El concepto de complejo del colonizado, fácilmente verificable en la dependencia cultural, política y económica que, desde hace cinco décadas trasluce Frantz Fanon, prosigue su aplicación desde Paraguay hasta Estados Unidos, Francia, México y otros países, injusticias sociales y cepas de gripe porcina de por medio.
El aparentar una cosa para servir a su contrario, como infiere el título de uno de los más conocidos libros del célebre siquiatra martiniqués anticolonialista, autor del más conocido Los Condenados de la Tierra, es un viejo oficio humano que sigue muy activo y que involucra a venerables instituciones.
En medio del temor generalizado por la aparición de la gripe porcina, llamada ahora H1N1 por la OMS, con inocultable interés de salvaguardar a la poderosa industria de la carne de cerdo, el poder del colonizador se manifiesta esta vez en la marginación de Francia, uno de los centros mundiales de producción de vacuna, en la entrega de cepas para investigación. Atlanta, en EE.UU., ha sido priorizada.
La contradicción entre la apariencia y la realidad, en el plano global Obama podría plasmarlo, tiene también vasto campo de acción en Paraguay, como es fácil de demostrar con muchos ejemplos y uno reciente, producido por el retorno al país de uno de los principales cabecillas de la represión y crímenes estronistas.
Augusto Montanaro, temible último Ministro del Interior de la tiranía del General Alfredo Strossner, 1954/89, refugiado en Honduras, retornó a Paraguay en el alba del primero de mayo, en una silla de ruedas, con intención de pasar desapercibido. Fue detenido en el control sanitario que se realiza en el aeropuerto para evitar el ingreso de personas con signos de gripe porcina.
Ironía del destino, se le conoce por “chanchito”. Tocayo y admirador de Pinochet, es deber de personas bien intencionadas, esperar que quienes le pusieron a ambos el nombre de Augusto, esperaban otra cosa de ellos.
Requerido desde hace 20 años y no repatriado por la corrupción imperante en el Poder Judicial paraguayo, Montanaro ejerció durante ese tiempo, de pastor evangélico en ese país centroamericano. Confiemos que en sus oraciones a los feligreses haya utilizado métodos distintos a los empleados en la tortura en su país.
Ese asilo pleno de religiosidad, fue concedido por sus correligionarios hondureños que servían en la doctrina de la Seguridad Nacional, matrona del Plan Cóndor que Estados Unidos impuso en los decenios 70 y 80 en Sudamérica, de la mano de los gobiernos cipayos.
Integrante del “cuatrinomio de oro”, con otros tres genocidas como él, Montanaro está acusado de cometer numerosos actos de apremios físico-sicológicos, con violaciones y torturas, secuestros, desapariciones y asesinato de paraguayos y extranjeros opositores, y de infinidad de saqueos de empresas y robos domiciliarios de las víctimas, durante 35 años de terror de Estado.
Conocida su detención, cientos de personas se lanzaron de inmediato a las calles de Asunción, reclamando su encarcelamiento, al grito de justicia y cárcel para los asesinos. Todo indica que el Juez de la causa decretará prisión domiciliaria en virtud de los 84 años del delincuente. La Constitución estipula 75 años de edad como máximo. Hubo represión policial y algunos heridos. La máscara es usual.
El hecho ha servido, a su vez, para sacar a luz varios temas que la población acumuló en su memoria y que, de a poco, a medida que toma conciencia de sus derechos ciudadanos escamoteados, le interesa denunciar, entre los cuales tiene mucha significación el papel de delator que cumplió, en esos años de terror, más de un personaje que ahora figura entre los paladines de los derechos humanos.
Algunas máscaras comienzan a caer. El pueblo despierta, ya no es el mismo que cree conocer la mayor parte de la dirigencia política, ignorando el proceso de transformación cultural y sociológica que se produce en el seno de la población. Personas de los sectores más humildes, siempre calladas, en particular mujeres, desdentadas, con rostros de miseria, se atreven ahora a reclamar, a exigir justicia.
Ese es un cambio muy significativo, sin dudas. Los Juzgados desbordan de denuncias, por diversos motivos, que van desde los atropellos y otros delitos policiales, hasta reclamos por la violación de leyes laborales, y abusos de poder.
Impensable hace un par de años. Sólo en estos cuatro meses, 644 juicios se han iniciado por demanda de asistencia alimentaria y filiación y, a causa del drama nacional de la paternidad irresponsable, la lista por faltar al sostén económico trepó a dos mil 500 en la mitad final del año pasado. Los reclamos por reconocimiento de hijos, llegaron a 500. Las madres solteras suman miles.
El Jefe de Estado, el ex Obispo Fernando Lugo, es el caso más trascendente, cuyo hijo, que recién reconoció, forzado por la denuncia de la madre y la presión social, cumplirá dos años este lunes 4 de mayo.
El asunto adquirió tinte político, con una campaña muy agresiva de la prensa comercial enemiga y la intervención de la oposición, que pretendió utilizar a otras tres o cuatro mujeres como madres, aparentemente falsas.
Una de ellas, que se presentó en rueda de prensa como activista social, es acusada por un colectivo de “sin techos”, de haberse apropiado de fondos que habían reunido entre todos para levantar un grupo de modestas viviendas.
Cuando más arreciaba la campaña contra Lugo, la joven convocó a la prensa y anunció que ella también tenía una hija con él, y que habría una media docena de hijos del mandatario. Dijo que su relación fue por amor y que nada reclamaría, pero a la semana se arrepintió y envió abogados a pedir dinero.
Blas Llano, una de las cabezas del cogobernante Partido Liberal, Ministro de Justicia y Trabajo hasta hace una semana, y actual Senador de la República, es otro que se negó a reconocer como hijo a un niño que ahora tiene 12 años. Un Juez lo condenó a pagar una indemnización y a garantizar su sostén económico futuro.
El país se desenmascara de a poco, producto de la necesidad de cambios que siente el grueso de sus seis millones de habitantes, más de la mitad en la pobreza y un cuarto en la miseria. También influyen, sin dudas, las conquistas electorales que registran varios pueblos de la región, decididos a redireccionar sus vidas.
Actos de vandalismo institucional, abusos de poder de toda calaña, malversaciones, sobre y subfacturaciones, dependiendo de la ocasión, están sacando a luz cada semana algunos de los jóvenes y honestos fiscales que tiene el país, comprometiendo a personajes que ocupan la conducción de Paraguay desde hace más de medio siglo. También destacan magnates extranjeros.
Ex mandatarios, Ministros o Directores, Gerentes, Administradores de organismos del Estado, abogados, escribanos, militares y policías, algunos amparados en la inmunidad parlamentaria, aparecen entre los principales violadores de las leyes, en actos que los presentan convencidos de que eran propietarios de la nación.
La tierra fértil, casi la totalidad del territorio, está acaparada en su 90 por ciento por un décimo de la población, frente a 200 mil familias de campesinos hambrientos, que reclaman desde hace años un palmo para alimentar a sus hijos y una reforma agraria integral, que incluya servicios sociales elementales, como la educación y salud, transporte, carreteras, agua potable y electricidad.
El grueso de los dirigentes políticos paraguayos, mayoría de origen humilde, ha amasado una inmensa fortuna en pocos años. Son propietarios ilegítimos de grandes extensiones de tierra, compradas en una forma de legalidad inventada por el gobernador Partido Colorado, en connivencia con el Partido Liberal, la élite de los medios de prensa y otros fuertes empresarios privados.
Uno de los muchos ejemplos de la desvergüenza, pero sólo del tiempo reciente, pues hay decenios atrás, es José Emilio Argaña, Presidente del Banco Nacional de Fomento hasta el año pasado, hijo de Luis María Argaña, uno de los últimos caudillos colorados y Vicepresidente de la República cuando fue asesinado en 1999.
Ese hijo, parte de una larga prole, toda en altos puestos del Estado después del crimen, compró en el 2006 cinco mil hectáreas a 10 dólares la unidad, donde se cotizaban a 500, respaldado con la firma de todos los miembros de su directorio. A “pagar” en cuotas, por lo demás.
El ex ministro de Defensa Roberto González y los diputados Magdalena Silva y José Chamorro, colorados, están imputados por falsificar, durante años, guías de traslado de animales y maderas. También por conseguir millonarios préstamos del Estado con trampas e irregularidades y complicidades de todo calibre.
Entre la multitud de maniobras fraudulentas, se conocen algunas del Fondo Ganadero, que recuperaba propiedades de campesinos que no podían pagar sus créditos, y las vendía subevaluadas entre las familias del círculo áulico. Expertos calculan en siete millones las hectáreas fiscales entregadas con esos métodos.
Lugo anunció, en medio de la manifestación contra Montanaro, que estudia crear una comisión especial para investigar las grandes fortunas malhabidas, “porque hay muchos ricos que no pueden justificar su capital”.
Los abusos de poder, al menos en los últimos 130 años, se han ejercido en Paraguay en la represión de los luchadores sociales y el hambreamiento y atraso cultural del pueblo. Escasos períodos son la excepción.
En las represas Itaipú, binacional con Brasil, y la Yacyretá, con Argentina, los grupos que las han dirigido desde hace un cuarto de siglo, se han comportado como monarcas, que las convirtieron en fuentes de enriquecimiento personal y de endeudamiento del país, por varios miles de millones de dólares.
La caja chica, para gastos reservados, ha sido la máscara utilizada durante los últimos sesenta años por los altos jerarcas de esas instituciones y de todos los estamentos del Estado, para malversar fondos por cantidades inimaginables.
Esos hábitos, producto de una abyecta estructura de poder político y económico, explica el inmenso poder financiero de una pequeña élite frente a la gigantesca miseria de uno cada dos paraguayos. Sólo el 10 por ciento de los pocos trabajadores tiene seguridad social y apenas el cuarto de los asalariados recibe el mínimo. El grueso de los sueldos mensuales oscila entre 40 y 100 dólares.
El empresariado, en quejumbrosa reacción, accedió a pagar, en principio sólo por este trimestre, un plus de cinco por ciento mensual, propuesto por las centrales sindicales, como fórmula de recuperación del 25 por ciento del salario mínimo escamoteado por la inflación. Esos 12 dólares que representa el reajuste, arrancó lágrimas patronales y una indecente campaña contra el gobierno y los sindicatos.
(especial para ARGENPRESS.info)
