –recién ahora– hasta en Cuba, donde la dictadura castrista desesperadamente está buscando mecanismos para involucrar a la población en un plan de generación privada de riqueza.   

 

En vez de mostrar su hilacha haciendo discursos populistas cargados de clichés agrediendo innecesariamente a las fuerzas productivas del país, si es que realmente quiere ayudar a los pobres, Lugo debería estar ocupándose con su gabinete precisamente de cómo hacer para que el Paraguay mantenga altas tasas de crecimiento y pueda, de esa forma, dar un verdadero salto al desarrollo, como lo han hecho los países asiáticos, o lo continúan intentando en nuestra región Chile, Brasil, Perú, Colombia.   

 

Es de esperar que el Gobierno de Lugo apueste fuerte en este año a favor de la producción, exhortando a todos sus funcionarios a sumarse con sensatez, eficiencia y entusiasmo a un esfuerzo conjunto para una victoria con todo el resto de la sociedad nacional, ricos y pobres, paraguayos y extranjeros, dejando de lado prejuicios e ideologías fracasadas y llenas de rencor.

 

BALANCES Y PERSPECTIVAS DE NUESTRA DEMOCRACIA

• Alberto Acosta Garbarino

Esta semana, en el Paraguay hemos celebrado un aniversario más del inicio del proceso democrático en nuestro país.

Siempre estas fechas son propicias para hacer un alto en el camino y por un lado mirar para atrás y hacer un balance, y por otro lado, mirar hacia adelante e intentar hacer una proyección de las perspectivas futuras.

Antes de comenzar el análisis, me parece oportuno recordar algunas frases de un amigo del Paraguay, el filósofo colombiano Bernardo Toro, que dice: "Existe democracia cuando los ciudadanos libremente pueden definir el orden que les pemita vivir con dignidad"; "la libertad solo es posible dentro del orden", y "el único orden que permite vivir con dignidad, es el orden democrático".

En el caso del Paraguay, el orden democrático que nos dimos libremente, está plasmado en nuestra Constitución de 1992.

 

Esta Constitución fue profundamente analizada por muchos e importantes juristas, pero personalmente me fue muy ilustrativo el estudio realizado por el doctor Daniel Mendonça.

 

El doctor Mendonça utilizó una metáfora muy interesante, asimilando a la Constitución a una "máquina de gobernar".

 

La Constitución, al igual que una máquina, es un sistema donde entran demandas y reclamos (in-put) y salen decisiones y resoluciones (out-put).

 

La conclusión del estudio de Mendonça es que nuestra "máquina" está sobrecalentada por excesos de demandas, tiene una dificultosa gobernabilidad y consecuentemente sus resultados son muy pobres.

 

Es que es difícil la gobernabilidad cuando nuestros presidentes son elegidos por mayoría simple y no por la mitad más uno, como exige el sistema de segunda vuelta o balotaje.

 

Se tiene baja legitimidad de origen al ser elegidos como Wasmosy con el 39% de los votos, como Duarte Frutos con el 37% y como Lugo con el 41%.

 

Es también difícil la gobernabilidad cuando gran parte del poder fue transferido al Congreso y es "casi imposible" que un presidente pueda tener mayoría parlamentaria, utilizando el sistema D'Hondt para la elección de los congresistas en partidos políticos muy divididos.

 

Es muy difícil la gobernabilidad cuando los verdaderos líderes de los partidos políticos, si desean postularse para presidente no pueden candidatarse al Congreso. Laino, Caballero Vargas, Argaña, Oviedo o Fadul, por citar algunos, se postularon como presidentes, perdieron las elecciones y se quedaron "sin nada" y sin poder ejercer su liderazgo desde el Congreso.

 

Podría seguir citando muchas deficiencias de nuestro actual diseño constitucional o de "nuestra máquina de gobernar", pero por razones de espacio, el balance se restringe a los temas mencionados.

 

Mirando el futuro, nuestra Constitución tiene que ser ampliamente modificada, si queremos "darnos un orden democrático, con libertades y que propicie una vida digna para todos los ciudadanos".

 

No es cuestión de hombres. Todos los gobernantes que quisieron dirigir esta "máquina" fueron destruidos, basta hacer un repaso de los presidentes de la democracia: Wasmosy, Cubas Grau, González Macchi, Duarte Frutos, y... Lugo va por el mismo camino.

 

Todos han sido destruidos no solo por sus enormes errores personales, sino también por un diseño constitucional que imposibilita la gobernabilidad.

 

Muchos amigos me dicen que la Constitución tiene problemas, pero si intentamos cambiarla en medio de este clima político de crispación y de mezquinos intereses, vamos a tener una "máquina" todavía más difícil de gobernar.

 

Creo que tienen razón, pero no puedo resignarme a que los paraguayos no tengamos la capacidad y la grandeza suficiente para construir un sistema democrático que nos permita mantener nuestras libertades, con desarrollo y con una vida digna para todos.

 

No puedo resignarme.

 

NUEVOS PARTIDOS, NUEVOS DESAFIOS

 

• Benjamín Fernández Bogado

Muchos de los liderazgos populistas surgidos en los últimos años en América Latina reflejan más la decadencia y el agotamiento de los partidos que la irrupción de algo innovador y distinto a lo que se tenía. Y hoy muchos comienzan a ser críticos con los caudillos que habiendo castigado a los partidos son víctimas de lo que el pueblo había aborrecido. Corrupción, nepotismo, ineficacia, intolerancia, soberbia y agresividad son características que se repiten en varios países donde el clamor popular pidió el fin de lo que algunos llamaron: la partidocracia. A partir de este agotamiento se buscaron medidas sustitutivas a esa forma de representación popular surgiendo “nuevas democracias” que en su incapacidad de sustantivizarse pasaron a hacer suyo el adjetivo de “participativas” con lo que se intentaron hundir en el descrédito a las criticadas “representativas”. Lo cierto es que si no cambiamos la argamasa con la que se construye el poder, las cosas seguirán iguales independientemente del adjetivo que se use.

 

La crisis de muchas de nuestras democracias desbordadas por reclamos populares es la actitud refractaria que han tenido los partidos políticos a la inteligencia. Esa que puesta al servicio de la política resulta innovadora, crítica, planificadora y por sobre todo lúcida para poner en tela de juicio de manera permanente el ejercicio del poder sin que ello resulte en la calificación de “traidor” o “vende patrias”. La autonomía e independencia de los intelectuales ,tan necesarios en tiempos de cambios, han sido arrinconadas por el grito de las turbas que hoy pueden ensalzar al líder de ocasión como mañana pedir su expulsión o su muerte. ¿Acaso no es el mismo pueblo que vitoreó a Mubarak por tanto tiempo en Egipto el que ahora pide que se vaya antes de que lo corran? Las antenas de los partidos políticos deben escuchar a quienes tengan visiones divergentes a las dirigencias de ocasión. Deben admitir la crítica y no refugiarse en un dogmatismo vacuo que solo consigue aislarlos de los verdaderos intereses de la gente poniendo en riesgo los procesos políticos pero por sobre todo: dilatando la solución.

 

Hoy la gente sabe más lo que le duele y donde le duele pero muchos de los desafíos son sepultados por partidos recién fundados en una catarata de agravios y búsquedas afiebradas de encontrar el chivo expiatorio de ocasión, cuando en realidad si tuvieran capacidad de convocar a los que piensa distintos tendrían la popularidad de Lula en Brasil quien no titubeó en convocar a su crítico Mangabeira Unger para hacerlo ministro de planificación. Otro en su lugar hubiera colocado al último orejón del tarro para reírse cínicamente de la inteligencia. A aquel le fue tan bien que lo invitaron a sambar en el carnaval, a los otros solo les quedó huir, exiliarse y en el mejor de los casos evitar salir a las calles y levantar la altura de sus muros.

Publicado en el diario “El Comercio” de Quito el miercoles 9 de febrero de 2011